Tegucigalpa.- El régimen de Juan Orlando Hernández ha comenzado a ejercer presión para que, en medio de la pandemia de coronavirus en Honduras, se de inicio a la venta del territorio y de la soberanía del país.
Los primeros atisbos de amenaza contra las comunidades afectadas, se dieron a finales de septiembre en Roatán. Y en las primeras semanas de octubre, suena con fuerza en los medios tradicionales de comunicación, “cooptados por el régimen” , la instalación de otra Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.
Hace unas semanas, en la comunidad de Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, elementos de la Policía Nacional y Municipal, desalojaron al CEO (Chief Executive Officer) de “Próspera”, Erik Brimen, quien iba a socializar el proyecto, pese a que la población ya le había manifestado su descontento.
A finales de septiembre de este año, y a través de un pronunciamiento conjunto, las Diócesis de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba, rechazaron el modelo extractivista impulsado por el régimen de Juan Orlando Hernández y condenaron la criminalización contra los defensores y defensoras de los territorios y el medio ambiente.
Los clérigos urgieron a las organizaciones sociales, políticas y religiosas a unirse a la defensa de la casa común y expresar “su protesta y solidaridad sobre el modo injusto y abusivo con que el gobierno de Honduras y empresas extractivas tratan a las personas, organizaciones y comunidades que defienden sus bienes naturales y sus territorios”, apunta el pronunciamiento.
Las tres diócesis de la iglesia Católica, señalaron al gobierno de Honduras, como responsable de la situación en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía; amenazados por la explotación del bosque, la agroindustria, el tráfico de drogas, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la minería en áreas protegidas.
Los religiosos católicos condenaron que desde las instituciones bajo el mando del Poder Ejecutivo, tales como la Secretaría del Ambiente, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), así como la Municipalidad de Tocoa, no se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada; dando “carta de legalidad a proyectos extractivos que en derecho y con argumentos técnicos no proceden en zonas protegidas de gran importancia biológica, ecológica, hídrica y ambiental para garantizar la vida de la población”.
Respecto a las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDES) que amenazan con crear un estado dentro del propio estado hondureño, que contará con órganos jurisdiccionales independientes, y que amenaza la soberanía nacional y traerá el desplazamiento de comunidades en la Península de Zacate Grande, Choloma, Lempira, Islas de la Bahía y otras zonas, organizaciones sociales y populares se refirieron a este tema en su vigésimo noveno manifiesto.
El manifiesto expresa que “mientras la narco-dictadura pisotea y subasta la soberanía y la dignidad de la patria y sus comunidades, las organizaciones aquí representadas apostamos por un nuevo modelo económico”.
Alzamos la voz ante la ignominia del régimen de Juan Orlando Hernández de autorizar la instalación de la primera ZEDE en Roatán, Islas de la Bahía para beneficio de la empresa norteamericana “Próspera” y para desgracia de los habitantes, expresa el pronunciamiento.
Y añade que las organizaciones sociales y populares “hacemos nuestra la lucha de Crawfish Rock, condenamos este nuevo zarpazo a la soberanía, así como todas las ZEDES anunciadas para el resto del país, al tiempo que exigimos la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDES y todas las reformas constitucionales que le dan vigencia”.
El pronunciamiento hace suyas las palabras expresadas por los obispos de Trujillo, Juticalpa y La Ceiba que atienden pastoralmente los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía en su pronunciamiento público del 29 de septiembre”.
“Rechazamos el modelo económico extractivista, minero, energético, ZEDES, agroindustria, maderero o el tráfico de drogas. Es urgente construir y trabajar otro modelo económico para evitar mayores riesgos a la vida humana y natural”, sostuvieron.
Por su parte el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el editorial titulado “Empezó otro Tipo de Conflictos” y divulgado en su espacio radial “Voces contra el Olvido” en la emisión del sábado 26 de septiembre expresa que: “Antes de 2012, la Constitución decía que NADIE, ningún extranjero, podía adquirir tierras a 40 kilómetros de las costas, islas, litorales o fronteras en tierra firme. Fue el finado PINPON liberal, el profesor como le llaman los rojiblancos, quien traicionó el artículo 107 en 1995 con aquella histórica frase ridícula que no íbamos a pasar eternamente mirando los monos saltando de un coco a otro. Era nada menos que presidente del congrezoo”.
Y en referencia al inversionista estadounidense Erick Brimen y a otros, que pretenden instalar la sede denominada Roatán Próspera en la comunidad de Crawfish Rock, el editorial señala que: “A este grupo de piratas modernos les encanta repetir que la constitución de Honduras, en el artículo 329, les faculta ahora para constituir personalidades legales dentro del territorio nacional, con identidad jurídica independiente, al estilo de una municipalidad autónoma. Pequeñas republiquetas intocables que alojarán en su seno poblaciones extranjeras, células de millonarios viviendo y trabajando dentro de burbujas blindadas”.
El proyecto ya está trayendo división en la comunidad De Crawfish Rock, hay amenazas de desalojo y la consecuente represión que se cierne sobre las comunidades negras en Roatán, por eso el comentario editorial advierte que: “Eso es lo que producirán las zedes, eso es lo que están produciendo ya: desplazamientos forzados, emigración forzada y soborno colectivo de conciencias con un discurso pajero que pone al frente la generación de empleos y ese mensajito tramposo del filósofo liberal estadounidense John Rawls de la igualdad de oportunidades para todos”.
El 6 de septiembre de 2013 el Diario Oficial La Gaceta N° 33,222 publicó el decreto legislativo número 120-2013, que contiene la Ley que autoriza la instalación de Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) en Honduras, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, cuyo presidente de ese poder del estado era Juan Orlando Hernández y fungiendo como presidente de Honduras, el nacionalista Porfirio Lobo Sosa.
