Por Julio Escoto
“Es obvio y visible: el Partido Nacional no está dispuesto a entregar el poder en 2018, sus actuales dueños van a jugarse las cartas en noviembre y de allí la urgencia, casi desesperación, de que sean aprobadas ciertas reformas al Código Penal, particularmente la figura jurídica del terrorista, nueva acá, y la inaudita, insólita pretensión, solo vista en países con corte tiránico y autoritario, de prejuzgar la intención de un policía, agente o soldado cuando dispara a alguien y lo mata. No basta la vergüenza de que a los comicios nacionales se les identifique en el exterior con el título en mofa de “elecciones estilo Honduras”, o que seamos la “república bananera” por antonomasia, sino que ahora vamos además a consagrar la “justicia estilo Honduras”, humillante baldón.
Es el cierre o amarre de la soga, pues hay un plan. Tras que el Presidente decidiera transgredir la Constitución de la República haciéndola interpretar por un órgano de Estado no consagrado para ello, más bien cometiendo delito, se puso el proyecto en marcha: la captura y dominio de todos los entes y órganos posibles de coerción y represión, desde la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas, pasando por el tribunal de elecciones, para luego perfeccionar el esquema: en caso de que el fraude previsto y estructurado sea excesivamente visible y desencadene reacciones de protesta y violencia tras los comicios de noviembre, para ello estarán encordados abundantes batallones de Policía Militar ––a la que para tal se quiso constitucionalizar–– y la figuración de nuevas sanciones y penas a las que, por apariencia, se las dirige contra la delincuencia común, pero que pueden ser también perfectamente aplicadas a la insubordinación política, un derecho que otorga al ciudadano la misma Constitución en el caso de sistemas despóticos o huidos de ley, como el presente.
Y no se alegue que el pataleo es legal pues para convertir a una manifestación pacífica en terrorista bastará mañana introducir entre sus filas a unos cuantos provocadores que apedreen vitrinas y quemen autos, con lo que toda oposición quedará no solo inhabilitada sino prisionera por lustros y por ende borrada de circulación.
Ningún otro país centroamericano exhibe una ley “antiterrorista” similar, ni la limitada Nicaragua donde las pandillas son combatidas con recursos educativos, no coercitivos. EUA jamás ha legislado que a un mitin callejero, ninguno, lo tipifiquen terrorista sino que diferencia quirúrgicamente entre delito común y delito político, evitando confundir ambos.
¿Los siguientes pasos para declararnos nación hitleriana serán amputación, destierro y pena capital, conforme la pauta cariísta de 1945?… Honduras va siendo deslizada hacia el Estado militarista y policiaco, donde el ciudadano será víctima inevitable de las instituciones que creó o está a punto de crear. Cierta élite viciada se hizo dueña del Estado y sus bienes y el resultado no puede ser sino excluyente para la sociedad.
Para los nacionalistas es vital, de sobrevivencia, retener el poder, no importan los costos humano y de sangre, ya que las tropelías administrativas, actos de corrupción y entreguismo patrimonial que han protagonizado los llevaría ipso facto, en un gobierno libre, a la cárcel. Y de allí que sigan su plan, el de resistir cualquier vía democrática que modifique su statu quo y que es consentido hipócritamente por gobiernos ajenos, organismos internacionales y la propia Maccih, aunque disimulen.
Si para calzarnos la bota encima es necesaria la dictadura, les va bien. Noviembre pinta, pues, lunas de sangre. Heil dem Führer!…”
