Washington, D.C.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgen al Estado de Honduras a cumplir con su obligación de asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y asegurar que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados de acuerdo con la gravedad del crimen, tal como lo recomendara el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones a Honduras en julio 2017. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, dicha obligación de investigar implica el deber del Estado de establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos.
El 31 de octubre de 2017, el Grupo Asesor International de Personas Expertas hizo público su informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y la investigación del Estado de Honduras. El informe plantea cuestiones preocupantes sobre la participación de las víctimas en el proceso, así como sobre la conducción de la investigación oficial y su eficacia en relación a la identificación y persecución efectiva de todos los involucrados en el asesinato de Berta Cáceres, incluidos los responsables intelectuales del asesinato.
Igualmente, la CIDH y la OACNUDH observan con preocupación la continuidad de la secretividad del expediente y el impacto que esta situación procesal general en los derechos de las víctimas y las personas sujetas al proceso. La OACNUDH y la CIDH recuerdan a Honduras que los familiares de las víctimas tienen el derecho a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos, en virtud de los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia consagrados por tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras. A la luz de tales obligaciones, la OACNUDH y la CIDH instan a Honduras a reevaluar la necesidad y proporcionalidad del mantenimiento de la secretividad del expediente.
Como lo han planteado en sus diferentes pronunciamientos sobre el caso la OACNUDH y la CIDH, el asesinato de Berta Cáceres constituye un dramático ejemplo del contexto de hostigamiento e intimidaciones en el que los defensores de derechos humanos desarrollan su trabajo en Honduras. La investigación eficaz y sanción de los responsables del asesinato Berta Cáceres constituirá un importante precedente para evitar la repetición de este tipo de ataques. No obstante, la respuesta integral al fenómeno debe consistir en el diseño e implementación de una política global de protección de los defensores de derechos humanos. Esto debe incluir la adopción de una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención de los ataques en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, así como de protocolos y mecanismos adecuados de investigación. En este sentido, la OACNUDH y la CIDH alientan a intensificar los esfuerzos comprometidos por el Ministerio Publico en el desarrollo de los mismos.
Finalmente, la OACNUDH y la CIDH llaman al Estado de Honduras a adoptar todas las acciones oportunas para garantizar la eficacia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a los familiares de Berta Cáceres, los y las integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y sus representantes legales, incluyendo si fuera necesario la reevaluación y revisión de las mismas en función de los nuevos riesgos que en este contexto se puedan generar.
