Fueron 25 recomendaciones hechas en 12 páginas después de cinco días de trabajo sobre un terreno minado; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó en rueda de prensa y se despidió de Tegucigalpa el viernes.
Con sinceridad, nosotros en esta columna editorial declaramos respeto por el papel histórico que ha jugado la CIDH desde su constitución hasta nuestros días; sin su trabajo, sin dudas, los estados americanos no habrían sido frenados con denuncias, juicios y sentencias en la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica.
Pero estamos conscientes que en el momento actual que vive Honduras, esa vieja narrativa de sutilezas diplomáticas y mensajes entrelineados que caracterizan los textos entre Estados, no funcionan más aquí. La población quiere de la Comisión no sólo textos claros y directos. Reclama acciones.
No puede venir aquí una delegación con el mismo espíritu que fue a Nicaragua, a dos realidades distintas.
A Honduras no se le puede colocar dentro de una situación de “debilidad institucional”, porque lo que tenemos en realidad es un gobierno ilegal y una Constitución rota. No se le puede definir la convivencia dentro de “un clima político polarizado”, porque lo que existe es una guerra de fusina, de la policía militar y de grupos paramilitares contra la población en resistencia a la dictadura.
Es inconsecuente, por tanto, hacerle recomendaciones democráticas a una dictadura sometida a la embajada de Estados Unidos. Y no es justo recomendarle “diálogo nacional” a una sociedad harta de los delincuentes con poder. No es éticamente admisible pedirle a las víctimas del golpismo, que incluye el fraude electoral, que se sienten a pactar con la mafia narco-corrupta que atenaza el Estado.
Una “salida democrática, incluyente y participativa” a esta situación — como le gustó decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –, significaría adelantar elecciones generales este año para reestablecer los poderes a la Constitución y rehacer el Contrato Social destruido por los delincuentes de la Red, el cartel, la Caja Chica de la Dama y los Pandoros. Pero el texto no llega a ese atrevimiento ortográfico.
En esta tarea nosotros debemos empeñar las mejores energías de la comunidad nacional e internacional, y mientras tanto que el país siga intervenido directamente por la MACCIH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, para que al menos entretengan a todos esos demonios sueltos a quienes no es posible hacerles recomendaciones de derecho.
Una vez recuperado el Estado de Derecho podemos seguir hablando como en tiempos normales, entonces sí, así con diplomacia de gobernabilidad y soñando la separación de poderes. Mientras tanto, es un irrespeto a la inteligencia colectiva de un pueblo resistente insistir en esos excesivos esmeros por las formas lingüísticas entre Estados. Esta cosa es una dictadura de ladrones, además de impostores que deben ser expulsados.
Mientras llega este mensaje a Washington, nosotros vamos a seguir aquí en el país soportando cada día una situación inhumana y degradante. Los narco-lavadores violentando el país, los corruptos empobreciendo la población, los impunes chabacaneando la justicia, los policías y militares apaleando a la gente, los medios comunicando un país inexistente, y los cristianos bendiciendo todos los crímenes y estupideces de quienes pagan sus limosnas.
No queremos que eso continúe. Tiene que parar.
Por eso en el fondo confiamos que estos cinco días durante los cuales decenas de personas hicieron un esfuerzo importante para ser escuchadas por la Comisión, produzcan frutos de justicia y paz.
Las madres y familiares en general de las personas prisioneras políticas después del fraude electoral merecían un reconocimiento expreso en las palabras finales de la CIDH. Pero no fue así. En Nicaragua sí.
También los medios de comunicación comerciales y alternativos tenían derecho a una mención expresa de los hechos sufridos durante la visita de los y las comisionadas. En Nicaragua sí.
El diario El Heraldo, con razón, al final de su crónica de este sábado sobre el informe preliminar de la Comisión reclama que el texto no consigna la salvaje agresión policial contra reporteras ciudadanas y periodistas que cubrían el ataque a los estudiantes del MEU, que mantienen tomada la Universidad Nacional.
El reportero gráfico Emilio Flores de El Heraldo, el periodista César Silva de uneTV y la comunicadora Gissel Grandez no fueron plasmados al menos por cortesía en el texto preliminar divulgado a la prensa.
De pronto la prensa hondureña no acabó entendiendo que esto es Honduras y no Nicaragua…
También el movimiento anti minero en Tocoa, Colón, y el campamento de Pajuiles, Atlántida, tan presentes en nuestra memoria colectiva nacional por su martirio en defensa de los ríos, tampoco tuvo espacio en el documento oficial de ayer.
Pero así, entre omisiones y contra-recomendaciones, llegamos por hoy al cierre de esta columna contra el olvido…
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 4 de agosto de 2018
