París.
La Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH rechaza el indulto otorgado a Alberto Fujimori e insta a las autoridades peruanas a respetar el derecho a la protesta pacífica.
En la noche del 24 de diciembre, el Presidente de Perú Pedro Pablo Kuckzynski anunció que indultaba por razones humanitarias al ex Presidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, por su responsabilidad en las masacres de La Universidad La Cantuta y Barrios Altos, dos secuestros y varios delitos de corrupción, reconocidos por el mismo. El gobierno de Kuckzynski otorgó también a Fujimori un derecho de gracia que lo excluye de otros procesos criminales que encaraba actualmente.
“Rechazamos la decisión de indultar a un ex mandatario que ha sido juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, delitos que según los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, no pueden ser objeto de amnistía o indulto”, afirmó Juan Francisco Soto, Vice-Presidente de la FIDH.
Esta liberación sería el resultado un acuerdo político entre el Presidente y el hijo del condenado. El indulto y derecho de gracia ocurrió pocos días después de que el congresista del partido de oposición Fuerza Popular e hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, al igual que nueve congresistas de ese mismo partido, se abstuvieran de apoyar en el Congreso la destitución de Pedro Pablo Kuckzynski, permitiendo así su permanencia en la Presidencia de la República.
Oficialmente, la liberación de Alberto Fujimori se produjo en razón de su alegado mal estado de salud, dos semanas después de que introdujera una solicitud de indulto por razones humanitarias. La FIDH recuerda que en el año 2013, los familiares de Alberto Fujimori ya habían solicitado un indulto humanitario, que fue rechazado de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que estimó en ese entonces que Alberto Fujimori no sufría de una “enfermedad terminal, o grave, incurable y degenerativa, ni de trastornos mentales graves”. En estas circunstancias, es de temer que la razón real de la liberación de Alberto Fujimori no sea tanto el estado de salud del ex Presidente, sino la permanencia en el poder del Presidente actual Pedro Pablo Kuckzynski indagado en el Congreso y el Ministerio Público por graves actos de corrupción. La FIDH condena este canje de mutuas impunidades.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 29 de noviembre de 2006, en la que la Corte condenó a Perú, establece que “los hechos de La Cantuta, cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente, constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía”.
La condena a Alberto Fujimori fue un hito histórico en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves en toda la región. “La FIDH rechaza firmemente esta decisión de indulto y gracia presidencial, pues representa un grave retroceso en materia del derecho de las víctimas a la justicia y garantiza la impunidad de un alto responsable de crímenes de lesa humanidad”, afirmó Jomary Ortegón, Representante de la FIDH ante la Organización de los Estados Americanos.
En el contexto de las manifestaciones que se realicen en respuesta al anuncio de esta decisión, la FIDH insta a las autoridades peruanas a respetar el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la integridad personal de los manifestantes.
