Tegucigalpa, Honduras. – En los últimos seis meses 12 personas relacionadas al contexto político fueron asesinadas en Honduras, la cifra se incrementó al aproximarse las elecciones generales el 28 de noviembre.
Hace 20 años, apenas dos días antes de las elecciones que ganó el nacionalista Ricardo Maduro Joest, fue asesinado el 23 de noviembre de 2001 llegando a su hogar el candidato a diputado por el Partido Nacional Ángel Pacheco León, quien estaría en el Congreso Nacional representando al departamento de Valle, al sur del país.
Pasaron 16 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), dictara sentencia contra el Estado de Honduras, en una lucha jurídica representada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), hasta lograr otra condena internacional en casos de violaciones a derechos humanos.
Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, detalla que “en cuanto a la búsqueda de justicia el caso de Pacheco León es exactamente igual que los otros casos que involucra a agentes del Estado de Honduras”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH) conoció este caso y estableció sentencia el 15 de noviembre de 2017. En dicha resolución, la Corte eximió al estado de Honduras de responsabilidad en la muerte violenta de Pacheco León.
Aquí la diferencia que se trata de un hombre que estaba dentro de la misma línea política quien -se supone- lo mandó asesinar. Otro nacionalista, Rafael Leonardo Callejas, pero no se encontró al responsable ni se investigó el crimen, más bien la familia Pacheco sufrió asedio para que dejará de exigir justicia en los Tribunales Nacionales e Internacionales.
La familia no cayó en esas luchas políticas de desestabilización y, el 23 de marzo de 2017, la Co-IDH escuchó a las víctimas, al COAFDEH y demás interlocutores en la ciudad de Guatemala, viendo en ese juicio parte de la reparación moral del palacio hondureño.
Una de las peticiones de parte de COFADEH para la Sentencia es que se instalara en el país y que se echara andar una nueva Ley Electoral, la institución nunca se refirió a reformas electorales, para ese entonces la Ley Electoral estaba dando grandes deficiencias “y cuando le digo grandes deficiencias” -agregó Oliva- es porque la manipulación de quienes gobernaron antes han pasado al frente a liderar nuevos proceso electorales.
Es por eso que se siguen dando crímenes políticos con un alto nivel alto de impunidad. Es increíble que no se tomara en cuenta una de nuestras peticiones como ser una nueva Ley Electoral dónde se convocara a la ciudadanía, que participarán agentes internacionales expertos en temas de Derechos Humanos, técnicos en procesos electorales.
De haberse tomado en cuenta la creación de una Ley Electoral nos podía dar la medida de no tener lo que tenemos hoy como país. No tuviéramos un proceso electoral que, al borde de no ser confiable, la ciudadanía tiene más dudas que certezas -agregó la defensora- si su voto va a ser respetado por los expertos, que son los mismos que estuvieron en aquel momento. Algunos ya se apartaron el accionar político quitándole la vida a Pacheco León, pero siguen hoy haciendo todo lo necesario para intimidar a manera seguir manipulando los resultados el 28 de noviembre próximo.
Oliva insistió en que, si se hubiera creado una nueva Ley Electoral, se hubiera evitado muchos crímenes de los que se han registrado últimamente. “No tuviéramos el problema que tenemos ahorita, que lejos de estar la gente con mucha emotividad consciente que va a fortalecer el estado democrático de derecho, la gente va a ir a participar porque quiere reconstruir un estado o quiera tener un estado de derecho democrático”.
Tampoco estuviera en el preámbulo que tenemos de cara al proceso electoral con los preludios demasiado fuertes, los que están echando andar toda esta práctica de miedo saben que no serán investigados, por lo tanto, quedan bajo el mismo manto de impunidad.
Al contrario, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos han hecho una ley que les permita justificar su poca y ejemplar actuación en contra de la vida en contra de la libertad y en contra de la democracia.
Se hubiera contemplado el respeto al derecho de la participación ciudadana, y evitar lo que sucedió el 7 de octubre pasado en el Congreso Nacional, donde no se pena la acción de la resistencia social y la participación ciudadana en un nivel realmente de indefensión, especialmente contra la gente de “a pie” a quien sin medida la reprimen en público, asesinan en público, agentes uniformados dispararan en contra de la población.
Oliva agregó que, cuando se trata de generar responsabilidades no hay culpables y a ellos (los agentes) los exoneran de la responsabilidad criminal, afirmando lo que COFADEH denuncia, la complicidad del Estado con el delito que ha convertido a Honduras en un país un país impune.
El caso de Pacheco León debió presentarse en instancias internacionales, y se seguirán llevando más casos y el Sistema lo sabe, afirmó la defensora.
El COFADEH ha llevado desde hace tres décadas estos casos donde se condena al Estado de Honduras, y continúa la espera que se cumplan las medidas de reparación y justicia, si bien se hacen las monetarias, no así se ha procedido contra los perpetradores de las violaciones a derechos humados permitiendo que los hechos se repitan sin que haya aplicación de justicia.
