Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
La problemática con el gobierno por la intención de quiere aprobar una le y de consulta, con lo que estamos de acuerdo, pero tienen que consultarnos a nosotros, no puede ser en un grupo pequeño, porque nosotros con ley o sin ley los bienes son nuestros.
El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ya menciona la consulta previa, libre e informada, desde 1995, por lo que no necesitamos una nueva ley, deberían crear más bien un mecanismo como hacer la consulta, sin embargo, lo que pedimos es que se tome consentimiento de la gente de las bases y no sólo a dirigencia que están en hoteles de lujo tratando el tema, explicó Martín Gómez Vásquez, sub coordinador del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH.
En el municipio de Santa Elena, La Paz, se ha tenido experiencias en hacer consulta previa, para tomar decisiones en cuanto a la defensa del Río Chinacla, después de esta acción de parte de la población indígena Lenca, se dio una serie de hechos que atentaban contra la vida de los dirigentes.
Según el convenio 169 de la OIT, que se refiere a los derechos de los pueblos Indígenas y Tribales, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
También establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.
Y establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
Por lo que representantes de los pueblos Garífuna, Lenca, Maya-Chortí, Miskito, Pech y Tolupán, se reunieron desde ayer en Tegucigalpa para analizar y discutir el tema de la Consulta previa, libre e informada en sus territorios.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, no se puede aceptar un proceso que no toma en cuenta la propuesta que los pueblos indígenas presentaron hace un año y que quedó engavetada en el Congreso Nacional.
Parte de las propuestas, explicó Martín es que, si van a aprobar una ley de consulta previa, se deben cancelar todos los permisos de concesión.
Las movilizaciones sociales se dan el marco del aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, y son acompañadas por observadores internacionales, entre ellos una delegación traída por “La Voz de los de Abajo” de Chicago, Estados Unidos.
Berta Cáceres era la máxima dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y tras una serie de persecuciones, ataques, agresiones y criminalización, fue asesinada en su casa de habitación la noche del 2 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá. A un año del crimen, las autoridades no dan respuestas al caso que han declarado en “secretividad”.
Mi mami defendió los bienes indígenas, luchó por las consultas previas, y con esta nueva ley que pretende crear el gobierno, se violenta su memoria, su lucha además el Convenio 169 de la OIT que ya la establece, declaró Bertha Zúniga Cáceres, hija de Bertha Cáceres.
Honduras no deja de estar a la vista de la comunidad internacional en temas de DDHH, situación que preocupa más por las recientes reformas a Leyes que criminalizan las protestas sociales y coarta la libertad de expresión.
El Estado hondureño tiene la responsabilidad de respetar los ddhh, así lo manifestó Ericka Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, quien acompañó la manifestación social este día, que salió de la sede el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS, y que concluyó dos horas después frente a la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
Cargando unas mantas con la leyenda COPINH, esperaban bajo el sol de mediodía Isidro Molina y José Díaz, originarios de Intibucá, exigen que se paren los permisos de concesión de sus ríos, que se respete sus derechos cómo pueblos originarios y que se haga justicia por el asesinato de su lideresa Berta Cáceres.
Hablando poco español y extendiéndose más en su lengua materna, Lastenia Castro, cacica del pueblo Pech, en el municipio de Trujillo, costa norte del país, manifestó frente a CSJ que no se debe tener miedo para exigir justicia y la defensa de los bienes comunes, así como el esclarecimiento del asesinato de la defensora de DDHH Lenca, Berta Cáceres, hace un año.
Al finalizar la movilización social, Miriam Miranda, del OFRANEH, declaró que representantes de pueblos indígenas y negros de Honduras, hemos venido a la CSJ para presentar una impugnación al permiso de concesión del proyecto «Agua Zarca» en el Río Blanco, porque a un año del asesinato de su máxima defensora, Berta Cáceres, no se ha detenido el daño a los bienes comunes.
Se presentaron dos recursos de Inconstitucionalidad contra leyes que le dan vida a proyectos que van en contra del Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales. Su instalación fue sin la consulta previa establecida, explicó Víctor Fernández, parte del equipo legal de la familia Cáceres Flores y Zúniga Cáceres.
