En pleno debate preelectoral, entre una propuesta de obligada transición institucional de un lado y de continuidad del modelo de crimen organizado de otro lado, los familiares de las víctimas de desaparición forzada asistimos este viernes a la Plaza de los Pañuelos Blancos.
Con este símbolo de paz universal, de cristiandad de fe profunda en la misericordia divina y de convicción política en la lucha insurreccional de nuestros seres queridos en el contexto de los años ochenta, así llegamos este penúltimo viernes de 2021 a la Plaza de las desaparecidas y de los desaparecidos.
El COFADEH hace presencia este primer viernes de noviembre con la propuesta invariable de los últimos 40 años frente al Estado y la sociedad hondureña: verdad, justicia, castigo, reparación y reconciliación nacional.
Ninguno de esos elementos de nuestra agenda histórica inherentes a la desaparición forzada es negociable, porque los hechos cometidos por militares, policías, políticos, empresarios, religiosos y medios de comunicación entre 1979 y 1992, son delitos de lesa humanidad que no prescriben.
Hoy, esos mismos protagonistas del discurso anticomunista que nos enviaban a Cuba y Nicaragua a buscar nuestros seres queridos mientras ellos los sepultaban en cementerios clandestinos en Honduras, están tratando de aferrarse a los carteles criminales del poder con el mismo discurso diabólico de 1982.
El discurso anticomunista de la actual campaña electoral es diseñado por asesores políticos siniestros, locales y del consenso de Washington, que aprovechan la oligarquía religiosa traficante de influencias públicas y lavadora de recursos del crimen organizado, para predicar contra la transición del golpismo corrupto al Estado Democrático de Derecho.
No hay otra ruta posible en Honduras después de la imposición del neoliberalismo criminal de Callejas en 1990 y del modelo asesino del golpe de Estado, que continuó desde 2009 hasta nuestros días. Ese modelo es de ladrones de la esperanza colectiva. Es de miserables ambiciosos de capital, hommuseconomicus narcus que compensan con bolsas la dependencia pordiosera de activistas robóticos.
Ese modelo de narcotráfico del Pentágono, de la DEA, del CEAL y del Tea Party, que utiliza al partido nacional-liberal, a las fuerzas armadas y a grupos de asesinos para fragmentar el territorio y borrar las soberanías financieras, políticas y constitucionales, no es admitido por el pueblo, aunque hayan cooptado gran parte de su liderazgo mercenario.
Por eso no deseamos asistir al 28 de noviembre con la misma duda de 2013 y 2017, con la zozobra que supone una noche larga de garantías irrespetadas, de derechos violados, de sueños robados y de violencias calculadas. Vamos a asistir creyendo que Europa, Estados Unidos y Canadá no volverán a avalar esta maquinaria de miseria, pobreza y emigración que representa Juan Orlando Hernández, su papi y su pandilla.
Esta posición no representa un posicionamiento en blanco a favor de las fuerzas aliadas contra la dictadura, representa un sí a la transición que se aleje de las intolerancias, de las violencias y de las pobrezas sistémicas que sufrimos por haber entregado el Estado al mercado de las armas, a los carteles de las drogas y a los piratas de las zonas de desempleo y desarrollo del crimen organizado.
Los capitales de la isla Próspera, el castillo de naipes construido en Roatán, se mueven inquietos ante la posibilidad que un grupo de neoliberales reformados retomen el control de los escombros del Estado a fines de noviembre.
Como organización humanitaria experta en atención de víctimas de violaciones al derecho a la libre expresión, la libre circulación, la integridad y la vida, nos pronunciamos por unas elecciones que restituyan el poder al pueblo. Que impidan la profundización geográfica de la miseria y la emigración masiva insegura.
Nos pronunciamos por la liberación de los prisioneros de Guapinol y de todos los prisioneros políticos en Honduras, por el cese de las provocaciones penales expresadas en reformas que facilitan la criminalización de las protestas y contra los privilegios a los corruptos, quienes parecieran recibir amnistías anticipadas. Queremos de regreso la esperanza.
No queremos a los concejales judiciales liberados pese a los 600 delitos de corrupción cometidos entre octubre 2013 y febrero 2016, eso es un privilegio inaceptable. El doble rasero de la justicia de Argueta, que penaliza a unos y exime a otros, que encarcela ambientalistas y libera corruptos criminales. Eso es propio de regímenes despóticos. Y esto debe terminar.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C, 5 de noviembre 2021
