Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), presentó el lunes 23 de septiembre requerimiento fiscal contra personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V., por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, en Tocoa, Colón.
Este parque, reconocido por su importancia ecológica, habría sido objeto de explotación de sus recursos naturales que han afectado gravemente su biodiversidad y sus cuencas hidrográficas.
Los imputados: Lenir Alexander Pérez Solís, en su condición de representante legal y presidente del Consejo de Administración de ambas empresas, Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manaces Padilla Díaz y Douglas Alexis Alvarenga Mendoza (por el delito de explotación ilegal de recursos naturales [mineros, forestales] y daños agravados); Domingo Pineda Puerto (por cinco delitos de abuso de autoridad); César Noel Padilla Alcántara (por dos delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público); Mario Antonio Martínez Padilla (por tres delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público); José Santos Antúnez Zavala, Víctor Alfonso Romero Molina y Santos Didi Haylock Amaya (por daños agravados); y Otoniel Flores Mira, Mizraim Ebiazaf Tábora Izaguirre y Filemón Flores Mira (por usurpación de funciones públicas).
Dichos actos fueron supuestamente cometidos en perjuicio del Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, también daños al equilibrio de los ecosistemas, del medio ambiente del Estado de Honduras, y abuso de la administración pública y la fe pública.
Según las investigaciones, desde el inicio del megaproyecto minero se habrían cometido múltiples violaciones a las normativas y permisos ambientales, generando una deforestación que incluye áreas no contempladas en las autorizaciones otorgadas.
El requerimiento fiscal señala que las intervenciones incluyeron la apertura de carreteras y otras obras dentro de la zona núcleo del parque, utilizando maquinaria pesada y explosivos, lo que habría alterado no solo la superficie del suelo y el subsuelo, sino que también la eliminación de la vegetación natural boscosa que cubría el área.
Adicionalmente, se habrían registrado daños por las actividades de la empresa sobre los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que alimentan la cuenca del río Aguán. La construcción de infraestructura en estas áreas podría haber puesto en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades locales.
Ante estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado en este requerimiento fiscal que se autorice la restauración del equilibrio ecológico del sitio.
