Siguatepeque, Honduras.- En los próximos días el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, determinará fecha y hora para juicio oral y público contra tres defensores de la tierra.
Esta mañana se llevó a cabo la Audiencia de Proposición de Medios Probatorios, donde el Tribunal denegó la declaración de testigos presentados por el Ministerio Público, quienes iban a declarar que tienen conocimiento que el predio en disputa pertenece a Marco Tulio Valeriano; pero sí aceptó a los policías que ejecutaron la captura de los campesinos el 11 de marzo de 2019.
Los campesinos acusados por los supuestos delitos de usurpación y roturación de terreno de vocación forestal, son Juan Mejía (62) y Santos Evelio Vásquez (54), ambos detenidos el 12 de marzo, y Vicente Castro (62), en ese momento presidente de la Empresa Asociativa y detenido al día siguiente en el Juzgado cuando llegó a apoyar a los compañeros privados de libertad.
Por su parte la defensa representada por Karol Cárdenas, abogada del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), propuso a un Perito Agrónomo para que explique en qué consiste la roturación de terrenos y cual es el impacto ambiental. Si bien, en esta ocasión el Tribunal no lo admitió, librará un oficio para que realice un estudio en el lugar del litigio. El experto podrá ser presentado en el juicio Oral y Público debidamente acreditado por la defensa legal.
Cabe señalar que, entre las armas decomisadas a los campesinos, según el Ministerio Público, son herramientas de trabajo agrícola. En Honduras más de siete mil campesinos y campesinas han sido procesados y criminalizados por la defensa de la tierra y el territorio. Al menos 150 personas han sido asesinadas por el conflicto agrícola a nivel nacional.
El 23 de octubre de 2019, el COFADEH logró sobreseimiento definitivo a favor del líder campesino Héctor Orlando Velásquez, quien fue capturado el 12 de octubre en su casa de habitación, por las mismas acusaciones que pesan sobre Juan Mejía, Santos Evelio Vásquez y Vicente Castro.
Los tres líderes campesinos de la comunidad El Porvenir a seis kilómetros de distancia de la ciudad de Siguatepeque, al centro del país, desde donde se movilizan semanalmente para cumplir con la medida sustantiva a la prisión de ir a firmar al juzgado.
Además, deben permanecer alejados del predio de unas 30 manzanas de teirra donde cultivaban sus alimentos, no salir del país y no acercarse al terrateniente.
La comunidad en este momento, además de enfrentar la criminalización por la defensa de la tierra, también están amenazados por el COVID-19 y sin acceso a empleo y atención médica oportuna. Más de seis personas han fallecido en la aldea, a causa de la pandemia, expresaron con preocupación los defensores.
