Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- El año pasado 50 mil hondureños fueron retornados al país, luego de un viaje que emprendieron huyendo de la pobreza y falta de oportunidades, pero que les marcó mucho dolor rumbo a los Estados Unidos de América, y aun más, volver a su tierra y encontrar peores situaciones.
En el paso por México, los migrantes y desaparecidos se cuentan por millones, cerca del 20 por ciento de albergados son de origen hondureño, pero el sufrimiento lo viven desde las fronteras entre Honduras y Guatemala.
Hay casas dónde raptan a las mujeres y las obligan a prostituirse a cambio de unos cuantos pesos, así lo relata una mujer que además de sufrir mucho en la ruta del migrante, perdió ambas piernas al saltar de un tren.
Este día una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña y sus defensores, y su derecho a la protección internacional, brindó un informe tras una semana de reuniones con diferentes sectores y víctimas.
La Misión Internacional de Verificación ha estado Honduras entre los días 13 y 17 julio. Durante su transcurso hizo una visita de observación al punto fronterizo de Corinto, donde se recibe a los migrantes hondureños deportados desde México por vía terrestre; al Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula, donde se recibe a las personas migrantes deportadas desde EEUU por vía aérea; y al Centro de Recepción de Migrantes de El Edén de San Pedro Sula, donde se atienden los niños, niñas, adolescentes y unidades familiares que han sido deportadas a Honduras desde México y EEUU.
Los motivos por los que los y las hondureñas deciden emigrar es por la violación sistemática de los derechos fundamentales a la vida, alimentación, salud, educación, vivienda, familia y empleo.
También la violencia en todas sus manifestaciones, como ser intrafamiliar, delincuencia común, crimen organizado nacional y trasnacional, y se da el caso de menores de edad, pero la mayoría continúan siendo hombres.
Para la Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana y Secretaria Técnica del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados de México-CODEMIRE, miembro de la misión, existe mucha responsabilidad de los estados donde hay migrantes, pues no deberían deportarlos, tampoco crear leyes que los violentan, también deber estar más pendientes de sus conciudadanos en otros países.
Así mismo, si 50 mil personas retornan al país, el gobierno debería tener 50 mil fuentes de empleo disponibles para ellas, pero al llegar algunas aduanas, no existen ni servicios sanitarios para personas que tienen más de 10 horas de venir en un autobús.
El informe preliminar revela que ha aumentado el número de familiares que declaran que sus seres queridos han desaparecido en la ruta migratoria, entre ellos niños y adolescentes que viajaron acompañados y no acompañados, existiendo unos 400 casos de personas migrantes hondureñas desaparecidas.
Se constató las consecuencias del Programa Frontera Sur de México, verificándose que la gran mayoría de las personas migrantes hondureñas deportadas que ingresan por Corinto fueron detenidas en municipios y regiones pertenecientes a la zona de la frontera sur de México. La puesta en marcha de este Programa de control fronterizo ha supuesto que entre octubre de 2014 y abril de 2015 las autoridades mexicanas detuvieron a 92.889 migrantes centroamericanos, frente a las 70.448 detenciones de migrantes centroamericanos que realizó EEUU.
Se detectó una colusión entre los llamados “coyotes” y el crimen organizado, trabajando de forma conjunta a lo largo de la ruta migratoria, lo que expone a los y las migrantes a ser explotados en las diferentes modalidades de trata de personas como, la explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos y reclutamiento para el narcotráfico.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 fueron deportadas a Honduras vía terrestre y vía aérea un total de 36.486 personas de las cuales 27.536 fueron deportadas desde México .
Hay muchos casos de personas deportadas que retornan a sus lugares de origen una vez que han contraído deudas, vienen con traumas, daños psicológicos, no encontrando una atención psicosocial según se les recibe en Honduras. Muchos intentaran volver a América del Norte.
Recomendaciones en el tema de derechos de los migrantes retornados
Al gobierno de Honduras se le recomienda que, para dar respuesta a las causas que generan la migración forzada en Honduras, recomendamos al gobierno que desde lo municipal y nacional se implementen políticas que enfrenten las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que viven importantes sectores de su población, a fin de garantizar la vida digna y el respeto a los derechos humanos. Reconociendo y respetando los derechos ancestrales de las comunidades afro-hondureñas e indígenas.
Y que para prevenir el desplazamiento por violencia, el Estado hondureño debe mejorar y ampliar sus estrategias y programas de atención a la niñez, a los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Asimismo, sus estrategias de seguridad deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y deben ser implementadas por instituciones civiles de seguridad.
Es asi que el gobierno de Honduras debe establecer, ampliar y mejorar sistemas y mecanismos de atención para las personas desplazadas por violencia, que involucren la creación de casas de refugio y el establecimiento de programas sociales para la reubicación y reinserción en condiciones de dignidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y comunidades.
Para quienes se ven obligados a desplazarse más allá de sus fronteras, el gobierno de Honduras debe ampliar y fortalecer el trabajo de la red consular en el extranjero, mediante la asignación de recursos financieros acordes a las necesidades de la población migrante; la contratación de más personal y su profesionalización en materia de derechos humanos y atención consular, que les permita brindar una atención oportuna y adecuada que incluya el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y sus familiares.
Para la atención de la población migrante hondureña que es retornada al país, el gobierno de Honduras debe abrir lo antes posible un centro de atención a la población migrante retornada en la frontera entre Honduras y Guatemala que garantice la recepción digna. Para las niñas, niños y adolescentes que retornan se debe asegurar una atención integral que trascienda a la recepción y entrega a sus familiares en los centros de recepción.
