Ginebra.
La ONU denunció hoy que un creciente número de defensores de las libertades fundamentales en el mundo sufren represalias de varios tipos y durezas por cooperar con el organismo multilateral en materia de derechos humanos.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, presentó hoy un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el que da cuenta de represalias e intimidaciones contra activistas que van desde la prohibición de viajes a la congelación de activos, la detención o la tortura.
El documento menciona a 29 países donde se han documentado casos de represalias e intimidación, lo que supone un aumento en comparación con los 20 anteriormente reportados.
Se trata de Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.
“Es aborrecible que año tras año nos veamos obligados a presentar casos de intimidación y represalias contra personas cuyo delito -a los ojos de sus gobiernos- fue cooperar con las instituciones y mecanismos de la ONU”, recalcó Gilmore.
También dijo estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, a la vez que indicó que hay “muchos casos” de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.
En un caso hubo tratamiento psiquiátrico forzado y en otros había confinamientos solitarios y asaltos sexuales y violaciones durante la detención, tanto de hombres como de mujeres, recalcó.
El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.
Once de los 29 países mencionados en el informe son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos y algunos figuran en el informe anual de la ONU cada año desde que fue instituido en 2010.
China y Arabia Saudí han sido mencionados en seis ocasiones, Baréin, Irán y Sri Lanka en cinco, y Argelia, Israel, Sudán, Tayikistán y Venezuela en cuatro.
El número de casos de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore.
Según la ONU, “muchos” ataques contra activistas son “perpetrados o consentidos por funcionarios” y muchos otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.
El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países “tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos”.
“Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización”, señala el informe de Gilmore.
El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición. EFE
