Por Marvin Palacios.
Choluteca.- Entrevistas con grupos representativos de la sociedad civil en la zona sur del país, indican que las fuerzas militares están usurpando las funciones y los espacios concernientes a la seguridad pública, que corresponden a la Policía Nacional.
Además de ello la militarización ha copado instituciones públicas como hospitales, centros de salud, escuelas, colegios y oficinas de atención a abonados de prestación de servicios públicos.
Por otra parte, otros datos revelan que pese a que los contingentes militares, ya casi no participan en la represión que se ejerce contra las manifestaciones pacíficas programadas cada miércoles y sábado por las calles de Choluteca, ello no significa que los “de verde olivo”, permanezcan encerrados en sus cuarteles.
El periódico digital www.defensoresenlinea.com registró denuncias que señalan a militares vestidos de civil, que desarrollan labores de “inteligencia”, para levantar perfiles de los rostros más visibles durante las manifestaciones y para espiar a organizaciones de derechos humanos.
Cada miércoles y sábado, el pueblo se manifiesta en las calles de Choluteca para condenar el alza a los precios de la canasta básica, los incrementos a los combustibles, la privatización del Hospital del Sur, la privatización del puerto Henecán y los impactos negativos generados por las concesiones mineras y los mega-proyectos de generación de energía.
En medio de las protestas sobresalen rostros que son constantes y visibles en las movilizaciones. Uno de esos rostros es el de Jairo López, comunicador social, que ha sido señalado como agitador de masas y a quién el actual régimen y la empresa privada le han cerrado los espacios en la radio y televisión para que no realice su profesión como periodista.
“Lo que están haciendo es echándole la culpa a la gente de la Alianza y a la gente que anda en las manifestaciones. Se han molestado solo porque le prendieron fuego al busto de Carías, si tener ese busto es una maldición, si fue un dictador; eso es tener una maldición para acá en Choluteca”, dijo López.
“Lo que hacen ellos es levantar perfiles a la gente que anda en las marchas, y reprimir las marchas. Lo que no quieren es que la gente siga manifestándose en las calles, y por tradición este departamento ha sido cachureco, pero esa hegemonía ya se rompió”. Jairo López
López indicó que “los militares se han convertido en los represores y aquí también está la Dirección Policial de Investigación (DPI), Interpol, Dipol, Inteligencia Militar, Policía Militar de Orden Público (PMOP), los COBRAS y FUSINA.
“Lo que hacen ellos es levantar perfiles a la gente que anda en las marchas, y reprimir las marchas. Lo que no quieren es que la gente siga manifestándose en las calles, y por tradición este departamento ha sido cachureco, pero esa hegemonía ya se rompió”, subrayó el entrevistado.
Otra cosa que está pasando aquí en Choluteca, son las “campañas de desprestigio”. A mí por órdenes de CONATEL, de la Empresa Energía Honduras (EEH) y de Mauricio Oliva (presidente del Congreso Nacional), me sacaron de canal 21, donde tenía mi espacio y han prohibido de que me vendan un espacio en los canales y radios de Choluteca. No puedo estar porque hay una prohibición por parte del gobierno. He sido censurado por ser un crítico del gobierno, apuntó el comunicador social.
Por su parte la reportera de Metro TV, Melisa Hernández señaló que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) participó en la represión en los primeros meses de las movilizaciones, que ya casi ajustan un año, pero ahora no.
La periodista añadió que anteriormente los militares confrontaban bastante, salían y cerraban las calles por donde iban a pasar los manifestantes, pero eso se terminó de unos meses para acá, y solo ha quedado la policía nacional por medio de los COBRAS, haciendo estrategias para terminar con la protesta social y la libre expresión. De ahí se sospecha que ellos infiltran personas para crear disturbios y justificar la represión.
Por su trabajo de cobertura a las movilizaciones y la emisión de entrevistas y reportajes acerca del accionar del movimiento social, Hernández ha sido víctima de campañas de difamación y de odio que se profieren en el canal local TVS, cuyo propietario es Samuel Aguilera.
Las propias fuerzas de seguridad del estado, han lanzado bombas lacrimógenas sobre su humanidad, para tratar de disuadir la cobertura periodística, pero los abusos en su contra; no han mermado su energía e interés en reflejar la realidad que vive su ciudad, Choluteca.
