Tegucigalpa.- En el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos en Honduras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con un enfoque en la pobreza y los temas económicos y sociales; la violencia y la inseguridad; la lucha contra la corrupción y la impunidad; el espacio democrático; y la situación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El informe también destaca algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y concluye con recomendaciones.
Nuevamente, la OACNUDH reitera la necesidad de prevenir la violencia y expresa su preocupación por el papel ampliado de los militares en las funciones de orden público, al tiempo que alienta al Gobierno a diseñar e implementar un plan de seguridad que permita un progreso medible hacia la desmilitarización de las funciones de orden público, y garantice el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente revisada y capacitada.
La impunidad sigue siendo una preocupación muy grave, incluso por violaciones de derechos humanos, por ejemplo, los procesamientos y juicios de los miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas contra el resultado de las elecciones de noviembre de 2017 han avanzado poco, 22 civiles perdieron la vida, pero solo uno de estos asesinatos está actualmente en juicio, y el resto aún está bajo investigación.
La oficina sigue observando un patrón de criminalización de los/las defensoras/ras de los derechos humanos, incluidos activistas indígenas, campesinos y ambientales.
El caso reciente de la comunidad de Guapinol en el Bajo Aguan en el que 31 defensores de tierras que protestaban contra una compañía minera, fueron acusados de una serie de cargos por invasión de tierras a robos, incendios, secuestros y asociaciones ilícitas, es un caso emblemático.
El Informe resalta, que es fundamental que el gobierno implemente planes adecuados para abordar las causas fundamentales de la migración, incluido el acceso a los derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, la educación, la salud y la protección contra la violencia, incluso a través de la cooperación regional.
Ver Informe completo aquí: INFORME 2018
