Comenzamos estas líneas editoriales con palabras amorosas de solidaridad profunda a las compañeras Bertha y Dora Oliva Guifarro por la pérdida de su madre doña Agripina Guifarro, quien falleció el miércoles en esta capital.
Les decimos a ambas compañeras y a toda su gran familia Oliva Guifarro en Olancho, Francisco Morazán y en el mundo entero, que aquí estamos para aliviar su duelo por la separación de este ser especial, que resucita en cada una de sus acciones valientes y sabias a lo largo de 96 años de existencia. Hasta pronto querida Pina.
Con la fuerza del bálsamo sentido de toda esta familia del Cofadeh, queridas compañeras, proseguimos con nuestra opinión editorial de hoy.
Comenzamos recordando aquella poderosa imagen multicolor que recorrió el mundo entero. Millares de hombres y mujeres, en todo el país, atravesando calles y bulevares en mayo 2015, portando antorchas encendidas, reclamando justicia contra la corrupción.
Las antorchas salieron a las calles aquel año para exigir una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, liderada por las Naciones Unidas. Fue durante muchos meses que el fuego ardiente recorrió Honduras crepitando el clamor profundo de un pueblo herido, que salía de las llamas del golpe para entrar a las brasas ardientes de los corruptos narcos, delincuentes criminales refugiados en las instituciones públicas.
La Honduras profunda se sentía en total indefensión frente al modelo narco que atenazaba todos los poderes constituidos y los poderes fácticos, robando descaradamente el dinero de los ancianos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de las carteras agrícolas, de la estadística social, de las telecomunicaciones y de la salud pública, entre otras.
Sin caer en la tentación de quemar físicamente los edificios, Honduras obligó a Washington a sacarle las castañas del fuego a sus amigos de la dictadura. El régimen de Donald Trump, que soportó con dinero al narcotraficante jefe de la manada, acuerpó al jefe de la OEA para instalar una Misión de la OEA contra la corrupción, la MACIH. Pero en el momento que esa misión nombró los peones de joh metidos en la caja de Pandora, en la red de diputados y organismos mafiosos, incluyendo la madre, la mujer y la descendencia del clan Hernández, ahí el patético Almagro se confabuló con los delincuentes y echaron la Macih de Honduras. Washington no intervino para evitarlo.
En los años posteriores hasta 2021, la población hondureña siguió exigiendo una CICIH acompañada por la Organización de las Naciones Unidas y no por la ventanilla de colonias al servicio de la Casa Blanca.
A pesar que la ONU es una instancia interestatal, a veces paraestatal y con frecuencia un amasijo de agencias pro gubernamentales a nivel de país, la población confía todavía un poco en ella por su carácter global, universal, sujeto a otros contrapesos.
La entonces candidata presidencial Xiomara Castro tomó en serio la demanda del pueblo hondureño y la anidó en su plan de gobierno propuesto a la nación a inicios de 2021.
El 15 de diciembre de 2022, esta semana, en la sede de la ONU en Nueva York, la mandataria hondureña firmó el memorándum de entendimiento con el organismo mundial para iniciar de inmediato el proceso de instalación de la CICIH.
En nombre del pueblo de Honduras, Xiomara ha concedido a la ONU las facultades indispensables para organizar una Comisión Internacional que investigará y acusará a las mafias que sean encontradas responsables de los delitos contenidos en la Convención Universal contra la corrupción y en los instrumentos de lucha contra la impunidad.
Las castas locales encabezadas por la mafia mediática tradicional, que atacaban el proceso de la CICIH señalando sus presuntas debilidades, mintieron cobardemente en un intento por detener este proceso. Decían que la ONU no procedía a firmar si el gobierno no botaba la ley de amnistía que favoreció a las víctimas del golpe de Estado de 2009 y de las crisis post electorales de 2013 y 2017. Mentían diciendo que las Naciones Unidas pedían la expulsión de Luis Redondo de la presidencia del Congreso, por el sólo hecho que no fue puesto por los Atala, los Facussé o los Kafie. Todo aquello en suma eran intentos mezquinos para desencantar sin éxito al bravo pueblo de Morazán.
La CICH será financiada con presupuesto de las Naciones Unidas, de algunos de los países miembros, pero no con el presupuesto militar de los Estados Unidos. En el caso del Estado hondureño participará, como es lógico, con una mínima contraparte local que no le otorga ninguna influencia en las decisiones autónomas, imparciales e independientes del organismo.
La Comisión contra la corrupción y la impunidad llegará para buscar las redes de corrupción de alto impacto que han usado instancias públicas y privadas para saquear el país, así lo dijo desde Nueva York la presidenta Xiomara Castro.
Sin poses de heroína ni alardes politiqueros, la Primera Presidenta Mujer de la Historia Republicana de Honduras explicó que las primeras fases de la CICIH incluyen las contrataciones de expertos internacionales y de empleados locales.
