Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de la Fiscalía de Derechos Humanos del pasado 29 de agosto dirigido a que reabrirá las investigaciones sobre las desapariciones forzadas por razones políticas, ocurridas en la década de los años ochenta y principio de los noventa, ha causado mucha expectación entre los familiares de los desaparecidos y desaparecidas.
Para las familias que durante 32 años han buscado verdad y justicia respecto de sus seres queridos, desaparecidos por “escuadrones de la muerte” en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos en Centroamérica, abre una puerta de dolor y a la vez de esperanza.
Este es el sentir de las familias de las víctimas que se reunieron el pasado 2 de octubre en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para discutir y analizar esta situación y definir estrategias para que no sea, según los familiares, una burla más del estado.
José María Reyes Mata, médico hondureño, desapareció el 17 de septiembre de 1983 junto al sacerdote jesuita estadounidense James Francis Carney, conocido cariñosamente como padre Guadalupe y otras 80 personas que integraban una columna guerrillera. Efectivos militares de Honduras les dieron captura en las espesas montañas de Olancho y se presume que habrían sido ejecutados en la base del Aguacate.
Melba Reyes, hermana del doctor José María Reyes Mata expresó que los periódicos de la nación publicaron el pasado 30 de agosto (curiosamente la fecha cuando se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido) , una noticia en la que establece que la Fiscalía de Derechos Humanos va a retomar el tema de las desapariciones forzadas de la década de los ochenta, entonces como siempre hemos estado aglutinados alrededor de COFADEH, porque nosotras somos COFADEH, entonces tuvimos esta reunión para definir qué acciones vamos a hacer de manera conjunta.
Reyes criticó que algunos familiares han acudido individualmente a la Fiscalía para indagar sobre el asunto pero que ahí no han recibido un trato adecuado y los familiares han revivido de esta forma su dolor, porque las personas que las han atendido les han dicho que ni siquiera están los expedientes de sus familiares, entonces eso es contradictorio a la noticia que están publicando.
COFADEH como interlocutor entre los familiares de los desaparecidos y el Estado
“Entonces tenemos que hacer un trabajo y acciones colectivas, acciones de grupo y acciones como comité, porque la preocupación es que esto no quede en una propaganda vacía, en un anuncio que nos haga albergar falsas esperanzas, falsas expectativas; o solo como una campaña mediática, eso es lo que no queremos, sino que sea una cosa seria, que se va a investigar y todos los familiares sabemos que ahí están los expedientes”.
“Además COFADEH ha sido un interlocutor durante muchos años y tiene también sus expedientes y ha contribuido con todos estos aparatos del estado para darles, la información, entonces sentimos que es como una burla que vayan familiares ahí, después de que ellos mismos (La Fiscalía) hacen el anuncio por los periódicos y los medios de comunicación y que les digan que no hay nada y que las personas que les atienden no sepan nada del asunto”, advirtió Reyes.
No queremos que se aprovechen de nuestro dolor, de nuestros sentimientos para hacer una campaña mediática, entonces estamos decidiendo qué acciones vamos a emprender de manera conjunta para evitar que esto sea una mentira más, una campaña mediática más, subrayó Melba Reyes.
Sobre la memoria histórica, lo que viene a la mente y que es válido recordar es que mi hermano José María Reyes Mata, el padre Guadalupe, René Bulnes Soleno, José Edwin Díaz Zelaya y tantos otros compañeros que entregaron sus vidas por una Honduras justa, una Honduras con igualdad para todos, una Honduras incluyente, una Honduras donde pudiéramos vivir en paz, con dignidad, sin pobreza extrema, sin violencia, todos esos ideales siguen vigentes hoy más que nunca, sostuvo Reyes.
Añadió que esta crisis que viene desde hace muchos años se ha profundizado y que estamos viviendo una etapa de nuevo terrible, de mucha represión, de militarización, de criminalización de las luchas sociales, donde más bien la pobreza se ha profundizado; donde no hay empleos, no hay oportunidades para la juventud y el estado sigue siendo un botín, entonces lo que tenemos es un montón de saqueadores y el estado ha dejado de cumplir mínimamente sus responsabilidades sociales con toda la población.
Jorge Maldonado Padilla, también formó parte de la columna guerrillera que fue exterminada por el ejército hondureño.
En torno a la reunión su hija Karla Maldonado dijo que el anuncio de la Fiscalía de retomar los casos de las desapariciones forzadas ha causado impacto en los corazones de los familiares, porque hay muchas madres que han partido, y las que están aquí son nuevas generaciones, ya no están las ancianas, pero no hemos dejado olvidados a nuestros desaparecidos ni nuestras luchas.
“Lo que no vamos a permitir es que nos traten de usar, para lograr fines que realmente que traten de cubrir con un dedo el sol, eso no lo vamos a permitir porque ya ha pasado tanto tiempo y todavía sigue la situación. Ellos (La Fiscalía) están perdiendo documentación y están pidiendo nuevamente declaraciones, están contratando a personal que no sabe nada del tema”, expuso Maldonado.
