Decenas de Organizaciones Defensores de Derechos Humanos que se reúnen como Coalición contra la Impunidad y Convergencia Contra el Continuismo, tras conocer el informe sobre violaciones a los derechos humanos hecho público por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, se posiciona ante la sociedad hondureña en los siguientes términos:
1- Suscribimos plenamente el contenido del informe de OACNUD sobre el estado actual de las violaciones a los derechos humanos en Honduras hecho público el día 22 de enero. Este informe ratifica las negligencias de las instituciones responsables desde el Estado en la puesta en marcha de un proceso de justicia que conduzca a esclarecer, investigar, enjuiciar y aplicar sentencias condenatorias a los responsables de los hechos de violación a los derechos humanos ocurridos entre el primero de diciembre y el 27 de enero del año 2017, durante la crisis que se originó tras las elecciones del 26 de noviembre de 2017.
2- Las conclusiones del informe de OACNUD confirma la voluntad política del actual régimen basado en el control de la institucionalidad del Estado, la cual ha sido puesta al servicio de la impunidad, la corrupción y la protección de delincuentes.
3- Expresamos nuestro firme reconocimiento a la labor de la OACNUD, y en particular a la Representante Residente, Doña María Soledad Pazo. Tanto por las indagaciones y esfuerzos realizados y que se plasman en el último informe sobre la situación actual de las instituciones del Estado en relación con las violaciones a los derechos humanos. Así como por su compromiso con exigir al Estado hondureño el cumplimiento de las obligaciones conforme a los estándares internacionales en relación con el respeto a los derechos humanos y por su atención y escucha hacia las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
4- Lamentamos la ausencia de voluntad del actual régimen en el cumplimiento con sus compromisos de investigación, juicio y sentencia condenatoria a los responsables de homicidios, detención ilegal y abuso de autoridad. Esto se une a la decisión de poner fin a la MACCIH con lo cual los principales personeros del régimen reconocen tácitamente su responsabilidad en delitos, saqueos y violaciones a los derechos humanos, y por tanto se blindan para evitar ir a la cárcel.
5- De igual manera lamentamos que instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, así como el Ministerio Público, y específicamente la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, guarden silencio. Ante ello, incumplen con su obligación de velar porque el Estado respete los derechos humanos y castigue a los culpables de violarlo. A nuestro parecer se han convertido en tapaderas y cómplices de los delitos y actos de corrupción de los más altos representantes del actual régimen.
6- Por todo lo expuesto: exigimos al Ministerio Público, proceda cuanto antes a cumplir con su función de investigar cada uno de los casos que están contenidos en el Informes de OACNUD. Asimismo, extender requerimientos fiscales en contra de los responsables directos e intelectuales de los homicidios, torturas, encarcelamientos injustos e ilegales. También demandamos al poder judicial a actuar conforme a derecho y no conforme a las presiones e intereses de políticos y altos funcionarios públicos.
7- Hacemos un llamado a los diversos sectores de sociedad y civil y a la comunidad internacional a que demos firme apoyo a la labor de OACNUD, la instancia que desde el liderazgo de su Represente Residente, Doña María Soledad Pazo, acompaña y observa al Estado de Honduras para que cumpla con su función de proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, en conformidad con los estándares y compromisos internacionales suscritos.
Tegucigalpa, 23 de enero de 2020
Por los organismos y organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras:
Coalición contra la Impunidad
Convergencia Contra el Continuismo
Red Lésbica Cattrachas
