Tegucigalpa.- Despachos internacionales de prensa destacaron el pasado 15 de octubre, que la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, eligió a Honduras como uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Honduras fue elegida para cumplir un término de tres años a partir de enero del 2022, junto con Argentina y Paraguay, como miembro de la región de América Latina y el Caribe que tiene derecho a 8 puestos en el Consejo.
Esta elección otorga por primera vez un asiento a Honduras desde que el Consejo fue establecido en el 2006.
«Es un reconocimiento a la labor y logros que hemos cosechado como país en esa materia» dijo Juan Orlando Hernández, que ostenta el poder de la nación ilegalmente.
Para presentarse como candidato a esta posición Honduras suscribió varios compromisos, entre ellos redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras y contribuir desde su membresía dentro del órgano de las Naciones Unidas a promover la protección de los derechos humanos alrededor del mundo.
En su carácter de nuevo miembro del Consejo de los Derechos Humanos, Honduras tendrá que adoptar un rol más activo y pronunciarse sobre las situaciones de derechos humanos en el mundo y en las que el Consejo deberá tomar acción, como el respeto de los derechos humanos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, de las personas LGTBQ, minorías, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Esta designación que ocurre en un país como el de Honduras, donde en el pasado cercano, específicamente con el golpe de estado de 2009, que depuso al presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, se han cometido graves violaciones de derechos humanos, como asesinatos, atentados, criminalización de la protesta social, encarcelamiento de ambientalistas y la salida al exilio de dirigentes del movimiento social, no cabe duda que la noticia se sitúa en un aspecto contradictorio.
Para analizar este tema, compareció ante el programa “Voces contra el Olvido”, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Doctor y Maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y representante a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, Joaquín Mejía.
Consultado acerca de que el estado de Honduras integrará a partir de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la (ONU), que está compuesto por 47 países, Joaquín Mejía señaló que esta noticia no hay que verla con sorpresa.
“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un órgano político y por tanto la elección de los estados para formar parte de este consejo, responde a diplomacia, a negociaciones políticas, a lobys y responde a intereses en el contexto de las relaciones internacionales”, acotó.
Mejía advirtió que con esta noticia, el régimen de Juan Orlando Hernández aprovechará esta coyuntura para decir que ésta elección es un reconocimiento a las “cosas buenas” que ha hecho el estado de Honduras en materia de derechos humanos, aunque realmente no ha sido así.
Al ser una elección entre estados, añadió, no debemos extrañarnos que en el marco de las negociaciones políticas, se integren algunos estados, que incluso son estados con terribles historiales en materia de derechos humanos. No sólo en el caso de Honduras, por ejemplo en este momento el Consejo de Derechos Humanos está integrado por China, por Arabia Saudita, por Venezuela; que de acuerdo con evaluaciones son países autoritarios, violadores y represivos de los derechos humanos.
“En mi opinión, esto debemos verlo en términos estratégicos. En el sentido que, ahora Honduras en el Consejo de Derechos Humanos adquiere una acción reforzada de respetar y proteger los derechos humanos, porque al ser parte de los 47 miembros del Consejo, tiene que dar ejemplo. Y en ese sentido, creo yo, que los actores nacionales e internacionales debemos avanzar en fortalecer nuestras exigencias para que el estado de Honduras, sea coherente con la membresía que ahora tiene en el marco del Consejo”, señaló Joaquín Mejía.
Ahora bien, dijo, Honduras actualmente representa lo opuesto a su nuevo nombramiento en la ONU, puesto que se ha negado a cumplir disposiciones que derivan del Consejo de Derechos Humanos, así que ahora Honduras tiene una obligación jurídica y moral reforzada de proteger los derechos humanos como miembro del Consejo y por eso, creo yo, que los actores nacionales e internacionales debemos de poner y evidenciar sobre la mesa, la incoherencia que un estado de Honduras forme parte del Consejo, si sigue negándose a varias cosas, expresó.
“En primer lugar, sigue negándose a cumplir con la Resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, en el caso Guapinol, en el sentido de liberar inmediatamente a los 8 defensores de los ríos San Pedro y Guapinol, y de investigar a quienes son responsables de su detención arbitraria”, explicó el experto.
Añadió que este es un momento oportuno para que Honduras como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “deje de hacer caso omiso a las recomendaciones del Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en donde tiene que reformar la normativa sobre el aborto con miras a determinar las circunstancias en que éste se puede practicar, como en el caso de las 3 causales”.
Mejía señaló que como miembro del Consejo, Honduras ya no puede continuar negándose a las Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que se practique una Consulta libre, previa e informada y de buena fe, así como se modifiquen las normas penales que como bien sabemos, atentan contra los derechos humanos, la tierra y el territorio.
“Honduras no puede continuar sin dar respuesta respecto a la desaparición de cuatro miembros de la comunidad garífuna, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y no puede continuar despreciando las diversas recomendaciones con el fin de acabar con los altos niveles de impunidad, por las violaciones a los derechos humanos del pasado, es decir los años 80´s, del golpe de Estado y de la crisis post electoral, y del presente, lo que estamos viviendo en el presente”, recalcó.
