Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- Los defensores de Guapinol y el sector San Pedro ubicados en Tocoa departamento de Colón, continuaran privados de libertad en el centro penitenciario de Olanchito, Yoro, porque la jueza Lizeth Vallecillo expresó que hay una posibilidad que los defensores del agua y de la vida sean condenados, por lo que les negó las medidas distintas a la prisión preventiva, en la audiencia de revisión de medidas realizadas hoy.
Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, presos políticos por defender el agua y la vida, continuaran privados de libertad anunció Omar Menjivar, quien forma parte del equipo de defensa de los siete ambientalistas.
Menjívar señaló que la jueza Lizeth Vallecillo expresó que existe un riesgo de que al otorgarle las medidas distintas a la prisión los defensores se integren nuevamente a la organización, y que además existe la posibilidad de condena y que para evitar recurran a la fuga, las mismas son negadas.
“La resolución de la jueza está basada en fundamentos inválidos porque dice que lo que existe es la posibilidad a que sean condenados a una pena que de por si es grave de acuerdo a los indicios que valoro, sobre la participación supuesta de los acusados en los delitos que se les atribuyen, estima que hay una posibilidad sin prejuzgar aclara ella, que en realidad eso es lo que está haciendo, porque dice que existe la posibilidad a que sean condenados a esas penas porque las mismas son graves y que eso animaría a los imputados a fugarse para evadir la condena, segundo por el riesgo que existe de que se incorporen a la organización a la que pertenecen”.
“Y eso es una arbitrariedad departe de la juez porque lo que establece el Código Procesal como presupuesto para legitimar eventualmente una prisión preventiva es que exista el riesgo a que se incorporen a una organización criminal a la que pertenezcan los acusados, pero en este caso no pertenecen a ninguna organización criminal y ella además lo descarto cuando dictó sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita, entonces ahora se contradice, pero luego dice que para nadie es desconocido que ellos pertenecen a una organización, que aunque dicen que son defensores del ambiente, se dedican a actividades ilícitas, entonces ella está manifestando de plano un perjuicio que tiene en contra de las personas acusadas en este caso y está prejuzgando, los está considerando culpables y no inocentes, como establece la Constitución y la ley”, añadió Menjivar.
Así mismo dijo que la negación de medidas obedece al carácter político del caso.
“Yo creo que esto reafirma el carácter político que tiene, la persecución que ha sido emprendida para los defensores y defensoras del ambiente y en este caso en particular del Rio Guapinol allá en Tocoa; ratifica, digo, carácter político de la persecución emprendida y de algún modo pone de manifiesto como el sentido corporativo que el sistema asume en este caso, como la Fiscalía, policía y juzgados, sintiéndose como aliados, como parte de un mismo equipo en contra de lo que ellos consideran que es el mal, que es la acción ciudadana en defensa de los derechos humanos”.
Y pareciera estar arreglada y pareciera que la jueza dicta una resolución cumpliendo instrucciones, porque de hecho no quería escuchar nuestras argumentaciones, ponía resistencia al uso de la palabra cuando nosotros se la pedíamos, porque dijo que íbamos a repetir lo mismo, van a redundar y ella no sabe lo que íbamos a decir, pero estaba como apurada por resolver y esa es la impresión que nos da, que ha cumplido una instrucción, no sabemos de quien.
Señaló el abogado que este resultado solo nos plantea el reto de seguir en la lucha y ahora lo que sigue es presentar un recurso de apelación para el que tenemos tres días a partir de hoy.
Por su parte, Esly Banegas de la coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA ) y miembro del Comité de Defensa de los Bienes Comunes, expresó que la decisión de la jueza es una prueba más de la confabulación en contra de los defensores.
“Para nosotros es una prueba más de cómo están confabulados, de cómo hay toda una decisión desde una empresa minera que de manera fraudulenta ha obtenido una concesión y que hoy está manifestado que continúan criminalizando la labor de la defensoría del ambiente y del derecho al agua y a la vida, esto es una muestra de que aquí no hay justicia, de que aquí la justica está a favor del que le indica la posición y la presiones de la manifestación y del dinero.
También añadió que no sabe porque la jueza no permitió el ingreso de observadores, pero que a su parecer ya había una intención de denegar la petición por parte de la defensa de los defensores de Guapinol.
“No sabemos porque no permitió el ingreso, pero lo que si manifestamos es que nos parece que ya había la intencionalidad de resolver en contra de la petición de la defensa de nuestros compañeros”.
Así mismo, Juan López, coordinador del Comité Municipal en Tocoa y que también estuvo en prisión por defender los bienes comunes y la naturaleza, dijo a defensoresenlinea.com que “creo que en un orden como el que vivimos en el país, cada persona, cada funcionario cumple una función en el marco de la Constitución, pero también cumple una función en el marco del despotismo en el que está el país.
Agregó que cree que la jueza Lizeth Vallecillo ha tomado una decisión no de los principios constitucionales y del orden jurídico que rige su funcionamiento, si no en función de los intereses empresariales que están detrás de todo este orden.
Indicó que lo que procede ahora es seguir con lo que ya dicen los abogados el recurso de apelación y luego profundizar nuestra organización, nuestra movilización y nuestra lucha por la defensa de los compañeros y la defensa del territorio.
Cabe señalar que mientras familiares, compañeros y amigos permanecía afuera del Juzgado de Jurisdicción Nacional a la espera de la audiencia de revisión de medidas reprogramada para este día en el caso de los defensores de Guapinol, encarcelados por defender el medio ambiente un Policía preventivo les tomaba fotos desde El edificio del Tribunal en Materia de Extorsión.
Los defensores del agua y de la vida se encuentran en prisión desde el mes de agosto acusados de dos delitos de incendio agravado, uno en perjuicio de Inversiones Los Pinares y daño agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea, pero esto es en represalias por defender el agua, la vida en el territorio que es área protegida del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora montaña Carlos Escaleras y defenderla de los proyectos mineros que no dejan nada bueno a las comunidades y provocan daños ambientales graves.
La defensa anuncio que apelaría a la decisión de la jueza y que estaría presentando la misma en los próximos tres días a partir de hoy.
