Tegucigalpa.- Defensores de los derechos humanos y familiares de las personas privadas de libertad por razones políticas, denunciaron hoy durante una conferencia de prensa las condiciones de vulnerabilidad, insalubridad, tratos crueles, degradantes e inhumanos en que se encuentra los presos políticos en Honduras.
En la conferencia de prensa, vía virtual, participaron el doctor Juan Almendares Bonilla por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), Berta Olivia de Nativí por la Convergencia Contra el Continuismo y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Carlos Paz por la Pastoral Social-Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula.
También estuvieron Carlos del Cid por la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, Juan Carlos Herrera, padre el preso político Rommel Baldemar Herrera, y Marlon Hernández familiar de uno de los privados de libertad del sector de Guapinol, que están recluidos por defender el agua, la vida y el territorio.
Desde hace más de una década Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución va más allá de la eliminación de la violencia física, debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.
En Honduras, cerca de 22 mil personas guardan prisión en 28 establecimientos a cargo de un sistema penitenciario militarizado, sobrepoblado y hacinado, carente de una política pública penitenciaria integral rectorada por personal civil especializado en ciencias penitenciarias, tal como lo recomiendan los estándares internacionales en la materia.
De acuerdo a información ofrecida por el personal médico del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en los centros penales del país hay un total de 1,055 contagios diagnosticados con pruebas rápidas, más 838 contagiados diagnosticados por la Secretaría de Salud mediante pruebas PCR, y que hay personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios.
En cuanto a personas fallecidas en custodia del Estado, por monitoreo independiente, durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, al menos 25 personas han muerto por sospechas de Covid-19, y 11 personas han muerto violentamente, incluidos 8 personas en dos masacres, 1 en la cárcel de mujeres de Támara. De estas 11 personas, 7 son mujeres.
Carlos Paz de la Pastoral Social-Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula señaló que este régimen ha sido una vergüenza, inhumano, depredador e insensible.
“La actual crisis que vive la sociedad hondureña producto de la pandemia es sin duda alguna la expresión de la conclusión de varias crisis pero que en el sistema penitenciario hondureño se refleja con una ausencia y por unos rasgos característicos que luego se expresan en todo el dramatismo humanos que viven los privados de Libertad”, señaló Paz.
Indició que estamos en una continua emergencia y montando nuevas crisis porque se ha demostrado incapacidad para poder resolver la problemática, donde las autoridades penitenciarias en vez de buscar soluciones terminan agudizándolas.
Señaló que en los primeros seis meses de este año ha habido un aumento de la población penitenciaria, donde en el primer trimestre se experimentó un continuo crecimiento de privados de libertad, bajó e abril, se estancó en mayo, y en junio tuvo un leve descenso, lo cual en términos efectivos no se ha aplicado la medida de excarcelación, porque al contario de reducir, aumentó la población carcelaria.
En su intervención el doctor Juan Almedares Bonilla del CPTRT indicó que las caréceles son un infierno de injusticia, y las formas de cómo están siendo manejadas están fuera de contexto de la ciencia, la ética y la humanidad.
El decano defensor de los derechos humanos señaló que las cárceles no deben ser manejadas ni por policías ni militares, y que el sistema jurídico es una aberración histórica en este país porque han encarcelado a las personas injustamente, y que el gobierno, además de ser militar y persecutorio, es violador de los derechos humanos.
Es del criterio que el gobierno nunca debió imponer a los militares en el manejo de las cárceles y que los presos políticos nunca debieron estar privados de libertad, pudieron ser juzgados fuera de las cárceles.
Indicó que la pandemia que abate a Honduras es de pánico y de terror, y que con tiempo se le anunció al gobierno que tenía que tomar las medidas y poner en libertad a aquellas personas para que no fuera a haber un poco de contagio, de contaminación ni de peligro para las personas privadas de libertad y sus familiares.
Señaló que ya se tiene un impacto, la muerte que no debió de ocurrir del periodista David Romero, un preso político, y que no se justifica que tengamos privados de libertad a luchadores de la defensa del agua y la vida como son los defensores de Guapinol.
El defensor de los derechos humanos Carlos del Cid indicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INP), desde su creación en el 2012, ha fracasado porque no ha cumplido con los objetivos que fue creado.
Indicó que de los problemas que tiene el sistema penitenciario en Honduras está la ingobernabilidad, producto de la corrupción y colusión de los funcionarios con las organizaciones criminales o con los grupos organizados del crimen que están detenidos y que quieren gobernar los diferentes centros penitenciarios, y no lo pueden hacer si no es con el apoyo de administradores.
También está el tema del hacinamiento, la insalubridad y por ende la violación de los diferentes derechos humanos que tiene la población carcelaria dentro de los centros penales.
Señaló que en cuanto a la pandemia del coronavirus a estas alturas que estamos a finales del mes de julio considera que han cerca de 4 mil privados de libertad infectados en los 28 centros penales que existen en el país.
Por su parte la coordinadora general del Cofadeh y miembra de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo, Berta Oiva, mostró su preocupación por que en la suspensión de las garantías Constitucionales producto del coronavirus, el régimen ha puesto en práctica la figura de la desaparición forzada.
“Son nueve personas que el Cofadeh registra que han sido desaparecidas en el marco de esta pandemia, y las fuerzas militares que tienen el control tienen que responder por la vida de estas personas que hoy están desaparecidas”, indicó Oliva.
Señaló que la primera persona desaparecida fue una mujer de nombre Karen Rivera a quien sus familiares no la han vuelto a ver desde el pasado 7 de abril, hecho ocurrido en el departamento de Santa Bárbara. Luego siguió Óscar Oliva Alemán quien desapareció en la ciudad de San Pedro Sula el 7 de mayo. A estos dos se suman los cincos garífunas desaparecidos el pasado 18 de julio en la comunidad de el Triunfo de la Cruz, Tela Atlántida. A estas desapariciones ocurridas en el marco de la pandemia del coronavirus se suma a la de una persona extranjera de origen haitiano.
Agregó que las desapariciones están marcando un nuevo y violento retroceso, porque si en estos cuatro meses donde han estado suspendidas las garantías Constitucionales hay nueve personas en condiciones desaparecidas, estamos en medio de un colapso y una crisis imaginable.
En cuanto a los presos políticos, la defensora de los derechos humanos señaló que a nivel nacional como internacional sigue la exigencia para que sean liberados, tanto los defensores de la vida y el agua de Guapinol, así como Rommel Baldemar Herrera y Víctor Joseph Castillo.
Oliva es del criterio que quienes deberían estar privados de libertad son los que han atracado el Estado de Honduras, los que han hecho del estado su botín para llenarse las bolsas.
También informó que durante este periodo de la cuarentena han aumentado las denuncias de las familias de los privados de libertad que no necesariamente son presos políticos, donde están siendo víctimas de torturas por parte de las fuerzas militares dentro de los centros de detenciones ubicados en los batallones.
Actualmente están privados de libertad por razones políticas Rommel Baldemar Herrera Portillo y Víctor Joseph Castillo; además de los defensores de derechos Humanos: Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orvin Nahúm Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Alemán, Ewer Alexander Cedillo y Daniel Márquez.
