Tegucigalpa.- “Hemos sido notificados por la Corte Suprema de Justicia que ratifica los sobreseimientos definitivos ante todo el proceso judicial que nos tocó enfrentar, un proceso judicial que surge por la protesta, oposición e instalación de campamento por la defensa del agua y la vida en el caso Guapinol”, señaló Leonel George, uno de los defensores criminalizados, luego de que la Juez de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Zoe Doralina Guifarro, otorgó carta de libertad definitiva a los defensores de Guapinol, en cumplimiento a una sentencia de amparo de junio de 2022.
Manifestó, además, que la raíz de la criminalización se dio mediante acusaciones falsas, “el Ministerio Público de Tocoa, junto a la DPI, fabricaron acusaciones y un proceso judicial que nos llevó ante tribunales de jurisdicción nacional”.
Añadió que ahora que la Corte Suprema de Justicia ratifica esos sobreseimientos definitivos, piden una investigación y se sancione, puesto que, el Ministerio Público de Tocoa y la Corte de Apelaciones de La Ceiba, han demostrado que sin argumentos, que sin pruebas han fabricado acusaciones falsas y eso nos ha puesto en grave riesgo.
Además, dijo que, sin duda, también es parte de la causal para que se hayan realizado toda una serie de campañas de difamación, de odio, estigmatización que han llevado al asesinato del compañero Juan López, mártir que derramó su sangre por la defensa de los derechos humanos y ambientales en el Aguán, quien también formaba parte de este proceso de criminalización por defender los bienes comunes y públicos.
El defensor de los bienes comunes también señaló que el Ministerio Público de Tocoa, el Poder Judicial de Tocoa y la Corte de Apelaciones están totalmente cooptadas por la empresa Pinares y Ecotec, por esos intereses políticos que existen.
“Después de querer reabrir el caso, la Corte Suprema lo ratifica, y ahora estamos a la espera de que nos las entreguen de manera definitiva las cartas de libertad y pueda cerrarse el caso”, expresó George.
Indicó que esto, sin duda, no es justicia, porque desde 2018 que inicia todas estas acusaciones falsas viene a cerrarse hasta este momento, después de pasar detenciones arbitrarias de manera reiterada, abusiva, campañas de difamación, de odio, de desprestigio para neutralizar, es decir, las amenazas y el hostigamiento permanente debido a estas acusaciones falsas que el Ministerio Público y los juzgados mantuvieron hasta este momento.
El defensor condenó la injusticia que se ha establecido y que con todo lo sucedido, simplemente, han protegido bajo la impunidad a Lenir Pérez y a los políticos que han participado en este caso.
“Para que haya justicia tiene que salir de manera definitiva la empresa Pinares y Ecotec de la zona, deben estar en la cárcel quienes cometieron el crimen ambiental en el Parque Nacional, Montaña de Botaderos y en los Ríos, y tienen que estar en la cárcel los actores intelectuales al más alto nivel en toda la cadena de la intelectualidad del asesinato del compañero Juan López”.
Además, se debe reparar los daños cometidos al Parque Nacional, al área protegida, pero también a las familias que han sido afectadas.
También el estado de Honduras debe garantizar la implementación del decreto 18-2022 y debe garantizar protección y seguridad para las comunidades y para los defensores y defensoras, puntualizó el defensor.
Todo lo antes mencionado implicaría justicia, implicaría un compromiso real del estado de Honduras hacia la familia y hacia el área protegida, sostuvo George.
“Esperamos que haya una respuesta oportuna, que no se permitan más asesinatos, porque en estos momentos estamos en alto riesgo, las amenazas continúan y nuestras vidas están en riesgo”, cerró diciendo el defensor del medio ambiente.
Los defensores del Bajo Aguán le han hecho un llamado a la presidenta Xiomara Castro para que implemente toda la medida de protección para los defensores y defensoras del Comité Municipal y de la Defensa de los Derechos Humanos en Tocoa, Colón.
Los defensores beneficiados con la carta de libertad son Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza, Marco Tulio Ramos y Juan Antonio López, asesinado el 14 de septiembre cuando salía de la iglesia donde se congregaba con su familia.
La Fiscalía acusó a los ambientalistas de los delitos de privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita en perjuicio de Santos Hernández Corea, de la empresa Los Pinares S.A. de C. V. y la Seguridad Interior del Estado de Honduras.
Los ambientalistas y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa fueron detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), alegando que está ubicado en una zona protegida y que afectará los ríos Guapinol y San Pedro.
