El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documenta 12 asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y otros bienes comunes de la naturaleza en 2023. Los casos incluyen líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos en general.
En el contexto de inversiones agroindustriales legales y, más aún en aquellas regiones donde dichos negocios podrían ser operaciones ilegales de lavado de capitales del crimen organizado, el Estado tiene la obligación de garantizar con todos sus medios la seguridad, la integridad y la vida de las personas defensoras.
La norma no puede ser jamás un Estado tolerante o defensor de las élites inversionistas, sean éstas adscritas a los gremios oficiales o pertenecientes a los cárteles criminales, y tampoco un Estado criminalizador de las resistencias ciudadanas a ese modelo agresor.
Heredero de un modelo narco, corrupto y, en consecuencia, violento, Honduras no puede continuar cohabitando con la impunidad de cadenas de mando policial-militar herederas de la dictadura ni con las cadenas de mando paralelas gerenciadas por holdings empresariales o sus violentos brazos privados. Todos los informes especializados apuntan esta realidad a lo largo del litoral atlántico, parte de la zona occidental y centro sur del país, principalmente.
En zonas específicas de Atlántida, Colón y Gracias a Dios persisten dinámicas agresivas hacia liderazgos agrarios, comunitarios y ambientales, que sucumben abatidos por sicarios, divididos por estrategias economicistas o penetrados por intereses perturbadores al interior de sus movimientos sociales anti extractivos.
El COFADEH recuerda que los seres humanos no somos cifras, nuestros cadáveres no pueden ser contados ni como unidades ni como fracciones numéricas. Por tanto, una víctima en cualquier parte del territorio del Estado debe ser una alarma suficientemente poderosa para activar todos los instrumentos públicos posibles a fin de parar las causas del deceso. Y asegurar la detención y el juicio a quienes sean responsables materiales e intelectuales, no importa su rango.
Con todas las fuerzas de nuestro cuerpo institucional, el Cofadeh condena los asesinatos o muertes violentas o ejecuciones sumarias que se están produciendo en los territorios donde las comunidades enfrentan solas la maquinaria del capitalismo insaciable.
Una respuesta apropiada sería incluir en la lista de los actores sospechosos de los crímenes a las empresas que operan en las zonas de violencia, a sus ejecutivos, a sus jefes de seguridad y a sus acreedores. Es tiempo no sólo de garantizar el consentimiento libre e informado de la población a sus inversiones, sino de crear un mecanismo de certificación empresarial a nivel local.
La presidenta Xiomara Castro está interpelada a quebrar la impunidad sin previo aviso ni lugar a negociación, poco importa si esta decisión alcanza a la estructura actual de Mateo y el Obelisco o a viejas amistades en las zonas de conflicto.
En el contexto actual de activación de fuerzas fascistas que construyen oposición en base al miedo y la descalificación se impone la necesidad de un análisis experto de hechos, tendencias, enfoques y medidas de reacción y de protección hacia los actores públicos y privados que constituyan amenazas a los colectivos y comunidades de personas defensoras.
Pedimos al gobierno una condena pública, contundente de las violaciones en contra de personas defensoras en las zonas donde operan proyectos extractivos legalizados o todavía en fachada, y que desmantele las estructuras ya identificadas como protagonistas de la inseguridad.
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de junio de 2023
