Tegucigalpa.
Esta mañana los hijos del presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, asesinado el pasado martes, hicieron pública la información que su padre les confió donde daba detalles de las violaciones a los derechos humanos en la zona, y nombre de una supuesta banda paramilitar que opera en la región.
Ángel Lenin Flores, hijo de José Ángel Flores, quien era presidente del grupo campesino desde enero del 2015, mostró ante medios de comunicación copia de una documentación que “contiene detalles de los diferentes crímenes ocurridos desde antes del 2011, asesinatos, violaciones, desapariciones de miembros del MUCA y personas que trataban de solucionar el conflicto campesino en el Bajo Aguán”, afirmó.
El líder campesino le dejó a su hijo una documentación, donde menciona a una supuesta banda de sicarios compuesta por 27 personas, gradualmente fue adquiriendo información, con la orden de que cuando él falleciera la hicieran pública, informó el familiar.
La información le fue entregada en el 2013, con un adendum (agregado) en el 2014, en el 2015 se presentaron denuncias formales en la fiscalía. Denunció que hay órdenes de captura y que la fiscalía, los militares y la policía no han hecho nada para ejecutarlas.
En las últimas horas supimos que la Unidad de Muertes Violentas del bajo Aguán (UMVIBA), tiene orden de captura desde el 2015 contra los asesinos y no las han ejecutado, por lo que esa gente sigue libre, sembrando el terror entre los testigos y miembros de los asentamientos campesinos del Bajo Aguán, agregó Lenin Flores.
El objetivo de presentarse ante el Ministerio Público ( MP), aunque no los recibieron allí, sino que fueron remitidos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), es en espera de justicia, pero en caso de no ocurrir, aclaró Lenin, queremos que el mundo se entere que en Honduras se están callando los crímenes, que los están engavetando, que las persecuciones y asesinatos para los líderes campesinos siguen existiendo, es un acto sistemático y progresivo, porque matan ambientalistas, defensores de derechos humanos y todo aquel que se opone a este régimen lo están asesinando.
Añadió que “Mi padre hablaba de que lo iban a desaparecer, que lo iban a enterrar en las fincas, de que varias veces le hicieron atentados con arma de fuego y que sobrevivió, constantemente él ponía estas denuncias, y no hizo nada el gobierno”.
También declaró que “el gobierno ha engavetado estas denuncias y es por personas allegadas dentro del MP que hemos tenido conocimiento de este expediente y es indignante que no hayan hecho anda”.
Tenemos temor y sabemos qué habrá represalia porque así opera el gobierno. Tenemos una sed de justicia porque esto no se puede quedar callado, y si a nivel local y nacional no pueden hacer nada, alguien a nivel internacional tiene que incidir por que deben parar las muertes por defender los derechos a la tierra, a la vida, y defender a los humildes y desposeídos.
Continúa la persecución contra líderes campesinos
Por su parte Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, declaró que la denuncia interpuesta esta mañana es acompañada de testimonios y una cantidad de nombres y acciones hechas por la supuesta banda de paramilitares en el Bajo Aguán.
Además que, a partir de la conferencia de prensa realizada la semana pasada para exigir que el asesinato de José Ángel Flores junto a Silmer Dionisio George, el 18 de octubre en la comunidad La Confianza, de Tocoa, Colón, no quede en la impunidad, están dando seguimiento en un automóvil rojo y uno gris, y que ofrecen 50 mil lempiras “por su cabeza” e igual cantidad y por “la cabeza” de Yony Rivas, quien es el coordinador de Plataforma Agraria del Valle del Aguán.
Explicó que el motivo de la persecución es callar sus voces, que no denuncien lo que sucede en el Bajo Aguán, zona conocida internacionalmente por el derramamiento de sangre en el marco de un conflicto agrario que ha dejado más de 150 víctimas mortales entre campesinos y guardias de seguridad privada, desde el 2009.
“No podemos quedarnos callados cuando ya días nos han querido matar, no podemos seguir ocultando lo que está pasando en el Bajo Aguán y que es una política desde bandas formadas por paramilitares”, asegurando que quien la dirige es un ex militar que formó a otros muchachos.
“Responsabilizamos al MP por no haber querido actuar y sabemos que hay mucho dinero de por medio para que no hayan detenido a todos los responsables de estas muertes, y todo lo que pudiese pasar, porque estamos amenazados no solamente nosotros, sino una gran cantidad de campesinos de las bases, porque ellos cuentan con un fuerte armamento militar y granadas”, recalcó el vocero del MUCA.
También manifestó que la UMVIBA fue quien hizo este trabajo (un informe sobre una banda que opera en el Aguán) y tenía conocimiento de todas las operaciones, quien era el jefe de la matriz, y no hizo la gran cosa, permitiendo el asesinato del compañero.
Los y las campesinas informan a las autoridades respectivas con anticipación lo que les sucede, “sin embargo no se le da seguimiento a las denuncias hechas por nosotros, tememos por nuestra vida, pero igual tenemos que arriesgarnos, no queda otra opción, de nada nos sirve callar cuando siempre vamos a ser asesinados”, agregó Vitalino Álvarez.
Por el peligro al que están expuestos, al menos 20 campesinos están saliendo de la zona por miedo a perder la vida, pues fueron testigos presenciales del doble asesinato, al terminar una reunión donde había más de 60 personas, 40 que conforman las seis empresas campesinas del MUCA y unas 20 que andaban comprando en la tienda de consumo La Confianza.
José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, presidente y miembro del MUCA, respectivamente, desde el 8 de mayo del 2014 tenían medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), dirigidas a 123 campesinos y campesinas lideresas del Bajo Aguán, por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo.
Los beneficiarios de estas medidas otorgadas por la CIDH están, tres personas pertenecientes al Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), cinco personas a Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), 83 personas al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y 32 personas al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
Así como Flores y George, otros beneficiarios de medidas cautelares, que debiera ejecutar el Estado de Honduras para salvaguardar su vida, han sido asesinados y sus muerte permanece en la impunidad, como es el caso del catedrático del Centro Universitario regional del Litoral Pacífico (CURLP) Héctor Martínez Motiño, en junio del 2015, y la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, en marzo del 2016; así mismo sigue sin respuesta la desaparición forzada del líder sindical Donatilo Jiménez Euceda, del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), en abril del 2015, el y su familia gozan de medidas cautelares.