Karla Maldonado dijo que nuevamente se están volviendo a presentar casos de desapariciones forzadas, si observamos muchos jóvenes están desaparecidos, otros aparecen en costales, mi papá cuando desapreció estaba joven; y están volviendo esos tiempos y no podemos permitirlo, los que ya sufrimos eso no podemos darnos el lujo de que nuevas generaciones vayan a vivir nuevamente esta situación.
Maldonado enfatizó que el decreto de reparación para los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas de la década de los ochenta, aprobado durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya y que quedó en suspenso después del golpe de Estado de 2009, no solo contemplaba la reparación material por el daño causado, sino también incluía el juicio para los responsables de esos crímenes de lesa humanidad.
“Hubo unos puntos muy importantes en cuanto a reconocer a las personas cuyas manos que tienen sangre, que están bien involucrados y que ahorita están sirviendo de asesores en el gobierno, están sirviendo de asesores en instituciones, lo que significa que en vez de ayudar se va a volver a la misma situación, lo estamos viendo en las noticias cómo los derechos de las personas se están violentando, a los involucrados ya no les importa ni que las cámaras los filmen, ni les importa que existan testigos porque no se hizo nada antes, eso quiere decir que vayan a hacer juzgados ahora”, refirió Maldonado.
German Pérez Alemán fue secuestrado por seis hombres encapuchados, fuertemente armados, quienes lo introdujeron violentamente a un vehículo frente al monumento de Colón, en el Boulevard Comunidad Económica Europea. Antes de introducirlo al carro fue golpeado salvajemente y herido en la cabeza.
Los secuestradores fueron perseguidos y alcanzados por la patrulla # 12 de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SECOPT), al mando de los sargentos Juan Bautista Aguilar, Porfirio Martínez y el cabo Nicolás Aguilar Carrasco, quienes cesaron su carrera después que sus colegas se identificaron como agentes de Inteligencia Militar (G-2) al frente de una operación especial.
Pérez Alemán era el fiscal del Sindicato de Empleados Públicos de Mantenimiento de Carreteras, Aeropuertos y Terminales (SEPCAMAT).
Su hijo Gérman Pérez Gómez, apenas tenía 4 años de edad cuando su padre desapareció el 18 de agosto de 1982.
Pérez Gómez dijo que la única imagen que recuerda “es que él está en una hamaca, mi mamá le está sirviendo un plato de sopa y yo estoy sentado en una gradita, esa es la imagen más clara que tengo de mi papá”.
El seguimiento a casi todas partes que ejercieron desconocidos contra Gérman Pérez Alemán era una constante en la vida del sindicalista, y lo mismo ocurría con sus otros compañeros del movimiento social, comentó Gérman Pérez Gómez al recordar pasajes de la vida de su padre que le contó su mamá.
“Lo más seguro que en ese momento la idea era desarticular todo aquel pensamiento en contra de Washington, entonces así como lo sufrió mi padre esta persecución, lo sufrieron sus compañeros de sindicato”, sostuvo Pérez Alemán.
En 1982 desapareció Enrique López Hernández, nieto de la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Liduvina Hernández.
Enrique López Hernández fue secuestrado el 14 de enero de 1982 en la aduana terrestre El Guasaule, cuando ingresaba al país procedente de Panamá en tránsito por Nicaragua, en compañía de Julio César Méndez, María Ediltrudiz Montes y Francisco Samuel Pérez.
Al momento de su captura por parte de escuadrones de muerte del gobierno opresor de aquel momento, Quique cómo era llamado por sus familiares, amigos y compañeros de colegio, tenía 23 años, tenía una compañera de hogar y un hijo (de seis meses), Lenin Enrique López.
Quique era militante del Sindicato de Trabajadores de Envases Industriales Sociedad Anónima (STEISA).
Abordado por http://www.defensoresenlinea.com, Lenín Enrique López Martínez, hijo de Enrique López Hernández dijo que la familia lo alejó de conocer la desgarradora verdad sobre la desaparición forzada de su progenitor.
Lo que yo conozco de mi padre es gracias a mi mamá, mi abuela y toda mi familia, y solo bondades, mi padre era un ser extraordinario, creo que todos, tíos, primos, hermanos de mi padre, solo han hablado grandes cosas; era un tipo soñador, una persona luchadora y sin prejuicios.
“Su liderazgo era algo innato, sus compañeros en la universidad, sus compañeros en el colegio hasta hoy en día lo recuerdan, casualmente hace un mes nos visitó una persona del exterior que conoció a mi padre en un equipo de futbol y quedó impactado con él, tanto así que s último recuerdo antes de irse fue que él lo fue a despedir y eso dice mucho de una persona”, relató Lenín Enrique.
