Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), desarrolló en esta capital el foro: “Debida Diligencia en las investigaciones de Violaciones a Derechos Humanos/Avances y Obstáculos”.
Al evento asistieron representantes del Ministerio Público (MP), jueces, médicos forenses, expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, fiscales, representantes de la agencia de cooperación TROCAIRE, redes de defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas de casos presentados ante la Corte-IDH, académicos, investigadoras sociales y periodistas de diferentes medios de comunicación.
“La Mesa de Seguimiento” está conformada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, Casa Alianza, Pastoral Social (CARITAS), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL), con sede en Costa Rica.
“La Mesa de Seguimiento” tiene como propósito, monitorear e impulsar la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte-IDH, haciendo incidencia para lograr su efectivo cumplimiento y consolidar cambios estructurales para la reparación de las víctimas y la no repetición de violaciones a los derechos.
El estado de Honduras no ha mostrado avances serios en las investigaciones que permitan enjuiciar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ni ha cumplido con una serie de requerimientos planteados, en al menos 10 de las 12 sentencias condenatorias, dictadas contra Honduras, por parte del tribunal internacional.
El auditorio volvió a escuchar las mismas argumentaciones esgrimidas en todos los foros relacionados a la falta de diligencia en las investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos. No hay presupuesto, no hay personal y no hay equipo.
En el bloque de discusión titulado: “Los obstáculos fácticos y normativos para desarrollar una investigación diligente en Honduras”, participó la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, quien abordó la experiencia de las organizaciones como representantes de las víctimas ante la Corte-IDH.
“Lo que se necesita es garantías de independencia suficientes para investigar los casos, y podemos pensar en integrar una Unidad Especial adscrita al MP, pero independiente, conformada por personal internacional para investigar específicamente los casos de las sentencias de la Corte-IDH”: Bertha Oliva
Al respecto, la reconocida defensora de derechos humanos reseñó cómo era en el pasado el sistema de justicia, con un marcado orden inquisitorio, donde el juez tenía poderes omnímodos, “él no era auditable, era un dios, casi nunca una diosa, era un dios amigo de las autoridades cuestionadas, de los militares imputados y enemigo de la verdad y de la justicia; pero sobre todo enemigo de las víctimas”.
Oliva cuestionó la forma en que el poder Judicial manejó los asesinatos políticos, a partir de las desapariciones forzadas perpetradas por “escuadrones de la muerte” en Honduras, en donde se contabilizaron más de 200 detenidos desaparecidos por razones ideológicas.
Sobre este particular, la Coordinadora del COFADEH comentó sobre el terrible manejo que se hizo en el crimen de Juan Humberto Sánchez cometido en 1992, cerca de la frontera con El Salvador.
“Donde la justicia manoseó su osamenta, humillaron a la familia, descalificaron a las víctimas, manipularon a sus seres queridos y lo que es peor, dividieron a su comunidad. Ese fue un caso emblemático (llevado por COFADEH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo sentencia condenatoria”, dijo.
Cómo es posible entonces que hablemos de investigar así, cuando ha existido indefensión absoluta de testigos, con la quema de evidencias documentales en poder de las autoridades, todo mundo recuerda cómo quemaron información en una unidad policial, con la presencia incluso de los culpables en puestos de decisión, sostuvo.
Agregó que entre 1990 y el 2000, no había una dirección forense independiente, lo que había era un par de “levanta-muertos”, dependientes del juez y cómplices de la impunidad, adulteraban escenas, cambiaban las descripciones forenses para culpar al muerto y los partes (judiciales); eran reinventados.
El discurso era que el estado no tenía recursos financieros, ni equipos técnicos suficientes para hacer la investigación, y que por eso no se podía llegar con prueba hasta el o los culpables, recalcó.
Consultada acerca de lo que debe hacerse en el presente, Oliva dijo que “lo que se necesita es garantías de independencia suficientes para investigar los casos, y podemos pensar en integrar una Unidad Especial adscrita al Ministerio Público, pero independiente, conformada por personal internacional para investigar específicamente los casos de las sentencias de la Corte-IDH”.
Necesitamos desde la sociedad civil un laboratorio de seguimiento social, con máximas medidas de protección a “testigos clave”, para monitorear las sentencias, a través de indicadores de cumplimiento en materia de investigación criminal y en los casos juzgados, pero pendientes de cumplimiento, puntualizó Oliva.
“Nosotras sabíamos como familiares, que ellos estaban protegidos y bajo la custodia militar, no esperábamos entonces que nos entregaran a las víctimas en ataúdes, sino que salieran un día libres, después de pagar sus errores”: Oneyda Teruel
Por su parte, Oneyda Teruel, madre de uno de los 107 privados de libertad, que murieron calcinados en un incendio que se produjo en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004, expresó que el “recuerdo de mi hijo nunca ha pasado, vive siempre conmigo”.
