Choluteca.- Los jueces que conocen las solicitudes de aplicación del decreto de amnistía contenida en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, siguen dilatando este proceso, principalmente contra las personas que luchan por la defensa de la tierra y territorio.
El juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Ramón Francisco Videa Talavera, por segunda ocasión no celebró la audiencia ad-hoc solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en favor de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, la que estaba prevista realizarse el 17 de octubre del año en curso, ocasionando gasto a los campesinos y a la organización de derechos humanos que los representa.
La Cooperativa Campesina Cerro Escondido se ubica en Monjarás, Marcovia, Choluteca, donde han estado luchando por la recuperación de la tierra, para trabajarla y poder darle el sustento a su familia.
“Es la misma historia de siempre, no sé qué es lo que pretenden, la vez pasada se notificó al cuerpo de abogados del COFADEH pero no se le notificó al fiscal, ni se le notificó al juez, aun ni en el expediente había ningún documento donde acreditara que ese día se realizará audiencia, la cual se pospuso para el 17 de octubre, igual hoy sucedió lo mismo, no había absolutamente nada y el fiscal ni cuenta se daba, las otras partes ni siquiera llegaron, yo supongo que ellos ya sabían de que no se realizaría la audiencia”, señaló don Leopoldo Mena Calderón.
Calderón señala que se ve claramente que “el objetivo de ellos, de la oligarquía a la cual pertenecen, es mantenernos en zozobra más que todo, porque realmente ese delito de usurpación nunca existió, no existe en nuestro caso, porque el terreno por el cual nosotros estamos siendo judicializados es un terreno de naturaleza jurídica fiscal, propiedad del Estado de Honduras y está debidamente comprobado».
Añadió que “se han hecho varias inspecciones por parte del Departamento de Catastro del Instituto Nacional Agrario, donde en los informes han manifestado que el terreno es de naturaleza jurídica fiscal; también el Departamento Agronómico del Instituto Nacional Agrario en las investigaciones hechas manifiestan que el terreno es de naturaleza jurídica”.
Don Leopoldo señaló que ésta es una manera de desestabilizarlos, ya que no respetan la vida de los seres humanos, ya que el 2 de abril del 2020 durante un desalojo violento fue asesinada Iris Argentina Álvarez por parte de la empresa azucarera.
«Llegaron y acribillaron a balazos todos los compañeros que estaban allí, con fusiles automáticos, con pistolas 9 milímetros acribillaron a los compañeros de lo cual tenemos evidencia y asesinaron a la compañera Iris argentina Álvarez”, manifestó.
Denunció que las personas involucradas y responsables de este crimen allí están libes, los jueces determinaron que no tenían culpabilidad y ellos dirigieron y armaron el operativo, entonces mi pregunta es en qué país vivimos, cuales es la justicia de este país, hoy la sensibilidad humana está demostrada que no existe en los jueces de esta jurisdicción departamental.
“Voy a mencionar nombres, el juez Alberto Videa, no hay sensibilidad humana de parte de él, porque aun sabiendo que el terreno es de naturaleza jurídica fiscal, han seguido con estas cuestiones, a tal grado que la compañera Lorenza, ella tuvo una descompensación, ella es una señora de la tercera edad, señoras que pasan de ochenta años y están siendo judicializadas, la compañera Guillermina Romero, también pasa de los ochenta años y estaban siendo judicializadas».
Ante lo ocurrido con sus compañeras de base, señaló que no existe sensibilidad humana e hizo un llamado a los organismos a que pongan interés en el caso.
«Es por eso que aquí hago un llamado a todos los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales, a que se pronuncien en contra de esta aberración, porque allí lo que prevalece es la anarquía de las empresas, que con su poder lo que están haciendo es empantanando el campesinado y a la gente de condición humilde, a mujeres, niños que depende de ellos».
Señaló que ellos están abriendo espacio y oportunidades, pero que de nada sirve por la criminalización que existe.
«Estamos abriendo ese espacio a la mujeres, nos están tratando mal y asesinando a la mujeres, y aquí no se hace nada, a la mujer se le está privando de que mejore su condición de vida con un pedazo de tierra, a tal grado que esta gente llegan a armar grupos de choque para que agarren a tiros a las mujeres, arman grupos de choque para no dejar entrar a las instituciones del estado responsable de hacer la investigación y de hacer el proceso de reforma agraria”.
Finalmente denunció que Catastro Nacional dependencia de del Instituto de la Propiedad de Tegucigalpa y el INA, se le está exigiendo que lleven una orden judicial para que puedan ingresar al terreno a realizar sus labores, por el amor de Dios en qué país vivimos.
