Valle, Honduras. – Defender los bienes comunes de la naturaleza es una amenaza para los y las defensoras de derechos humanos, en el país más peligroso del planeta para defender el ambiente. Es una situación de incertidumbre y temor porque no se sabe de dónde puede llegar el ataque.
Más de 150 personas han sido asesinadas en la última década por defender la tierra y el ambiente y al menos ocho defensores del agua y la vida son presos políticos y otro tanto están amenazados con procesos judiciales. La mayoría de casos se han dado en la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, pero la zona Sur vive en constante alerta.
Con la “Ruta del Sol” proyecto turístico anunciado por el ilegal presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el 24 de marzo de 2014, en Coyolito, Amapala, departamento de Valle, como parte del programa presidencial “Llegó la Hora del Sur”, lo que se anunciaba era el despojo de las comunidades que desde hace dos siglos habitan en la Península de Zacate Grande.
Pedro Canales Torres, defensor de derechos humanos de la Zacate Grande y miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), asegura que esta “hora del sur” es para beneficio de los más ricos quienes poco a poco instalan una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La defensa de la tierra y el territorio es una situación que mantiene en permanente persecución a los defensores y defensoras en los departamentos de Choluteca y Valle, desde el momento que inventaron ese proyecto denominado ZEDE o “ciudades modelo” se están violentando nuestros derechos, afirmó Canales.
Entre los ataques a defensores, mencionó el crimen contra la compañera campesina Iris Argentina Álvarez, el 2 de abril de 2020, asesinada en el municipio de Marcovia, Choluteca, durante un desalojo violento que involucra a las fuerzas represoras, porque cuando actúa el ejército y la policía en cualquier ataque, es el mismo Estado que incumple las leyes, cuando se le quita la vida a un luchador o una luchadora es una forma de advertirle al pueblo que quien manda son ellos.
El defensor, quien es víctima de un proceso judicial desde hace 10 años por defender el territorio donde está la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, considera que las acciones intimidatorias de parte de los que tienen poder, son advertencias de que les espera la cárcel, tomando en cuenta que existen procesos judiciales también contra defensores de Namasigüe, El Tránsito y Zacate Grande, ya que para los persecutores no existen los derechos humanos, para ellos vale más la extracción, la instalación de empresas de energía fotovoltaica, todo lo que genera dinero para los ricos se antepone a la vida humana.
Me refiero a los procesos legales y judiciales contra luchadores por la tierra, solo en Zacate Grandes más de 64 personas hemos sido procesadas y algunos tenemos vigente el proceso por la lucha del territorio donde está la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Es un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos en la Península, esa es la llegada de “la hora del sur”, explicó Canales.
En cuanto a la ZEDE, declaró que en este momento están viviendo la misma realidad que los compañeros en Roatán, y que este proyecto gubernamental ya está en los cuatro puntos que mencionaba el Decreto Legislativo 120-2013 ubicadas ya en Roatán (Islas de la Bahía), Choloma (Cortés), Valle de Quimistán (Santa Bárbara) y el sur que representa a los departamentos de Valle y Choluteca.
Desde el análisis de Canales, todo lo que está pasando es fácil de entender. El régimen está generando riqueza para los más ricos, porque donde están las cuatro instalaciones de energía fotovoltaica más grandes de Centroamérica (Agua Fría, Nacaome), vive la población que paga el costo más alto de energía eléctrica.
Es decir, en Isla Exposición eliminaron la concesión que había a favor de la familia Suazo Tomé y la pusieron a la disposición de los inversionistas, y digo esto también que en el caso de la venta de la Isla tienen mucho que ver los diputados Alfredo Saavedra, Antonio Zambrano, Marcos Velásquez y los alcaldes municipales de Nacaome, Alianza y Amapala.
Todo parte de la voluntad política –añadió Canales- esta gente no piensa en los daños que le han hecho a la población del Sur, el daño que le hacen a cada una de las familias en la península de Zacate Grande, somos 5,500 habitantes en Amapala y cada uno expresa el lamento de lo que viene y prueba de eso es el proyecto turístico que impulsa Nasry “Tito” Asfura (alcalde del Distrito Central) generando una contaminación apenas a un kilómetro del muelle de Coyolito, y si hubiera algún beneficio para la comunidad aún no lo sabemos, porque no hay ni un solo trabajador de Zacate Grande, que diga que está ganando un sueldo y lleva alimento a su familia.
Al ver el panorama, nos indica que ya están produciendo dentro de las ZEDE, pero para hacerse más ricos, reiteró. Se favorece al poder criminal de este gobierno, el cual es un asesino. No le importa la vida del pueblo, lo que le importa es generar más riqueza porque no le ajusta lo que tiene ya ni con lo que han generado del narcotráfico, van arrasando con todo, es un activismo criminal que ha montado el sistema a través del neoliberalismo y el capitalismo que es lo que está plantado aquí en el sur y es lo que está en toda Honduras, denunció el defensor, que enfrenta una vez más amenazas a muerte.