Teruel señaló que las autoridades hondureñas, especialmente las encargadas de los centros penales, aún y cuando sabían de la situación de hacinamiento y otras deficiencias mostradas, no hicieron nada por resolver la situación.
“Nosotras sabíamos como familiares, que ellos estaban protegidos y bajo la custodia militar, no esperábamos entonces que nos entregaran a las víctimas en ataúdes, sino que salieran un día libres, después de pagar sus errores”, apuntó.
Nos han tenido negándonos la verdad, de quiénes fueron los culpables de estos hechos, de todo lo que pasó, ¿por qué nos han negado la verdad hasta este momento?, tantos años han pasado y nosotros esperando la respuesta de las personas que dicen ser solidarios con uno, el acuerdo amistoso (del estado) con los familiares, hasta este momento nosotros no hemos visto nada, explicó.
El Fiscal Especial de Derechos Humanos, Jacobo Santos explicó que el Ministerio Publico (MP) ahora dirige las investigaciones, pero “el talón de Aquiles ha sido la investigación”, se va a seguir mejorando a medida que se vayan potencializando las fiscalías con fiscales capaces y comprometidos con una justicia pronta y efectiva en un plazo razonable.
Santos indicó que nos encontramos bajo un sistema acusatorio, por lo que los fiscales deben convencer a 3 jueces sobre un caso, y estos jueces toman decisiones colegiadas.
“Sé que se está trabando mucho en la investigación, porque realmente quien debe dirigir técnica y jurídicamente la investigación es el fiscal, porque hay varias etapas en el proceso”, comentó.
Siento que hemos dado respuestas a violaciones de derechos humanos, aseguró el fiscal.
“El talón de Aquiles ha sido la investigación”: Fiscal Jacobo Santos
Pese a lo afirmado por el fiscal Santos en torno a virtuales avances en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, las sentencias condenatorias emitidas por la Corte –IDH remarcan en el hecho de que ha existido falta de diligencia para sancionar a responsables de violaciones a derechos humanos, e incluso obstaculización de las investigaciones.
Para citar un ejemplo, en el caso Pacheco Teruel y otros vrs el Estado de Honduras, la Corte-IDH, manifestó que pese a dirigir la actividad procesal contra el entonces director del centro penal de San Pedro Sula, no se investigó con la debida diligencia a ninguna otra autoridad. La Corte insiste en que la verdad debe conocerse.
En el caso Juan Humberto Sánchez, quien fue detenido en dos ocasiones por las Fuerzas Armadas de Honduras, por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, su cadáver fue encontrado el 22 de julio de 1992, con marcas de tortura.
Los recursos interpuestos para investigar los hechos y sancionar a los responsables resultaron inefectivos.
El Tribunal Interamericano consideró en su sentencia que las autoridades no tomaron las medidas necesarias para preservar la prueba que había en la escena del crimen y realizar una autopsia que permitiera hacer una investigación seria, efectiva y exhaustiva de lo sucedido, para sancionar a los responsables.
En esta sentencia, se ordenó al Estado de Honduras, implementar un “registro de detenidos” que permitiría controlar la legalidad de las detenciones, medida que todavía no ha sido implementada adecuadamente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), es el órgano jurisdiccional encargado de velar por el respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, cuya competencia fue reconocida por Honduras el 9 de septiembre de 1981.
A través de este reconocimiento, el estado hondureño ha aceptado someterse a que el Tribunal interamericano conozca y resuelva sobre casos que impliquen su responsabilidad internacional, por violaciones a los derechos humanos.
A la fecha la Corte-IDH, ha dictado 12 sentencias contra el Estado de Honduras, ordenando diversas medidas de reparación para las víctimas. El denominador común en todas las sentencias es la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de los hechos denunciados.
Las sentencias dictadas contra el estado de Honduras corresponden a los casos: Angel Manfredo Velásquez (1989), Saúl Godínez Cruz (1989), Juan Humberto Sánchez (2003), Antonio Servellón García y otros (1999), Blanca Jeannette Kawas (2009), Pacheco Teruel y otros (2012), Luna López (2013), Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros (2015), Angel Pacheco León (2017).
Para vigilar que el estado de Honduras, brinde el debido cumplimiento de las sentencias, organizaciones nacionales e internacionales, han conformado la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte-IDH.
El Foro promovido por la Mesa de Seguimiento se produjo en momentos cuando miles de hondureños y hondureñas han emigrado del país, huyendo del hambre, la violencia común, la violencia política y la desesperanza, tratando de encontrar refugio en otros países como México y Estados Unidos, que les permita reconstruir sus vidas.
A raíz de esta situación, también se han generado desde la ciudad de El Progreso, Intibucá y otras ciudades, movilizaciones masivas en apoyo a los compatriotas migrantes, en rechazo frente al régimen ilegal de Juan Orlando Hernández y en exigencia para que el usurpador abandone el poder y se convoque a elecciones libres para instalar una Asamblea Nacional Cosntituyente,
