Brigadas Internacionales de Paz (PBI) observa con profunda preocupación la situación generada en Honduras en los días posteriores a las elecciones generales celebradas el pasado 26 de noviembre de 2017. Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales manifestaron desde entonces preocupación por el clima de tensión generado ante la falta de resultados definitivos a nivel presidencial1.
Amplios sectores de la población hondureña comenzaron a realizar acciones de protesta en todo el país para exigir un proceso electoral transparente y resultados fiables. Por otro lado, se reportaron saqueos y daños a la propiedad privada.
El viernes 1 de diciembre, el gobierno de Honduras decretó un toque de queda, así como la suspensión de ciertas garantías constitucionales durante 10 días. Estas restricciones, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, deben utilizarse en casos excepcionales según el principio de proporcionalidad y, en ningún caso, legitima la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales son derechos intocables y que no se pueden suspender2.
PBI ha recibido con extrema preocupación información de graves hechos de violencia cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, vulnerando los derechos humanos de la población. En un reciente comunicado conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, los organismos internacionales hacen referencia a 11 víctimas mortales y al menos 15 personas heridas3.
Las personas defensoras de los derechos humanos son uno de los colectivos particularmente expuestos a riesgos y amenazas. En este contexto, defensores, defensoras y organizaciones están realizando labores de defensa como documentación de casos, representación legal u observación, entre otros. El actual estado de excepción, restringe su derecho a buscar y difundir información4, lo que genera el cierre de una parte fundamental de su espacio de trabajo.
Por este medio, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a exhortar al Estado de Honduras a cumplir con su obligación de garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En particular, quisiéramos hacer un énfasis especial sobre la importancia de que el Estado hondureño, cumpliendo con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, reconozca y facilite de manera explícita las labores de monitoreo, sistematización y denuncia ejercidas por las personas defensoras en el contexto actual.
Desde 1981, PBI brinda acompañamiento internacional a personas, organizaciones y comunidades que desarrollan acciones de promoción y defensa de los derechos humanos. El acompañamiento protectivo combina la presencia en terreno con la incidencia a nivel nacional e internacional. A petición de organizaciones de la sociedad civil hondureña, PBI tiene un proyecto permanente en el país desde 2013. Como parte de nuestro trabajo, mantenemos una comunicación permanente con personas defensoras, autoridades, organismos internacionales y cuerpo diplomático, lo que nos permite obtener información de primera mano sobre la situación de derechos humanos en el país.