El sistema es el responsable por su vida
Desde la persecución, vigilancia, judicialización, boicoteo a su vehículo, asesinato a sus mascotas hasta amenazas directas a muerte, es lo que enfrenta día a día el líder defensor de la tierra, territorio y playas en la costa sur de Honduras.
“Me siento preocupado y mi familia también por que los del grupo de Coyolito [grupo de poder político y económico] han puesto al pueblo de Zacate Grande en indefensión y división con las regalías y asistencialismo político, a tal grado que uno no sabe de dónde puede venir en cualquier momento una amenaza o daño físico contra mi persona”, expresó Pedro Canales a Defensores en Línea.
El líder de ADEPZA quisiera echarle la culpa de lo que le sucede a su misma gente “pero no, es por la situación que ellos [grupo de poder] se han dado cuenta que implantando este sistema maquiavélico pueden vencernos”.
“Yo mantengo la convicción de que no será así, aunque esté en peligro no importa, voy a seguir hasta el final en la lucha. Las estrategias ejecutadas por parte de guardias de seguridad privada como de asesinar animales y a veces hasta en mi presencia, no van hacer callar mi voz”, Pedro Canales Torres
Añadió que seguirá denunciando la injusticia y la misma inseguridad que le implanta el mismo Estado a través de la Fiscalía del Ministerio Público y del Juzgado en la zona Sur.
No existe interés por los ambientalistas
Honduras y El Salvador son los dos únicos países de América Latina y el Caribe que no firmaron hace unas semanas el Tratado regional de Escazú promovido por la CEPAL, en el seno de las Naciones Unidas, pese a los conflictos ambientales que presentan.
El tratado de Escazú fue acordado en 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, con el objetivo de prevenir conflictos ambientales, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza, en beneficio de las generaciones actuales y venideras, expresó Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas.
Honduras no lo firmó, según Pedro Canales, porque las medidas que toma el régimen están encaminadas al acaparamiento del territorio, es decir amenazando a los luchadores a través de las autoridades. Ellos creen que con eso van a lograr obtener todo el territorio.
La meta de los ricos es vender a los millonarios territorios libres de asentamientos humanos, sin aldeas, para que se puedan apropiar de los lugares hermosos que tenemos como la Bahía de Chismuyo, 17 islas de tierra dulce instaladas en la parte del Golfo de Fonseca que pertenece a Amapala y los bosques manglares, agregó Canales.
Lamentó que, todas esas riquezas que ellos poseen ancestralmente, los ricos empresarios y políticos las poseen en documentos, “nosotros tenemos la posesión y ellos tienen la parte jurídica en sus manos”, y es una situación contra la que luchan desde la década de 1980 cuando la terrateniente Carmen Malespín vendió a diferentes millonarios extranjeros y nacionales.
Entonces, para ejecutar el despojo, el gobierno ilegal de Hernández quiere a través de policía, militares y Juzgados, es sacar a los pobladores, sin importarles a donde nosotros vayamos a dar, denunció Canales.
La ley ZEDE refiere a instalarse en zonas inhabitadas y realizar una consulta previa, pero ninguna de las dos se ha aplicado “aquí primero existe la explotación, la exploración y luego generar dinero de lo que se saca, es decir a nadie le han consultado absolutamente nada para decir que la ZEDE se va instalar en Exposión, Corcuera, San Carlos o Isla el Tigre o Zacate Grande, están haciendo lo mismo que hicieron los ricos al llegar aquí, compran la tierra, la quitan y se apoderan de la playa.
La situación de los defensores ambientalistas no se puede ver por separado en cuanto a leyes y tratados, ya que el impacto es directo a la población, que además de toda la persecución enfrentan de manera personal la crisis sanitaria a causa del COVID-19 y la corrupción.
La naturaleza ante la pandemia
A su favor ha estado la naturaleza, Pedro Canales comentó que, el Coronavirus ha sido tratado de manera domiciliaria y con conocimientos familiares. El clima y el mar les han ayudado, además que se consideran una población fuerte con pulmones en buenas condiciones porque respiran menos aire contaminado. “Afortunadamente muchos nos hemos enfermado, pero no hemos tenido ningún caso mortal”.
Cabe señalar que la población se ha tratado por los síntomas, sin ningún acceso a algún tipo de atención médica o aplicación de pruebas para determinar si estuvieron contagiados por COVID-19, pese a que la dictadura ha percibido más de cien mil millones de lempiras desde febrero pasado, supuestamente para hacerle frente a la Pandemia y al Dengue.
Este pueblo está abandonado, no se ha visto la inversión del dinero para tratar el Coronavirus, respondió Canales ante la pregunta popular ¿Dónde está el dinero?
La gente hasta tiene miedo de asistir al hospital de San Lorenzo, por lo que los centros de salud están en peores condiciones. Las comunidades están por su cuenta comprando mascarillas, detergente y sanitizante para hacerle frente a la pandemia.
Concluyó que, en la actualidad los defensores del ambiente a nivel nacional se enfrentan a amenazas, cárcel y después la muerte que se origina en el poder opresor. Pero, los pueblos están de pie, no existe un tan solo un pueblo que no mantenga la esperanza y fe para seguir luchando.
