Tegucigalpa, Honduras.- Por el accionar de un juez o jueza incapaz y haragán, hay ocho defensores del río Guapinol y Río San Pedro, privados de libertad, ya que no se probó méritos suficientes, según criterio de Ramón Barrios, abogado constitucionalista.
El togado expuso que un ciudadano puede ir a prisión preventiva si el juez prueba que el privado de libertad demuestre peligro de fuga, en el caso de Guapinol, ellos se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Público, junto al su equipo de defensa.
Otro punto, es que el privado de libertad retorne a la organización delictiva, en este caso no existe, sino que es un grupo de defensores de los bienes comunes de la naturaleza y reconocida por el Estado.
Si se demuestra que ellos –defensores- atentarán o ejecutarán actos de represalia en contra del denunciante. Aquí el denunciante es una empresa que ha atacado a los defensores y al pueblo de Guapinol. El orden de los factores se ha invertido en este país, porque la empresa privada tiene vigilantes privados pagados por el pueblo.
Lo anterior, se refiere a que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar están a las órdenes como “guachimanes” particulares (vigilantes) de la empresa privada que nos está quitando nuestros recursos, y son pagados con el dinero público, que son los impuestos pagados por nosotros, y no brindan seguridad jurídica el cual es un derecho ciudadano, afirmó el abogado Barrios.
Y como cuarto punto, que la investigación no se haya realizado y sea obstruida por el privado de libertad. Aquí la investigación ya se había realizado, es por eso que la defensa técnica está solicitando una audiencia de revisión de medidas.
Se debe revisar que, ni el juez es competente y que no se dieron los cuatro requisitos para la prisión preventiva. Por lo tanto los compañeros tienen derecho a defenderse desde la libertad y enfrentar el juicio, detalló Barrios, en una comparecencia ante la prensa, la semana anterior en Tegucigalpa.
La detención de los compañeros de Guapinol es ilegal e inconstitucional, denunció catedrático universitario, porque las normas del Código Procesal Penal ya establecen esa resolución de mandarlos a prisión preventiva en base a los cuatro requisitos y explicar las razones; y ninguna la explicó la jueza, con lo que falta a sus funciones de motivar la resolución y encajar los hechos en la situación jurídica de los compañeros de Guapinol.
La Justicia es un valor, y en Honduras no se está impartiendo justicia, se imparte la Ley, la cual está hecha normalmente por los poderosos. Es así que no debería de haber defensores de derechos humanos presos, porque ellos más bien están apoyando el Estado de Derecho. Ramón Barrios
Para esta tarde 5 de noviembre, se tiene prevista la audiencia de revisión de medidas, esperando que se actué en base a ley y sean liberados los ambientalistas: Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, presos políticos por defensores del agua.
Arbitrariamente, los defensores fueron enviados por resolución del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a la cárcel de máxima tortura “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, y no al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro, desobedeciendo una resolución de un juzgado de ejecución penal, y atendiendo la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que preside el –impuesto- presidente de la República, también está el fiscal general de la República, el presidente del Congreso Nacional, el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad.
-Cabe señalar que, la semana anterior, finalmente los defensores de Guapinol, fueron trasladados a la cárcel de Olanchito, aunque la exigencia es la libertad definitiva.-
“El mismo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que fue incapaz de darse cuenta que el hermano del -ilegal- presidente de la República por diez años traficaba cocaína a gran escala a los Estados Unidos”.
“Este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que la Fiscalía del Distrito Sur los Estados Unidos lo desnudó, no solamente como incapaces porque nunca se dieron cuenta, sino que son parte del tráfico de este país porque se utilizaron las instituciones de este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: Fuerzas Armadas, policía y pistas de este país para traficar cocaína a los Estados Unidos”.
Barrios agregó que, es este mismo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tiene a los compañeros de Guapinol, presos en un sistema penitenciaron donde las mismas autoridades penitenciarias se coluden con los autores materiales para causar la muerte de los privados de libertad, como se ha visto en videos recientes de asesinatos en las cárceles de La Tolva (El Paraíso) y El Pozo (Santa Bárbara).
Más de cien organizaciones nacionales e internacionales urgen a la jueza Lizeth Vallecillo, revisar medidas de Guapinol para garantizar que enfrenten proceso legal en libertad, en el país catalogado por Global Witness como “el más peligroso del planeta para defender el ambiente.
