Organizaciones de mujeres siguen a la espera de la aprobación de Ley Integral contra la violencia contra ellas

“Es una propuesta de ley que, obviamente, parte de compromisos que Honduras como estado tiene firmados en convenciones internacionales donde se habla de la necesidad de promover políticas, leyes, marcos jurídicos, que peritan avanzar en la disminución de este flagelo que es tan terrible como lo es la violencia contra las mujeres”.

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Tegucigalpa.- Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

En Honduras no existe una verdadera ley que castigue la violencia en cualquiera de su tipo contra las mujeres y lo haga de una manera preventiva, ya que las mujeres siempre están expuestas a cualquier tipo de violencia sin ser escuchadas.

Es por eso que el Centro de Estudios de la Mujer, junto al Foro Nacional contra el SIDA, Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAP), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, han trabajado y presentado a la presidenta de la República una Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

¿Por qué es INTEGRAL? Porque tiene componentes de Prevención, Atención, Sanción y
Reparación.

“Es una propuesta de ley novedosa, porque tiene un alto componente preventivo, porque en Honduras las leyes lo que hacen es buscar la sanción y muy poca prevención. Nosotras insistimos en la necesidad de prevenir, por eso es que involucramos a las Secretarías de Educación, de Salud y a otras instancias del estado, que son responsables hasta de cambiar narrativas que circulan por los medios de comunicación”.

La directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, señaló que esta es una propuesta de ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que han venido trabajando desde el 2015.

“La venimos trabajando organizaciones de mujeres desde el año 2015 y ha sido una propuesta de ley bastante socializada, no solo con grupos de mujeres de distintas comunidades, de distintas zonas del país, sino también con todo lo que podría ser el sistema de justicia y la institucionalidad, que tendría que estar a cargo de su implementación en caso de que se apruebe”.

Además, señaló que en el trascurso del tiempo que lleva ha sufrido cambios y modificaciones “desde el 2017, pero ha sido   una ley muy socializada con los diferentes actores”.

Esta ley tiene un componente de atención a la violencia que sufren las mujeres, un componente de sanción y además un componente de reparación para aquellas mujeres que enfrentan violencia y además se incluyen otros aspectos de violencia que no existen en la legislación nacional.

“Desde el 2017 que tuvimos el borrador más consistente ha sufrido muchísimos cambios que significa que el Ministerio Público presenta observaciones, lo que era en aquel momento el Instituto Nacional de la Mujer, presentó sus observaciones, y la Procuraduría  de la República”.

Añadió que la propuesta también se ha socializado con magistradas y magistrados, con diputadas, con muy pocos diputados hombres, porque ellos generalmente no participan”.

Según lo señalado por la directora de CDM, un grupo de compañeras se la entregaron a la presidenta de la República Xiomara Castro el año que tomó posesión, y en una fecha tan significativa como lo es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que su compromiso fue que la entregaría al Congreso Nacional.

“Después decidieron desde el Ejecutivo hacer como un estudio de los costos de dicha propuesta de ley, porque es una ley compleja, es una ley que involucraría al Ministerio de Salud, Seguridad, Educación, Ministerio Público; en fin, casi toda la institucionalidad que tiene que ver y que tendría que ver con garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Añadió, además, que “se hizo ese costo, contrataron  consultores y consultoras para hacer una valoración de lo que costaría la implementación de la ley, nos dieron a  conocer  hace como dos meses lo que podría significar el costo de la ley, pero para nosotras fue un paso que no debió  de haberse cursado, porque  para nosotras la vida de las mujeres es muy importante, y si aquí se gasta mucho dinero en cuestiones que no son prioritarias, entonces como no se va a invertir en lo que  podría ser el derecho de cientos de miles de mujeres de todas  las edades a  vivir sin violencia”.

Esta ley tiene un componente de atención a la violencia que sufren las mujeres, un componente de sanción y además un componente de reparación para aquellas mujeres que enfrentan violencia y además se incluyen otros aspectos de violencia que no existen en la legislación nacional.

“En los últimos momentos que hemos estado ha sido la socialización del último  borrador, junto con la Secretaría de Asuntos de la Mujer, con la ministra Doris García, con tres magistradas de la Corte Suprema de Justicia”.

Rivera expresó, además, que desconoce las razones porque esta ley no ha sido pasada al Poder Legislativo como acordó el Poder Ejecutivo en la reunión que tuvieron al momento de ser presentada.

“Nos toca tanto a la institucionalidad, a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, como a las organizaciones de mujeres que estamos comprometidas con esta iniciativa de ley, de hacer incidencia, de promover el debate, pero, además, que se visibilice la oposición que hay a dicha propuesta de ley, porque en el transcurso de la socialización ha habido ataques a dicha propuesta de ley”.

Señaló un ejemplo de la satanización de la ley, donde la diputada Yohana Bermúdez del Partido Nacional, que sin haber leído la ley, ya le hace oposición.

“La diputada Yohana Bermúdez, del Partido Nacional, estuvo en varias jornadas, sin embargo, estamos casi seguras de que ella no la leyó, si no que un asesor de ella y como hay una satanización de todo lo que diga género, para ellas género significa lo peor, casi destrucción de la familia, género significas aborto, aunque la propuesta de ley no plantea nada de eso”.

“Es una propuesta de ley que, obviamente, parte de compromisos que Honduras como estado tiene firmados en convenciones internacionales donde se habla de la necesidad de promover políticas, leyes, marcos jurídicos, que peritan avanzar en la disminución de este flagelo que es tan terrible como lo es la violencia contra las mujeres”.

Esta ley aborda componentes como la detención, sanción, prevención, atención y reparación.