Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Ninguno de los nuevos casos de desaparición forzada al igual que los registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), han sido objeto de investigación, ni persecución penal contra los violadores de derechos humanos, ni castigo a los responsables; ni reparación para los familiares de las víctimas, según la memoria histórica escrita por este comité.
El informe que el gobierno de Juan Orlando Hernández presentó ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, muestra que no existen avances en la investigación sobre los casos y que su legislación no está acorde con los estándares internacionales para combatir estos crímenes de lesa humanidad.
La comparecencia de Honduras se dio en el marco del 14 período de sesiones del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene lugar del 22 de mayo al 1 de junio. El gobierno desplazó a 12 personas a Europa para brindar el informe. En dicha delegación viajaron representantes de Seguridad, Derechos Humanos, Fiscalía, Defensa, Procuraduría General, el Congreso Nacional y la Misión Permanente de Honduras ante el organismo mundial.
Entre tanto una modesta delegación de la auténtica sociedad civil hondureña, aglutinada en la Coalición contra la Impunidad conformada por más de 50 organizaciones; presentó su informe alternativo.
El Gobierno de Honduras remitió ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas su informe inicial el 17 de marzo de 2016, en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El estado de Honduras expuso que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) posee competencia para recibir denuncias sobre desapariciones forzadas y como parte de las actividades realizadas el CONADEH sigue capacitando al personal en las unidades militares, de la policía civil y de la misma Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el fin de respetar los derechos humanos y prevenir las violaciones de derechos a las personas.
Entre 2015 y 2016 el CONADEH recibió 50 denuncias de casos de desaparición forzada, y el Ministerio Público (MP) detalló que actualmente se investigan 63 casos, de los cuales 61 víctimas son de nacionalidad hondureña y 2 estadounidenses.
El Gobierno dijo ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en cuanto a la participación de agentes del estado, en 25 de los casos denunciados, hay indicios de participación estatal y en los 38 casos restantes se desconoce el autor del delito.
Por otra parte el estado informó que el nuevo Código Penal aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, pero que, no obstante, Honduras mantiene su compromiso de informar al Comité cuando se apruebe la nueva normativa.
La lucha contra el narcotráfico ha sido invocada por el Estado para desviar la atención en relación a su responsabilidad en el fenómeno de la violencia o inclusive para justificar las muertes por razones políticas.
El COFADEH como miembro de la Coalición contra la Impunidad, envió su informe en el cual registra 13 personas detenidas desaparecidas en forma forzada. Los detenidos desaparecidos eran generalmente defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia, especialmente líderes o coordinadores del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) o simplemente personas acusadas de colaborar con el Frente.
El FNRP se constituyó durante las masivas movilizaciones surgidas posterior al golpe de estado de 2009, donde un grupo de la clase política, empresarial, militar y religiosa, se unió y con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, defenestraron al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, electo para el periodo 2006-2010.
Cabe mencionar que en ninguno de estos 13 casos de desapariciones forzadas se han juzgado a los responsables materiales e intelectuales de esta grave violación a los derechos humanos y, en cambio, sí se han podido documentar constantes hostigamiento y amenazas en contra de los familiares de las víctimas de desaparición forzada que luchan por la presentación con vida de sus familiares.
Líderes sindicales y defensores de DDHH entre las víctimas de desaparición forzada
Son ejemplos de este tipo de hostigamientos los registrados en los casos relacionados con los familiares del dirigente sindical Donatilo Jiménez detenido desaparecido el 8 de abril de 2015 y de los parientes del líder comunitario José Reynaldo Cruz Palma, desaparecido el 30 de agosto de 2011. Casos emblemáticos que acompaña el COFADEH.
En el caso de Donatilo Jiménez el Estado informó que presentó requerimiento penal por el delito de secuestro ya que de las investigaciones se evidenció que quienes cometieron el hecho fueron miembros de una banda de crimen organizado, que actuaron sin participación estatal de ningún tipo.
En referencia al caso de Manuel de Jesús Bautista señala que el Ministerio Público presentó habeas corpus y otras diligencias investigativas.
Posterior a la crisis post electoral, surgida por la elección ilegal y fraudulenta de Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras, el comité tomó nota de la desaparición forzada del joven de 23 años Manuel de Jesús Bautista Salvador.
El 3 de diciembre del 2017 a las 7:30 de la noche, Manuel de Jesús Bautista fue detenido con un compañero por la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) durante el toque de queda, en Naco, Cortés.
El comité expresó en su informe enviado al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que las desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos responden a una política de eliminación y control de la disidencia política y que, actualmente, el Estado hondureño la sigue usando de manera selectiva en contra de este sector social.
Sin embargo, la práctica de desaparición forzada, sobre todo después del 2006, bajo la llamada guerra contra el narcotráfico, y actualmente con la política de seguridad no sólo afecta directamente a la disidencia política sino también a amplios sectores de la sociedad como son los jóvenes y las mujeres.
Es decir, que la práctica de la desaparición forzada pasó de ser sólo un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política a un mecanismo más amplio de control social y despojo territorial. Practica que se beneficia de total impunidad y falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación en los casos de desaparición forzada y que este hecho trasmite el mensaje a los perpetradores de que se puede continuar cometiendo desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de derechos humanos sin consecuencias legales.
Otros escenarios envuelven los nuevos casos de desaparición forzada en Honduras
El COFADEH también registró casos de desaparición forzada ejecutados en un escenario de contradicción política por la tenencia de la tierra. Las demandas de los sectores campesinos por lograr un pedazo de tierra han tenido como respuesta del estado, la represión, el hostigamiento, la persecución y la criminalización.
Amplios territorios están bajo el control militar, especialmente en el Bajo Aguán, la mosquitia hondureña y la zona central del país. La represión que se ejerce contra todo tipo de protesta u oposición a las políticas gubernamentales, ha desembocado en 123 asesinatos de campesinos y 6 víctimas de desaparición forzada.
Por otra parte el comité informó que existen casos de desapariciones forzadas que han tenido lugar en contextos de alta violencia e inseguridad, donde personas que no tienen ninguna militancia social o política, son señaladas o estigmatizadas como miembros de organizaciones criminales por parte del Estado o que se encontraban en medio de operativos militares o policiales, y fueron desaparecidas.
Este grupo de personas víctimas de desaparición forzada son los casos más difíciles de documentar, motivo por el cual no se tiene una cifra exacta de su incidencia. Estas víctimas de desaparición generalmente no cuentan con recursos de Habeas Corpus y la mayoría de sus familiares, por miedo a que las autoridades estén involucradas o porque fueron intimidadas por las mismas para no hacer la denuncia, han dejado el caso al margen de la acción de la justicia. No obstante el COFADEH registra 50 casos, la mayoría ocurridos en la costa norte del país, especialmente en el departamento de Cortés y Atlántida.
Después del derecho a la verdad, es el acceso a la justicia el derecho que tienen los familiares de las víctimas, en la lucha contra las desapariciones forzadas. En Honduras no hay recursos efectivos que les permitan iniciar acciones judiciales, administrativas o de otra índole.
La investigación es uno de los problemas más graves en cuanto a las desapariciones forzadas. La impunidad sistemática, desde la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en los años 80 que dejó más de 184 desapariciones forzadas hasta los casos recientes, es la misma, en 24 años, el Ministerio Público no ha desarrollado métodos de investigación que permita detectar los patrones del crimen, los perpetradores y la localización de la víctima.
