Por Martin Reischke, corresponsal político de DW
Según el spot de la campaña electoral del actual y probablemente también futuro presidente de Honduras, los hondureños «estamos avanzando”. Con la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales en el país centroamericano el domingo pasado, se demostró por fin hacia dónde avanza el pueblo hondureño, y lo más seguro es que será hacia un regimen autoritario y de corte militar, y tal vez peor.
Los seguidores de Juan Orlando Hernández dicen que su probable reelección es legítima porque la Corte Suprema del país había fallado a favor del presidente. Sólo que esta interpretación tiene un pequeño fallo, y es que el poder judicial en Honduras ha dejado de ser independiente desde hace años.
Recordemos que en el 2012, el Congreso hondureño destituyó a cuatro jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que discreparon de la agenda política de la bancada del Partido Nacional y de Porfirio Lobo Sosa, el Presidente de la República en aquel momento. El Presidente del Congreso en aquella época era un cierto Juan Orlando Hernández.
La punta del iceberg
La destitución de los cuatro magistrados fue sólo la punta del iceberg, porque después del golpe en 2009 fueron destituidos muchos más jueces. Son todos aquellos que –según el discurso oficial– se oponen al «desarrollo de Honduras”.
Pero, ¿de qué tipo de desarrollo está hablando el gobierno? Después del golpe de Estado, los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández han convertido el país en un paraíso neoliberal: han otorgado un sinfín de concecisiones de minería, proyectos de energía o infraestructura a empresas nacionales y transnacionales. Al mismo tiempo, han militarizado el país y restringido muchos derechos fundamentales como el de libertad de expresión o de libre acceso a la información.
En los cuatro años del Gobierno de Hernández, se han creado más de diez nuevos cuerpos de seguridad, y el presupuesto del ministerio de Defensa ha crecido de forma drástica. Son estos mismos cuerpos de seguridad que muchas veces actúan de forma represiva contra los que se oponen a lo que el gobierno llama «desarrollo”, y que protestan contra la política oficialista.
Nueva represión
Ahora, la represión de las fuerzas de seguridad se dirige en contra los seguidores de la oposición que han salido a las calles para reclamar lo que ellos consideran un fraude electoral a favor del actual presidente.
Ya están circulando imágenes de actas electorales modificadas, y aunque todavía no conocemos a ciencia cierta la magnitud de un posible fraude, es lógico que la alianza de la oposición no confíe en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, porque es una entidad completamente politizada que en los últimos días ha perdido la poca credibilidad que le quedaba.
Con un Gobierno que controla la gran mayoría de las instituciones estatales, a la oposición no le queda más que salir a la calle para protestar contra las irregularides de estas elecciones. Irónicamente, estas protestas le benefician al gobierno, ya que la crisis y el caos han creado un pretexto ideal para justificar su política de represión.
Varios reportes indican que ya hubo muertos en los enfrentamientos entre los fuerzas de seguridad y los ciudadanos. El viernes, el gobierno decretó el Estado de excepción por diez días.
Poco se entiende cómo se pueden celebar elecciones libres si ni se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Parece que ya no importa el resultado final, ya que el presidente ha demostrado que quiere seguir en el poder aunque sea por la fuerza.
La UE, actor pasivo
Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos no han podido garantizar elecciones libres y transparentes, porque no pueden resolver los problemas estructurales y la politización del proceso electoral de Honduras.
Tal vez el único actor político que podría frenar las ambiciones políticas de Juan Orlando Hernández son los Estados Unidos. Sin embargo, Washington todavía no parece estar demasiado preocupado por la falta de democracia en el país, ya que Hernández ha sido un fiel aliado de ellos en los últimos años.
Le abre las puertas a inversionistas internaciones y evita que el país caiga en manos de un gobierno de izquierda, una de las pesadillas de EE. UU. Con el control que ejerce Hernández sobre el Estado y los cuerpos de seguridad, va a ser muy difícil para la oposición luchar para que Honduras no se convierta en una dictadura.
