Por: Sandra Rodríguez
Choluteca.- Policías y militares llegaron hasta el centro universitario regional del Litoral Pacífico (CURLP), para desalojar a un grupo de estudiantes que mantenían 47 días de toma de las instalaciones, y decidieron hacer una entrega pacífica, antes de exponerse a la fuerza de las armas.
Desde el 19 de junio, al menos 50 estudiantes universitarios se organizaron en grupos para estar al frente de una serie de acciones sociales como protesta a la criminalización estudiantil, requerimientos judiciales contra 30 compañeros y compañeras, y con ello la exigencia de las máximas autoridades desde la rectora Julieta Castellanos y la directora del CURLP, Alina Molina.
Hoy también se requirió a quince estudiantes responsabilizándolos del delito de Detención de Edificio Público, según informó el Centro Interinstitucional de Operadores de Justicia Choluteca, al sur del país, en su perfil de la red social Facebook, agregó que los jóvenes se presentaron de forma voluntaria.
Los requerimientos fiscales son contra Carmen María Lagos, Nahún Gutiérrez Yánez, Marvin Josué Padilla, Carlos Levi Ortez, Bryan Yojarshi Cárcamo, Wilfredo Flores Cruz, Kevin Armando Aguilar, Luis Felipe Zepeda, Kevin Gabriel Estrada, Fausto Fernando Betancourth, Darwin Edgardo Sánchez, Adán Orlando Rivas, Harim Josué Reyes, Dagoberto Rosali Andino y Kevhin Ricardo Espinal.
Algunos de esos nombres fueron colocados al azar, según denunciaron a defensoresenlinea.com, voceros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU-CURLP), y reiteraron que han sido objeto de campañas mediáticas de desprestigio, vigilancia, estigmatización y amenazas de parte de autoridades, docentes y compañeros que son puestos como grupos de choque.
Por lo que responsabilizan a Alina Molina y Julieta Castellanos, y demás autoridades por el proceso penal que enfrentan y otras acciones que puedan atentar contra su integridad física y emocional extensiva a su familia.
“Hemos sido objeto de una campaña de desprestigio, amenaza verbal, psicológica, nos han estigmatizado como vándalos y como vagos solo por exigir educación pública y de calidad”, declaró Marvin Padilla, señalado directamente por las autoridades de la UNAH en Choluteca, junto a tres compañeros más, y por esa razón interpusieron denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
Ahora son 45 universitarios y universitarias en Choluteca, Tegucigalpa y San Pedro Sula, con prohibición de salir del país, deben ir a firmar el libro de registro de imputados con medidas sustitutivas a la prisión en sus respectivos juzgados, y están a la espera de las próximas audiencias, en el caso de los 15 del sur, será el 15 de agosto.
Desde el 19 de junio se inició la toma de las instalaciones en Choluteca, el 14 de julio la rectora Castellanos anunció la cancelación del periodo académico actual porque se había perdido muchos días de clases, pese a que el año anterior habían mantenidos tomas por 42 días y no hubo suspensión, lamentaron los estudiantes, cuando fueron visitados por procuradores y la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, la semana pasada.
Hoy el desalojo fue inevitable, la entrega fue pacífica porque no podemos enfrentamos a las armas, aunque tenemos la razón; seguiremos en esta lucha que no sólo es nuestra, sino del pueblo, afirmó una líder estudiantil.
Los y las estudiantes seguirán manifestándose en las calles, en los parques y persona a persona, difícilmente a través de los medios de comunicación, pues desde ahí también hay ataques, lamentaron.
En el CURLP, con más de 20 años de labores, no hay crecimiento en la oferta académica, al contrario, las opciones han disminuido con apenas cinco carreras, sin embargo hay un crecimiento de universidades privadas, pero no son accesibles para la mayoría de la población. Unos cuatro mil estudiantes están matriculados en este centro educativo, y muchos de ellos no se pudieron matricular en lo que siente vocación.
