Tegucigalpa.- El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) obtuvo sentencia de hasta 5 años de cárcel para tres personas involucradas en el caso “Fraude sobre Gualcarque”, causa relacionada con la lucha que libró la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
En la audiencia de individualización de la pena, se condenó por el delito de fraude a Roberto David Castillo Mejía presidente de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y Carolina Lizeth Castillo Argueta, exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a cinco (5) años de prisión, una multa de 380,795.06 lempiras más la inhabilitación por el doble de tiempo que dure la pena.
También se impuso tres (3) años y un mes de cárcel más siete años y un mes de inhabilitación especial a Raúl Pineda Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
Además, se declaró la responsabilidad civil de los tres imputados, sobre el importe que pudieran acreditar ante la autoridad competente respecto a la relación de los gastos ocasionados y de la compensación de los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos.
Las investigaciones, que iniciaron con las denuncias presentadas por la ambientalista Berta Cáceres, expusieron graves irregularidades en las concesiones que afectaban a la comunidad indígena Lenca.
Durante el juicio, fiscales de UFERCO demostraron que los acusados incurrieron en actos ilícitos para favorecer a la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Gualcarque.
Entre las pruebas presentadas se destacó como estos actos permitieron la obtención de contratos de operación y concesión de aguas con Serna, así como el contrato de suministro y potencia de energía con la ENEE, beneficiando de manera irregular a DESA.
Además, el MP demostró el grave conflicto de intereses, ya que el presidente de DESA (también condenado por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres) ocupó simultáneamente un cargo en la ENEE, lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva en calidad de invitado.
En las reuniones se discutieron y aprobaron contratos que favorecían a su empresa. Este conflicto fue permitido por un exgerente de la ENEE.