Mejía indicó que como lo expresa la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el país sigue siendo un desafío serio, entre otras cosas, por el tráfico de influencias y por la falta de independencia judicial.
El estado de Honduras, está gobernado actualmente por una dictadura, por lo que implementar este de tipo de recomendaciones, implican obviamente cambios en la política que se esté implementando.
Sin embargo, insisto, que debemos ser estratégicos y estratégicas porque este es un nuevo panorama, adelantó el experto en derechos humanos hondureño.
Hay al menos unas 14 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra el estado de Honduras.
Al respecto, Mejía dijo que “hay coyunturas que debemos aprovecharlas para incidir y lograr que el estado cumpla con sus obligaciones, y yo creo que una de las cuestiones fundamentales, y eso hay que reconocerlo a varias organizaciones como COFADEH, que es quien ha liderado y de hecho gracias a Bertha Oliva, se creó la Mesa de Seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte-IDH”.
“Gracias a esta idea que planteó Bertha Oliva, estamos articuladas varias organizaciones en la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Corte-IDH, que hemos logrado sentencias contra el estado de Honduras, porque sólo de manera articulada es que podemos obtener resultados y debemos seguir empujando porque al final, con las sentencias no se cambia la realidad de un país o de las cosas, las sentencias son una herramienta más; para poder exigir al estado de Honduras que cumpla con sus obligaciones constitucionales”, comentó el experto.
El papel que nos toca como organizaciones defensoras de derechos humanos es develar esa mentira de que en Honduras se respetan los derechos humanos, develar esas contradicciones que existen entre el discurso de la dictadura y la práctica, recomendó.
El Doctor y Maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos calificó la designación de Honduras ante el Consejo, como una pena, “porque el Consejo de Derechos Humanos es un órgano importante y uno de los fines de este Consejo es precisamente procurar la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo y para ello tiene una serie de mecanismos Independientes”.
Dentro de esos mecanismos está el Exámen Periódico Universal (EPU), en el cual todos los estados del mundo acuden ante el Consejo a rendir informes de cómo han respetado o no, los derechos humanos en sus territorios. Este es un mecanismo político, sostuvo.
Y añadió que hay otros mecanismos que no son políticos, sino técnicos, y el Consejo lo que hace es elegir a personas expertas para que sean Relatoras Especiales, por ejemplo, Honduras ha recibido la visita de muchas Relatorías.
Hay Relatorías Especiales sobre Independencia judicial, Sobre Pueblos Indígenas, sobre los Derechos de las Mujeres, hay Grupos de Trabajo sobre Desaparición Forzada y Grupos de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, es decir, esos órganos que son elegidos y que están compuestos por personas expertas e independientes, son las que realmente hacen un trabajo técnico muy importante, detalló.
“Y por eso insisto, si el Consejo de Derechos Humanos juega un papel fundamental en la protección de derechos humanos en el mundo, siendo un órgano político, en cambio, órganos que derivan del Consejo, como las Relatorías y Grupos de Trabajo, son las que hacen una labor fundamental y de mucha cercanía en materia de derechos humanos en los países”, explicó Mejía.
Finalmente el Doctor Mejía se refirió al próximo proceso electoral previsto para el 30 de noviembre, que puede producir grandes cambios para la nación.
“Recordemos que estas elecciones son muy importantes y creo yo, que son una de las más importantes en la historia del país, particularmente porque éstas elecciones van a definir quién va a tener mayoría en el Congreso Nacional”, sostuvo.
Mejía dijo que la definición de una mayoría de oposición en el Poder Legislativo, reviste gran valor considerando que en 2022 se va a elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al Fiscal General del Estado, que durarán en sus cargos durante 7 años.
“Esto implica que si se mantiene el control del gobierno por parte de la dictadura (de Juan Orlando Hernández) y sus afines en esos partidos de maletín y parte del partido Liberal, que han estado haciendo exactamente lo que ha querido la dictadura, eso significa que van a tener el control de dos instituciones”.
El experto en derechos humanos apuntó que, si la oposición política logra una mayoría en el Congreso Nacional, eso implicaría entonces un cambio de rumbo para el país, unos primeros pasos hacia la recuperación del país y particularmente de la democratización de al nación, y eso responderá a que cuente con poderes independientes y por tener personas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Ministerio Público (MP) y otras instituciones, que respondan a los intereses que están contenidos en la Constitución de la República, y no los intereses particulares de ese sector que en este momento tiene secuestrado al estado.
Respecto a las pretensiones del actual régimen de vender el país a pedazos, a través de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDES), Joaquín Mejía llamó al electorado a ejercer el voto en forma masiva el próximo 30 de noviembre, para asegurar que la oposición logre revertir lo que llamó como “cosa juzgada” de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en forma ilegal e inconstitucional, aprobó la venta del territorio hondureño a través de las ZEDES.