El gobierno de Honduras debe fortalecer sus mecanismos de monitoreo, seguimiento y atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido deportados, especialmente para aquellos que están en riesgo de sufrir violencia, los cuales deben aplicarse desde su recepción, integración familiar y reinserción en su lugar de destino.
Urge que el gobierno de Honduras establezca y amplíe servicios de atención en programas de reintegración social para la población migrante retornada, tales como: acceso a fuentes de empleo, acceso a becas para la niñez y adolescencia, oportunidades de capacitación laboral, acompañamiento y atención psicosocial. Poniendo especial atención a las condiciones de vulnerabilidad, falta de protección e seguridad que puedan enfrentar en sus comunidades aquellos que se vieron obligados a migrar por razones de violencia y que fueron retornados de la ruta migratoria.
El gobierno de Honduras debe pronunciarse ante los gobiernos de los países de la ruta migratoria en la región en defensa y protección de los derechos humanos de su población, quienes por razones estructurales, de violencia y reunificación familiar han migrado y sus derechos les han sido violentados.
Al gobierno de los Estados Unidos
En el diseño e implementación de sus políticas para la región en materia migratoria, el gobierno de los Estados Unidos debe tener en cuenta las causas estructurales y las situaciones de violencia que están originando la migración forzada en Honduras. Por lo que la cooperación de los EE.UU hacia los países del Triángulo Norte, deben estar dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, asegurando el respeto a sus derechos humanos.
La presencia y cooperación de los EE.UU. hacia los países del Triángulo Norte y México debe estar basada en una amplia visión de seguridad humana y no en la militarización de sociedades y fronteras. Para lo cual el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la región debe implementar mecanismos de protección internacional para toda la población migrante que ha sido vulnerada en sus derechos humanos, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.
El gobierno de los Estados Unidos debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en un proceso legal migratorio en su país, tengan acceso a un asesoramiento jurídico eficaz y oportuno, que tenga en cuenta los factores expulsores que les llevaron a migrar. Garantizando condiciones dignas para las y los migrantes adultos que se encuentran en los centros de detención para migrantes.
Que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) además de otras autoridades migratorias garanticen que todas las personas migrantes que soliciten asilo sus casos sean debidamente evaluados, a fin de asegurar y proteger su derecho a acceder a la protección internacional. Brindando la debida ayuda humanitaria a las necesidades urgentes y protección de las y los migrantes.
Que el gobierno de los Estados Unidos de inmediato ponga fin a la detención de familias migrantes.
Que el Congreso de Estados Unidos tenga la voluntad política para aprobar una reforma migratoria justa.
Al gobierno de México
Al gobierno de México se le recomienda que en la detención y traslado de la población migrante hondureña, se deba tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su retorno en condiciones dignas y seguras.
La MIV recomienda que las mujeres embarazadas y la infancia que está siendo retornada por tierra en viajes de 12 hasta 30 horas, sea retornada al país por la vía aérea, que los autobuses en los cuales regresan las y los migrantes se encuentren en condiciones adecuadas y cuenten con servicios básicos para el recorrido que estarán haciendo.
El gobierno de México debe implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las graves violaciones a los derechos humanos que son víctimas la población migrante hondureña y centroamericana. Brindando una atención adecuada a las víctimas y sus familiares, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado.
El gobierno de México debe garantizar la protección a las y los defensores de los derechos humanos de la población migrante. Se deben incluir medidas de protección, además de la investigación y sanción de amenazas y/o ataques contra defensores/as; el reconocimiento y respeto a la labor que ellos realizan.
Las autoridades mexicanas de inmigración deben garantizar el debido proceso para las solicitudes de asilo de las personas migrantes. Deben proporcionar información veraz que explique a las y los migrantes que solicitan refugio, que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención y pueden hacer este trámite desde las casas del migrante.
En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes.
A los gobiernos de los países de región
Los gobiernos de los países de la región deben escuchar y atender las demandas de las madres y familiares de las y los migrantes desaparecidos y no localizados en la ruta migratoria. Es urgente y necesario crear e implementar un mecanismo transnacional y regional de búsqueda, localización, retorno y repatriación de las y los migrantes desaparecidos. Este mecanismo transnacional debe ser establecido en cada país y coordinado con los comités de familiares.
Para avanzar en el establecimiento del mecanismo transnacional de búsqueda de los migrantes desaparecidos, es imperativo que el gobierno de México implemente lo más pronto posible el acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República (PGR) que permite nombrar agregados consulares en Centro América que respondan en los países de origen a las demandas de las familias con migrantes desaparecidos.
Urge que con el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos, el gobierno de Honduras garantice una atención amplia e integral para los migrantes que han retornado mutilados y discapacitados en su paso por la ruta migratoria.
Que los gobiernos de la región implementen de forma integral la carta de entendimiento para una repatriación digna, ordenada, ágil y segura de ciudadanos centroamericanos vía terrestre.
La Misión Internacional de Verificación ha estado integrada por Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva de Latin American Working Group; Amalia García Medina, Diputada federal de México y Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados; Patricia Montes, Directora Ejecutiva del Centro Presente en Boston, EEUU; Padre Juan Luis Carbajal, Misionero Scalabriniano y Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana y Secretaria Técnica del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados de México-CODEMIRE; Pilar Trujillo Uribe, Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos-Project Counselling Service.
A la presentación del informe asistieron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellos, José Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza; Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH; miembros del Colectivo de Familiares Desaparecidos Migrantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Centro de Atención al Migrante, entre otros, quienes estarán atentos a las recomendaciones antes expresadas y ele respeto a los derechos humanos.