Lenín Enrique que hoy tiene 37 años señaló que su familia ha podido sobrellevar el dolor gracias al apoyo del COFADEH y que lo que esperan los familiares de los desaparecidos es que el estado les diga dónde están, “y algo importante es que cesen las desapariciones y que no se repitan porque hay destrucción familiar, pero sobre todo lo que queremos es que se esclarezcan los hechos, nos digan dónde están, que nos digan quiénes fueron los que lo hicieron, que se castigue a las personas culpables y sobre todo que no se repita, no más impunidad”.
Tomás Nativí Gálvez fue forzado a actuar en la clandestinidad igual que miles de hondureños amantes de su patria. Es pública en Honduras la militancia de Nativí en la dirección de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), que ha combatido por la vía armada la ocupación extranjera y las estructuras terroristas y corruptas del país.
Por asumir ese reto en la vía que demandaba el momento, fue una noche trágica, la noche del 11 de junio de 1981, cuando hombres encapuchados y fuertemente armados lo secuestraron violentamente junto a Fidel Martínez.
Que esto no quede en una propaganda vacía sostienen los familiares de los desaparecidos
Bertha Oliva de Nativí, su esposa en estado de embarazo, estaba junto a ellos al momento del secuestro. La sometieron por la fuerza; la maniataron y le vendaron los ojos.
Mélida Nativí, hermana de Tomás señaló que la reunión sostenida con los familiares de los detenidos desaparecidos “siento que ha sido un reencuentro con amigas y compañeras que también tienen a familiares desaparecidos”.
“He sentido que la reunión ha sido bastante provechosa, una para conocer las opiniones de las participantes y la otra para compartir las experiencias de las madres, hermanas, esposas que tienen desaparecidos, especialmente en esta década; porque lastimosamente se siguen perdiendo vidas humanas que quizás serían un talento para esta sociedad, especialmente en esta situación que estamos viviendo, que es una situación de desigualdad, de inequidad donde no hay justicia y la verdad la quieren tomar como a ellos les interesa, desinformando a la población”, resaltó Nativí.
Nativí añadió que lo que pretenden es desarticular a organizaciones importantes que lo que buscan es justicia y verdad, como es el caso del COFADEH que ha sido denigrado por este gobierno, pero todas estamos conscientes qué es, lo que busca este gobierno, en donde lo que ha reflejado es corrupción e impunidad.
“Tomás era un hermano que siempre me anduvo orientando para que fuera una buena lectora, siempre me regalaba un libro, cuando me miraba viendo una novela en la televisión me decía que eso no me iba a sacar ningún provecho; me regalaba colecciones de libros, recuerdo que él me regaló “Los Miserables” de Víctor Hugo, eso también yo hice con mis hijos”, relató Mélida Nativí.
La práctica de desaparecer personas por razones políticas, se inicia en Honduras en el año de 1979, pero se practica con mayor intensidad a partir del año de 1981.
Las Desapariciones Forzadas en Honduras han sido una práctica ejecutada y tolerada por las autoridades del Estado. La Desaparición de más de 200 personas es la prueba irrefutable de lo que la desaparición forzada fue una política de Estado durante los años ochenta.
La creación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) constituye una acción concreta de la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a la vida y al debido proceso entre otros derechos violados.
En las próximas semanas el estado de Honduras presentará un Informe al Comité de Trabajo sobre Desaparición Forzada y esperamos no solo sea para cumplir con un requisito, sino que contemple la reapertura en las investigaciones de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos derivadas en desapariciones forzadas, ejecutadas por agentes del Estado en la década de los años ochenta y principios de los noventa.
El Estado hondureño no ha tenido voluntad política para enjuiciar a los responsables de estas desapariciones.
El Gobierno hondureño no puede presentar un informe sobre nuevas desapariciones, si antes no se han investigado las desapariciones del pasado, porque lo que ha existido es una complicidad del estado con los ejecutores de las desapariciones forzadas.
El Estado está en deuda con las investigaciones sobre las desapariciones forzadas. De hecho no llevó a cabo las recomendaciones planteadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza en 1993, en su informe “Los hechos hablan por sí mismo”, informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980- 1993.
Tampoco se continuó con las primeras investigaciones practicadas por la primera fiscal de DDHH Sonia Marlina Dubón, ni Aida Romero.
Es importante resaltar que en la administración de Sonia Marlina Dubón se presentaron requerimientos fiscales y se realizaron exhumaciones, igualmente durante la gestión de Aida Romero. En este periodo los familiares de los desaparecidos se sintieron representados y tomados en cuenta, no olvidados como ahora.
No queremos creer que el Estado, al igual como lo hizo con la Ley de Protección de defensores de DDHH ante el EPU de Naciones Unidas, haga lo mismo con el Comité de Trabajo de desaparición Forzada, al no incluir investigaciones del pasado, dijo la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
