MP se opone a la aplicación de Amnistía para campesinos condenados

Texto y Fotos Sandra Rodríguez
Siguatepeque, Honduras.- Tres lideres campesinos condenados en Siguatepeque, continúan a la espera de justicia, porque el Ministerio Público expuso que ellos no son presos políticos.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) solicitó en una audiencia Ad hoc (específica para una tarea), al Tribunal de Justicia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, a fin que aplique la extinción de la acción penal que pesa sobre Vicente Castro, Juan Medía y José Vásquez, declarados culpables por el delito de usurpación de los predios donde está la Empresa Asociativa Campesina “11 de marzo” en la aldea el Porvenir, kilómetro 5 carretera a Intibucá.

Sin embargo, la fiscal del Ministerio Publico Ana Gissela Ferrera, se opuso a la aplicación de Amnistía, argumentando hechos que ya fueron desvanecidos en juicio oral y público en julio de 2021, por lo tanto, nuestros representados fueron absueltos, detalló la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Y agregó que, la fiscal expuso que el predio en litigo se trata de un terreno de vocación forestal, por lo tanto, los acusados atentaban contra el medio ambiente -agregó Cárdenas- expresamos a la jueza que esos alegatos ya no tienen validez en la presente audiencia donde solicitamos la aplicación del Decreto Legislativo 004/ 2022 en favor de los líderes campesinos condenados por defender el derecho a la tierra.

La Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, contempla Amnistía Política para defensores de la soberanía patria, entre ellos campesinos según el literal C del decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de febrero de 2022 y es un beneficio de aplicación inmediata, como sucedió con José Antonio Torres Meza, quien estaba privado de libertad en la cárcel del Valle de Siria por acusaciones desde el 2009.

“Pero el Ministerio Público pretende incorporar nuevos medios de prueba y solicita que se nombre un técnico forestal, lo que es extemporáneo”, dijo Cárdenas.

Por lo que la jueza Glenda López, solicitó que ampliemos la constancia del caso para la aplicación de amnistía, y de eso dependerá la siguiente audiencia, en la que esperamos que los campesinos criminalizados sean liberados toralmente, informó Dora Oliva, parte del equipo de defensa legal.

Dentro del catálogo de delitos que enmarca el decreto de Amnistía contempla el delito por usurpación, justo por el que se condenó a los lideres campesinos de la empresa “11 de marzo”.

Para don Vicente Castro la audiencia es para bien, porque el COFADEH los acompaña desde el inicio de la criminalización a buscar justicia. “Luchamos contra un grande de Siguatepeque que se llama Marco Valeriano, terrateniente, transportista y maderero” por lo que la situación no es fácil.

Aunque no pueden ingresar al terreno, como medida judicial, los campesinos sobreviven del trabajo diario en la alfarería, construcción y agricultura por jornal, extrañando poder cultivar su propio maíz, café, frijoles y hortalizas.

Temen que los ataquen con desalojos violentos como sucedió en el 2018 y 2021, donde la Policía con orden del Ministerio Público les destruya casas y cultivos. El Estado no presenta opciones de reubicación de defensores de la tierra y territorio cuando ejecuta un desalojo, por su parte el Instituto Nacional Agrario (INA) no les resuelve mediante documentación la situación de pertenencia de 90 manzanas de tierra.

Cabe señalar que los criminalizados fueron capturados la mañana del 12 de marzo de 2019, por elementos de la Policía Nacional que dieron captura a José Santos Vázquez y Juan Mejía. Al día siguiente el presidente del grupo campesino, don Vicente Castro, llegó a la posta policial y fue capturado, permanecieron privados de libertad hasta la Audiencia Inicial el 19 de marzo.

El Ministerio Público actúa en defensa del empresario maderero y acusa a los que producen la tierra. la cifra de campesinos criminalizados suma a siete mil personas incluyendo a 2,700 mujeres según datos ofrecidos por la Vía Campesina-Honduras.

Hay que tener presente que el Poder Judicial y el Ministerio Público continúan en poder en la dictadura que por 12 años asesinó a cerca de 200 personas en el marco del conflicto de tierras, desde 2010. La situación se agravó cuando el régimen de Juan Orlando Hernández, en el 2019 aprobó el Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministrod PCM-052-2019 para dejar en poder las Fuerzas Armadas un plan productivo nacional en el marco del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo fondo es de 4,000 millones de lempiras manejado por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).