Por Giorgio Trucchi | Pressenza/LINyM
Managua, Nicaragua.- El pasado 18 de septiembre se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y de una quinta persona.
Tanto Centeno como Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Rafael Juárez Mejía, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Los cinco fueron secuestrados de sus casas por hombres fuertemente armados que vestían uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Días después, a inicios de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de los jóvenes activistas.
Finalmente, la CorteIDH ordenó al Estado de Honduras presentar, a más tardar el 24 de agosto, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Oacnudh exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.
Dos meses después, no sólo no ha habido avances en la búsqueda de los líderes comunitarios garífunas, sino que las respuestas de las autoridades hondureñas ante las exigencias de las familias, la comunidad y las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, han sido insignificantes.
Estado indolente
«La respuesta ha sido ridícula. Hasta usaron la pandemia como pretexto para deslindar responsabilidades. Por eso la CorteIDH fijó un nuevo plazo (28 de septiembre) para que el Estado entregue información veraz, y diga qué está haciendo para determinar el paradero de los compañeros. También ratificó la urgencia de garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades de Triunfo (de la Cruz) y Punta Piedra.
Nos preocupa sobremanera que estén manteniendo la investigación bajo la más estricta secretividad y que no permitan que participemos. Lo mismo hicieron cuando asesinaron a Berta (Cáceres) y sabemos perfectamente como manipularon la investigación y ocultaron pruebas para proteger a los autores intelectuales», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
– ¿Cómo las comunidades garífunas y las familias de los compañeros desaparecidos están llevando esta situación tan dolorosa?
– «Tanto las comunidades como las familias siguen en pie de lucha y no han perdido la esperanza. Todos y todas estamos exigiendo el retorno y la aparición con vida de los compañeros. No tenemos la menor duda de que este nuevo ataque es parte del plan genocida contra el pueblo garífuna, que se ha venido orquestando en los últimos años».
Agresión permanente
Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, varios de ellos comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.
El pueblo garífuna sufrió otros ataques en el transcurso de este año. El 20 de mayo fue asesinado Edwin Fernández, miembro de la Ofraneh y encargado de la vigilancia del portón de entrada a la comunidad de Río Tinto. Un mes después, el líder comunitario Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad de Punta Piedra, cayó a manos de desconocidos.
Para la Ofraneh, tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos están relacionados con el expolio de territorios ancestrales garífunas a manos del gran capital nacional y transnacional, coludido con autoridades políticas y estatales, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
¡Cumplir el fallo de la CorteIDH ya!
Es en este contexto de agresión permanente que la organización garífuna volvió a exigir el cumplimiento del fallo a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. emitido en 2015 por la CorteIDH.
En aquella ocasión, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos y expandir el cultivo de palma africana y otros cultivos.
Cinco años después, el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia.
«Como Ofraneh estamos muy claramente convencidos que detrás de todos estos ataques están los intereses de grupos y personas con mucho poder económico y político, que están interesados en controlar y manejar los territorios garífunas. Quieren desalojarnos para adueñarse de nuestras tierras».
– ¿La desaparición de los compañeros es el resultado de una represión generalizada o de un ataque selectivo?
– «Las dos cosas, es decir que es parte de este plan genocida contra el pueblo garífuna, pero también es un ataque contra jóvenes líderes comunitarios que se han involucrado en la lucha.
Snaider (Centeno) es un joven con mucho arrastre que asumió la presidencia del patronato de Triunfo de la Cruz, y lo hizo en un contexto muy complicado, exigiendo públicamente el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH y el respeto de los territorios ancestrales y las áreas protegidas.
Sobre la Bahía de Tela hay grandes intereses. Son territorios codiciados y la sentencia de la CorteIDH afecta a gente poderosa, que pretende negar a las comunidades lo que les corresponde ancestralmente.
Además no se trata de un hecho aislado. Todo es parte de un plan, de un modelo acaparador y destructor. Mira lo que está pasando en estos días en Islas de la Bahía, en Roatán, donde pretenden desarrollar una Zona de empleo y desarrollo económico (Zede) a espaldas de las comunidades locales[1]. Mira lo que pasa en el sur del país.
Pero, pese a todo, seguimos en pie de lucha y no vamos a parar».