Entre la nómina de empleados de la CICIH no figurarán ni visibles ni invisibles aquellos críticos antigubernamentales portadores de la rasquiña de la dictadura ni tampoco las portavoces de pequeños grupos de la academia decadente o de las ongs lavadoras del modelo narco de los Hernández.
Así comenzará la nueva historia de la lucha contra la corrupción en Honduras, que tuvo sus orígenes modernos en la Coprelco que dirigió el prestigioso abogado Enrique Flores Valeriano en el gobierno de Carlos Roberto Reina. Aquella comisión presidencial fue suprimida en el primer acto de gobierno del presidente Mitch Carlos Flores Facussé. Después, la lucha prosiguió con la instalación de la fiscalía anticorrupción creada por el ex fiscal Edmundo Orellana, actual ministro de transparencia de Honduras. Desde la sociedad hondureña, la lucha continuó con la conformación del Consejo Nacional Anticorrupción después del huracán Mitch. Desde sus orígenes, el CNA fue un territorio monopolizado por el ex influyente cardenal Oscar Rodríguez, nombrado presidente paralelo de Honduras por el FMI y el Banco Mundial. En aquellos años, hicieron creer a Honduras que los religiosos eran propietarios de la moral y que sus ministros no recibían ofrendas del Estado. En el mandato presidencial de Manuel Zelaya, 2006-2009, fue eliminada la transferencia pública mensual de 20 mil dólares que ilegalmente el Estado de Honduras enviaba hacia la oficina del cardenalato, además de contratos públicos. Atenazado después el CNA por los carteles religiosos fundamentalistas bajo control de la confraternidad evangélica se volvió una instancia de carácter censor en vez de una instancia social de monitoreo, investigación y denuncia.
En 2023, el nuevo año comenzará con los primeros pasos de la nueva instancia internacional que llega para investigar hechos y sancionar responsables. El pueblo de Honduras está cansado de la dimensión sensacionalista de la corrupción. De su aprovechamiento electoral. Del discurso bien intencionado, de la diplomacia lingüística. Quiere reducir las cifras del robo, quiere recuperar lo robado y quiere sanción penal ejemplar a los malditos cobardes que le quitan el pan de la boca a las familias empobrecidas de la Nación.
Honduras no quiere más show, detesta esos pequeños Powerpoints publicitarios de candidaturas precoces salvadoras de Honduras, quiere acciones y en ese sentido la presidenta Xiomara Castro está comprometida, aunque esté consciente que esas acciones pueden ser dirigidas hacia funcionarios miembros de su propio gobierno. No le teme a eso la dama de los dos millones de electores. En nombre del pueblo digno de Honduras ha abierto la puerta de nuestra casa a los extinguidores de ratas.
Estamos conscientes que actualmente la lucha contra la corrupción choca totalmente contra un ministerio público y un poder judicial de color azul y rojo. Esos colores han estado al servicio total de los carteles criminales dirigidos hasta 2021 desde el propio Estado. Por eso, en los juzgados y cortes del país ha sido imposible arrimar a los delincuentes de cuello blanco dueños de bancos, medios de comunicación, empresas blanqueadoras, dirigentes políticos, ministros religiosos, periodistas mercenarios y miembros de bandas organizadas que operan entre el sector civil, militar y estatal. Todos los esfuerzos han resultado en vano.
Estamos en un momento en el cual el consenso es general: Una lucha renovada contra la corrupción tendrá que llevarse adelante con nuevas magistradas y magistrados, con nuevos jueces y juezas, con fiscales y policías de investigación que no reciban dobles o triples salarios del crimen organizado, porque el Estado no puede competir contra eso.
Y se tendrán que hacer reformas para facilitar la acción de la CICIH.
En la última semana de enero del próximo año, antes de la instalación de la Comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, vamos a saber si las bancadas de diputados en el Congreso siguen con ese cuentecito de te voto no te voto, ¿cuánto me das, quién da más?. Todo se sabrá para entonces. Esta vez el diputado Chele Castro tendrá la oportunidad de decir antes de la votación y no después quien lo llama para ofrecerle 35 millones de lempiras a cambio de un voto. El preso de Nueva York, según lo confesó, desde la casa presidencial lo llamó en 2017 para elegir la actual Corte.
En esta nueva etapa de la lucha anticorrupción, entonces, es el pueblo organizado que saldrá de las aldeas y pueblos a tomarse Tegucigalpa si así se determina, para impedir de una vez por todas que el reparto de la justicia sea entre los criminales detrás de la tradición política, detrás de la mafia que pone el fierro y ventea a sus caballos y a sus mulas de la Corte Suprema.
Aquí estaremos para contarles ese momento de la historia nacional y para impedirlo a toda costa.
Buenas noches.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 17 de diciembre de 2022
