Nueva misión del Gobierno Vasco visitará el país en los próximos días

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Noemí Pérez, fundadora del COFADEH y hermana del detenido-desaparecido Samuel Pérez en la década de los años ochentas, habla a la delegación del Páis Vasco en su visita en 2017, al emblemático "Hogar contra el Olvido", un sitio de la memoria histórica del COFADEH.

Por Marvin Palacios

Tegucigalpa.- Con el propósito de conocer la situación del país y de los colectivos que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, arribará a Honduras una nueva delegación del país Vasco a finales de enero.

La delegación está compuesta por representantes del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco y organizaciones de derechos humanos, entre ellas, Mundubat y CEAR-Euskadi, que permanecerán en Honduras del 27 de enero al 1 de febrero de 2019.

La delegación se reunirá con autoridades del actual régimen, entre ellas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, la ministra de derechos humanos, Karla Cueva y representantes del Mecanismo de Protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, entre otros.

La agenda incluye conversaciones con la Representante Permanente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), María Soledad Pazo y con el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Luis Antonio Marrey.

Además la delegación del Gobierno Vasco sostendrá una reunión con los embajadores de Canadá, Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Japón, Holanda, Suecia, Italia, España y representantes de la Unión Europea, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La delegación vasca incluye en su agenda, reuniones con varias agencias de cooperación que desarrollan proyectos relacionados  a la defensoría de derechos humanos y acceso a justicia.

El programa incluye reuniones con organizaciones  campesinas, feministas, estudiantiles, ambientalistas, pueblos indígenas, obreras, sindicales, de libertad de expresión y de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI), y de derechos humanos.

Mundubat, que forma parte de la delegación, organizará junto a las organizaciones socias, como la Vía Campesina, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), un espacio para que  la misión internacional conozca de cerca; el contexto social y político por el que atraviesa Honduras.

Asimismo la delegación contempla reunirse con los familiares de la Coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, asesinada por sicarios el 2 de marzo de 2016.

En 2017, una delegación similar procedente del País Vasco estuvo en Honduras entre 15 al 21 de julio y conoció en aquella oportunidad la profundización de las violaciones a derechos humanos después del golpe de estado de 2009, el incremento de la militarización de la sociedad hondureña, el quiebre de la institucionalidad, la polarización de la población, el incremento de la pobreza y el fundamentalismo religioso que afecta tanto a mujeres como a personas de la comunidad de la diversidad sexual.

También se denunció el autoritarismo desde las más altas esferas del gobierno a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que para algunos expertos, representa el poder real detrás de la figura continuista del régimen usurpador de Juan Orlando Hernández.

Otros temas expuestos ante la delegación del Gobierno Vasco, se refirieron a las condiciones de la niñez y adolescencia hondureña, abatida por el abandono gubernamental, la estigmatización y las muertes violentas, los femicidios y  los crímenes de odio perpetrados en contra de la comunidad LGTBI, los proyectos extractivos (minería y represamiento de ríos) que amenazan los territorios  de las comunidades indígenas, y el riesgo permanente a que están expuestos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.