Honduras vive un doloroso trance después de la navidad postelectoral de 2021. Las imágenes nos muestran los últimos robos de los recursos materiales del Estado, por quienes han sido expulsados con el voto de noviembre.
El traslado abrupto del aeropuerto Toncontín hacia la base militar de Estados Unidos en Comayagua a manos de Lenir Pérez, es una de esas imágenes apresuradas después del aplastante triunfo electoral de Xiomara Castro.
Otros contratos de negocios portuarios, de energía y zedes de último momento, son imágenes que se mezclan con salones vacíos en diferentes ministerios y sumada esa sinvergüenzada del cuestionado canciller clamando por prestaciones para todos los empleados de confianza del ex dictador.
Esas imágenes de rapiña se entrelazan con la increíble calma esperanzadora del triunfo y la derrota electoral de noviembre, que lamentablemente abren paso otra vez al lenguaje de las armas criminales que vuelven a gritar contra la vida de Pablo y de Thalía, para sumarse a la brutal impunidad que reina en Honduras.
La dictadura se difumina en Managua y en Tegucigalpa, entre rituales y ceremonias subvaluadas, mientras en Guapinol sigue la injusticia del juicio de Ana y de Lenir contra las comunidades que defienden el agua y la vida de la montaña Carlos Escaleras.
En Tegucigalpa, diversos sectores sociales, académicos, populares y empresariales, proponen con esperanza extraordinarias ideas para los primeros 100 días de Xiomara. Participan con pasión y alegría. Sin embargo, ese júbilo propositivo contrasta con la chirinola organizada para la desintegración del Congreso Nacional, jaloneandose la directiva entre los dueños del parque jurásico de la política tradicional; es decir, entre Flores Facussé, Juan Hernández, la familia Atala y otros malos vecinos de la Tierra de Morazán.
Todo este clima político malicioso retrata a los viejos actores económicos que habían estado siempre ocultos, pero que ahora metieron el cuerpo a la batalla: los bancos interesados en mantener territorios intocables; las farmacéuticas que pagan lobby para mantener amarrados sus contratos leoninos, y los señores dioses dueños de los periódicos y televisoras, que buscan sitiar a Libre y a Xiomara a través de sus mañas feroces.
El pueblo está atento y comienza a mirar las calles para retomar la política en sus manos, como debe ser, para ir a buscar a ese enconado político envejecido que tuitea odio a través de la cuenta de un ex convicto y a esos banqueros que ordenaron matar a Berta Cáceres y que están dispuestos a desestabilizar las cosas para conservar sus cuotas y apropiarse de las represas. La gente de turbante que ensucia las aguas de nuestro océano de Patria debería retirar esas trampas, porque pueden caer en ellas. El pueblo está inquieto, y puede perder la paciencia.
Jueves 13 de enero 2022, escribe Berta Zúniga Cáceres: “¡Qué día! Un juicio injusto a Guapinol, compas garífunas detenidos arbitrariamente en la costa atlántica, hostigamiento a quienes defienden el bosque en La Paz y el escalofrío que nos producen los asesinatos de Pablo y de Thalía. ¡Honduras , nos falta muuucho!
Domingo 9 de enero de 2022. El Cofadeh escribe sobre Pablo Isabel Hernández, asesinado en la comunidad de Tierra Colorada, en San Marcos de Caiquín, Lempira, cuando caminaba hacia la iglesia.
“Pablo era un joven formado por la Red de Defensores/as de derechos humanos de Lempira con el acompañamiento del COFADEH. Desde hace más de cinco años este celebrador de la Palabra de Dios, director de Tenán, la radio indígena lenca de Caiquin, líder de la Red de Agroecólogos defensores de La Biosfera del Señor de Las Montañas y autoridad de la Vara Alta de su pueblo, se nutría de la doctrina de los derechos humanos para conducir a su etnia autóctona, la misma a la que pertenecía Berta Cáceres, mártir del Gualcarque”.
Pablo había denunciado en varias ocasiones que era víctima de persecución, amenazas de muerte y campañas de odio por terratenientes y políticos locales de San Marcos Caiquin, en el departamento donde nació el dictador cuyo mandato inconstitucional fue apabullado por millones de electores el pasado 28 de noviembre de 2021.
La muerte violenta de Pablo es la primera documentada en 2022 por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el año pasado registró incidentes violentos contra al menos 208 personas defensoras de derechos humanos, particularmente defensoras del agua, los territorios y la biodiversidad en zonas ancestrales.
«Las autoridades deben investigar y sancionar, dijo el alto comisionado de la ONU, y deben garantizarse la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas de estos crímenes».
La embajada de Estados Unidos también condenó el asesinato del líder indígena lenca y comunicador social Pablo (Isabel) Hernández e hizo un llamado a investigar este asesinato y todos los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Martes 11 de enero 2022. De varios balazos es asesinada en su casa en Tegucigalpa la líder trans hondureña Thalía Rodríguez, reconocida por su vocería pública a favor del respeto, la inclusión y la participación de la diversidad sexual en el seno de una sociedad transfóbica, misógina y cruel, que desarrolló en ese sentido una campaña política feroz antes del 28 de noviembre pasado.
Los partidos responsables de esa campaña fueron el nacional, el liberal y los carteles religiosos que dan soporte ideológico al lenguaje que justifica los crímenes de odio hacia las diversidades sexuales e identidades de género distintas a las impuestas por la heterosexualidad hegemónica, cristiana, patriarcal y racista.
Thalía fue descrita como una guerrera por los derechos humanos de la comunidad trans de Honduras y su crimen se suma a una impresionante lista de 402 activistas asesinadas desde 2009, año del golpe, año del terror, que inició con el transfeminicidio de la activista Vicky Hernández, de potente discurso público a favor de la vida, la libertad y los derechos humanos, silenciada durante un toque de queda ordenado por Micheleti y Romeo Vásquez.
Esta es la narrativa de un país que ha estado en manos de grupos criminales, impunes, que han contado con el beneficio de un Estado sin instituciones jurídicas y policiales serias, cuya deuda con la humanidad es inmensa. Por eso cada vez que las diversidades sexuales huyen hacia países seguros, como lo hacen defensores del medio ambiente, periodistas, jóvenes de barrios extorsionados y otros seres perseguidos por criminales, esos países seguros toman el perfil de Honduras durante las audiencias de asilo, y leen: “95% de los crímenes en este país permanece en la impunidad”.
¿Hasta cuándo pueblo? Un nuevo gobierno se inaugura en pocos días con un poderoso mandato popular, con legitimidad social robusta y un entorno internacional de acompañamiento, que hace soñar en una nueva era de realizaciones que devuelva la confianza, la esperanza y la vitalidad a la sociedad en general, sin perdón ni olvido.
Por eso no podemos distraernos con el juego de unos cuantos léperos que quieren imponer el conflicto de intereses en el Congreso Nacional como el tema principal de la agenda pública. No podemos permitir que dos ex presidentes dictadores, dos banqueros corruptos, dos ex convictos lavadores, dos periodistas mercenarios y dos asesinos dirijan el jaleo de la integración del Congreso, poniendo en riesgo el mandato popular de enderezar la ruta del país.
Hacemos un llamado desde esta tribuna de Voces contra el Olvido a todas las fuerzas democráticas a tomar en nuestras manos la agenda alternativa que está siendo construida con Xiomara, en las mesas de consulta, en los diálogos diversos y participativos, porque si este impulso propositivo se quiebra, entonces todos debemos atenernos a las consecuencias de la incertidumbre.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 de enero de 2022
