San Pedro Sula
Siete personas que habían sido detenidas injustamente y enviadas a la cárcel conocida como El Pozo por participar en las protestas contra el fraude electoral y la reelección y dictadura del presidente Juan Orlando Hernández, fueron dejados en libertad en audiencia inicial realizada en los Tribunales de San Pedro Sula por los cuatros delitos que les imputaban.
Durante un allanamiento en la Operación Dragón I en la ciudad de Villanueva en el departamento de Cortés, las autoridades de seguridad del país detuvieron a siete personas a quien acusaron de los delitos de daños agravados, incendio y otros estragos agravados, uso ilegal de explosivos de fabricación casera, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
La detención de los imputados se realizó el pasado 24 de enero en horas muy tempranas del día.
Los detenidos y acusados son Los acusados eran Cristian Abel Amador Hernández, Wilfredo Antonio López Padilla, José Carlos Cruz Rosales, Maynor Orlando Sorto Palma, José Manuel Palma Suazo, Josué Antonio Pineda Beltrán y José Javier Rubí Suazo, quien en las pasadas elecciones generales resultara ganador de una regiduría en la alcaldía de Villanueva por el Partido Innovación y Unidad (Pinu).
Una vez evacuadas las pruebas en la audiencia inicial, el togado del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula decretó otorgar sobreseimiento provisional por los delitos de daños agravados, incendio y otros estragos agravados, uso ilegal de explosivos de fabricación casera, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Una vez emitida la resolución por parte del juez, los imputados, fueron puestos inmediatamente en libertad la tarde-noche de miércoles.
Las organizaciones de derechos humanos que han participado en la defensa de estas siete personas, que en su mayoría han participado en las distintas protestas que se han realizado contra el fraude electoral del pasado 26 de noviembre de 2017, la ilegal reelección y dictadura de Juan Orlando Hernández, han tipificado han estos ciudadanos como presos políticos.
De acuerdo a la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, Berta Oliva, después del 26 de noviembre, día de las elecciones generales, hasta la fecha, hay más de mil ciudadanos hondureños judicializados y criminalizados por protestar a lo largo y ancho del territorio nacional contra el fraude electoral y la dictadura de Juan Orlando Hernández.
