Tegucigalpa.- En audiencia realizada en los Juzgados de Ejecución de Choluteca, el Ministerio Público rechazó a que se le aplique a los defensores de la tierra y territorio Abel Pérez y Santos Hernández, el decreto de amnistía que contempla la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, publicada en el diario oficial La Gaceta 35,840 el 4 de febrero de 2022.
La defensa de los defensores había solicitado al Tribunal de ejecución para que celebrara audiencia Ad-hoc para aplicación del decreto de amnistía a sus representados, misma que se desarrolló el 11 de agosto en los tribunales de justicia de Choluteca.
Los defensores Abel Pérez y Santos Hernández son representados legalmente por el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y la Red de Abogadas del sur.
En la audiencia, el Ministerio Público rechazó que se les aplique el decreto de amnistía a los defensores que han sido condenados a dos años de prisión, y el representante de la Procuraduría General de la República estuvo a favor que se les aplique, pero que deben pagar una multa económica de 90 días.
La jueza señaló que por complejidad del caso, la resolución la emitirá el martes 15 de agosto a las 2.00 de la tarde.
Los defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande, Abel Antonio Pérez Ávila y Santos Hernández, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de usurpación y amenazas en prejuicio de Jorge Luis Cassis Leyva.
Ambos defensores están privados de su libertad en el Centro Penal de Nacaome, Valle.
La abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh, manifestó que en sus argumentaciones le hicieron saber a la jueza de apellido Ponce que en este caso se cumplían con los requisitos establecido por el referido decreto de ley para que la amnistía le fuera aplicado a los dos defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande.
Asimismo le expusieron a la jueza que el Ministerio Público les incoo un proceso penal injusto por el delito de usurpación, en vista que el ente fiscal enmarcó labores propios de defensoría de la tierra y territorio en delitos, haciendo uso indebido del derecho penal.
La defensa de los defensores le acreditaron a la jueza que por estos delitos que están acusados sus representados se encuentran dentro del catálogo de los delitos establecidos en el decreto de amnistía 004-22 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
También acreditaron la amplia labor que los dos defensores de derechos humanos han realizado desde hace muchos años, en la que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, criminalización y expropiaciones de tierra.
Los defensores Abel Pérez y Santos Hernández son miembros de Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Voz de Zacate Grande, organizaciones que han trabajado por épocas por la lucha de reivindicación de la tierra y territorio.
El fiscal del Ministerio Público se opuso a la aplicación del decreto de amnistía manifestando que no cubría el término para la aplicación a los dos defensores de la tierra y territorio, que el mismo solo cubría del 2008 al 2009 y que no se había acreditado la condición de ciudadano.
En el derecho a réplica, la defensa le aclaró a la jueza que el decreto ley habla de criminalizaciones a defensores de la tierra y territorio, opositores políticos desde la fecha del 2009 hasta la fecha en que entró en vigencia el decreto de ley, que fue el 4 de febrero de 2022.
La defensa se comprometió a pagar en efectivo la multa interpuesta a los defensores Abel y Santos, por las amenazas constitutivas en faltas por las que también fueron condenados y que el decreto de ley no la contempla en el catálogo de delitos establecidos.