Aparte de las intimidaciones y las campañas de odio, Melisa Hernández estuvo en peligro de muerte, cuando el 2 de junio de 2018 fue secuestrada por un taxista que sacó un arma de fuego, y la amenazó con matarla. Otro vehículo que se cruzó en la marcha del taxista, permitió que la periodista se alejara de la escena de peligro.
Su propio padre sufrió un ataque selectivo de parte de los agentes COBRAS. Durante una de las tantas manifestaciones, una bomba lacrimógena le impactó en su rostro. La cápsula daño el tabique de la nariz y casi pierde un ojo.
Volviendo a las labores de inteligencia ejercida por los militares en los departamentos de Choluteca y Valle, la sede del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) es continuamente vigilada. Los movimientos de los directivos y personal técnico se registran continuamente en los reportes de las Fuerzas Armadas.
El CODDEFFAGOLF, aseguró una fuente, está en la lista negra, porque durante 30 años ha luchado por la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de miles de pescadores y artesanos que viven en el litoral pacífico de Honduras.
Dicho accionar sitúa a CODDEFFAGOLF como una organización de derechos humanos por excelencia. Las constantes denuncias, las críticas frente a la expansión del extractivismo en el Golfo de Fonseca y la incidencia política, ponen en peligro a esta organización, ya que toca intereses muy grandes en la zona sur.
Para el catedrático del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), Rudy de Grandes, al igual que en el resto de Honduras, los militares se están presentando como la salvación del país.
“Cada vez que hay un conflicto el gobierno presenta como que son los militares los que pueden ayudar a que se resuelva, hasta la Policía aquí se ve opacada totalmente. Los operativos que usted mira en la calle y en las carreteras; en la mayoría de los casos son militares los que detienen a la gente y piden documentos”, señaló el académico.
“Pienso que esa presencia permanente de los militares es para que nos acostumbremos que los militares van a estar siempre, en todo momento y en todo lugar. Hay presencia de ellos en hospitales, colegios y otras instituciones”, apuntó De Grandes.
“Creo que la presencia militar en su segunda fase es para expropiación de bienes, de vidas, de recursos, para asegurar que inversionistas internacionales se adueñen de esta región”: Rudy De Grandes
Yo viajo diariamente al municipio de San Marcos de Colón y cada rato están parando los vehículos. O sea la primera etapa ha sido adueñarse de los espacios, ahora el protagonismo se lo llevan ellos y lo policial está desapareciendo.
“No sé por qué la ONU no obliga a este pequeño gobierno a aplicar los estándares internacionales, para que retire a los militares de las funciones de seguridad pública. Este gobierno ha ignorado esas disposiciones de la ONU. En Zacate Grande la presencia de militares es fuerte, incluso hay un destacamento cerca de la radio La Voz de Zacate Grande. Así que la tendencia es una militarización casi total. Creo que la presencia militar en su segunda fase es para expropiación de bienes, de vidas, de recursos, para asegurar que inversionistas internacionales se adueñen de esta región”, vaticinó el catedrático universitario.
Los dirigentes universitarios también destacan que las labores militares están focalizadas en perfilar a los críticos del régimen y contra todos aquellos y aquellas que organizan movilizaciones o que alzan sus voces de protesta frente a los abusos de la dictadura de Juan Orlando Hernández.
Adán Rivas, estudiante del CURLP, y líder del Movimiento Amplio Universitario (MAU) dijo que “hemos visto un gran incremento de policías y militares en las calles con el fin de intimidar a la población, recordemos que Choluteca ha sido uno de los departamentos que se ha mantenido en lucha constante desde el fraude electoral de 2017”.
Vemos que los militares y los policías han reprimido no solo a los manifestantes, sino a cualquier persona que esté cerca de las protestas. Prácticamente estas son las fuerzas represoras del estado. Hacen uso indiscriminado de gas lacrimógeno, toletean y lanzan piedras, detalló el joven universitario.
“En informes que se han presentado en asambleas del MAU se ha constatado que inteligencia militar ha investigado a sus miembros. Hemos participado en las movilizaciones y hay gente con vestimenta civil que anda en la tarea de tomar fotografías a los muchachos”, comentó.
A nivel superficial pareciera que las fuerzas militares acantonadas en los departamentos de Choluteca y Valle, permanecen en esta zona para patrullar las fronteras marítimas y terrestres, combatir el narcotráfico y custodiar las áreas protegidas y de vida silvestre, sin embargo, los testimonios revelan que “son otras”, las tareas encomendadas.
