Tegucigalpa.- El 14 de septiembre fue asesinado en el municipio de Tocoa, Colón, el coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, delegado de la palabra de Dios, líder de la Iglesia Católica y defensor de los derechos humanos, Juan Antonio López.
Para el día 7 de noviembre de 2024 estaba prevista la celebración de la audiencia preliminar en el Juzgado de Jurisdicción Nacional de criminalidad Organizada y Ambiente con sede en la ciudad de San Pedro Sula, en el proceso judicial contra tres supuestos autores materiales del asesinato de Juan López, pero a petición del Ministerio Público la misma fue reprogramada.
Organizaciones de derechos humanos, articuladas en espacios ciudadanos, han exigido, mediante pronunciamientos públicos, que la investigación y judicialización también alcance a los responsables partícipes, cómplices e intelectuales de los hechos.
Las organizaciones reconocen los esfuerzos hecho por el sector justicia hasta esta fecha, en la identificación, detención y enjuiciamiento de tres personas presuntamente responsables del asesinato de Juan.
“Le recordamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad subsiste si no se determina la totalidad de la verdad y de las responsabilidades de este crimen”, señala en un comunicado Coalición contra la Impunidad zona noroccidental.
Y, a la vez, exige que la investigación y judicialización también alcance a los responsables partícipes, cómplices e intelectuales de los hechos.
En ese mismo término se pronunció el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al indicar que “sin llegar a los autores intelectuales: red criminal que planificó, organizó y financió este horrendo crimen, y que continúa amenazando a todo el colectivo que lucha desde las organizaciones y comunidades en resistencia, frente al ilegal megaproyecto minero-energético Pinares-Ecotek, no habrá justicia para Juan López.
“No habrá justicia sin el formal procesamiento y captura Inmediata de los ejecutivos de pinares-ecotek -prófugos de la justicia con la complacencia de los entes competentes, y demás funcionarios del poder legislativo y ejecutivos implicados en la explotación ilegal y daños señalados que no menciona el requerimiento fiscal de la FEMA, ventilado en los juzgados de jurisdicción nacional en materia de corrupción y ambiente, en Tegucigalpa, MDC”, dice el comunicado Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Asimismo indican que no habrá justicia sin que el Estado de Honduras garantice la aplicación efectiva e inmediata de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todo el colectivo defensor.
Por su parte, la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH señala que el Estado de Honduras no cumplió con la implementación efectiva de las medidas cautelares MC-137-2023 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las personas integrantes del CMDBCP y del Bufete Justicia para los Pueblos.
“Nos preocupa que la falta de implementación de tales medidas se debe al debilitamiento del Mecanismo Nacional de Protección y que, hasta el momento, no se han adoptado todas las medidas necesarias para fortalecerlo y garantizar la prevención de las amenazas y la protección de las personas defensoras de derechos humanos beneficiarias de dicho mecanismo”, dice la Mesa de Seguimiento en su pronunciamiento.
También ven como un paso necesario la identificación, detención y enjuiciamiento de tres personas a quienes se les presume responsables del asesinato de Juan, pero no es suficiente si no se identifican y sancionan también a las personas responsables intelectuales, cómplices y partícipes.
Finalmente hace un llamado al Estado para que adopte un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, tal y como está establecido en la sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos en el caso Carlos Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras, que es de obligatorio cumplimiento para las autoridades estatales.
Juan López, era pedagogo, defensor de los bienes comunes de la naturaleza, coordinador del Comité Municipal de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, regidor por el partido Libertad y Refundación, además, era delegado de la palabra de Dios y educador popular.
López fue encarcelado en el 2018 junto a otros compañeros por la defensa del río Guapinol y San Pedro, auténtico defensor de la montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
