Tegucigalpa.- Durante los actos de develación de una placa para honrar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que por décadas se cometieron en Unidad Metropolitana de Prevención #1 (UMEP-1), el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, reconoció la labor que por más de cuatro décadas ha realizado en el país el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“La Secretaría de Seguridad nos comprometemos a trabajar de manera conjunta con todas las instituciones del estado y con las organizaciones no gubernamentales que durante más de 30 años han trabajado solidariamente a favor de las víctimas de las liberaciones a los derechos humanos, asumiendo la representatividad de un sin número de personas, me refiero de manera especial al Cofadeh, que ha inspirado a muchos miembros de la sociedad civil a seguir sus pasos”, manifestó el ministro en su intervención.
El 30 de noviembre de 1982, doce familias de 69 que eran víctimas de la desaparición forzada, conforman el Cofadeh con el objetivo de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo; en la mayoría de ellos no se logró.
La UMEP-1, donde en la década de los años 80 funcionó la Dirección de Investigación Nacional (DIN), ha sido identificado por las víctimas y diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, como un espacio donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas en este lugar se realizaron en el marco de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los 80 y en el periodo del golpe de estado de 2009 hasta el año 2021.
Durante ese periodo, centenares de hondureños y extranjeros sufrieron persecución, amenazas, torturas y asesinatos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
En los actos de develación participaron la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez; la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, organización que representan a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en la década de los 80 con la implementación de la doctrina de seguridad nacional, y el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien inicio su discurso diciendo:
“A mí me trasladaron en el tiempo, a pesar de todo ese contexto histórico, nosotros hemos estudiado un poco la historia de la institución policial y su desarrollo, a través de esa historia, para nadie es desconocido que en las últimas décadas, para ser más específicos en la década de los ochentas, en Honduras hubo cientos de personas que fueron torturadas e incluso desaparecidas por los órganos de seguridad del Estado”.
Añadió que, de igual forma, se dieron una serie de violaciones a los derechos humanos en el periodo posterior el golpe de estado, perpetuado contra el presidente José Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Señaló, además, que después de 15 años del golpe y después de dos años y 7 meses el país está en un gobierno de transición, presidido por la primer mujer presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento.
“Como Secretaría de Seguridad y Policía Nacional reconocemos que toda transición requiere de cambios sustanciales en lo que las fuerzas de seguridad competen; en este caso, la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional estamos conscientes que en el pasado reciente ha existido muchas resistencia por parte de las fuerzas del orden para aceptar que efectivamente se cometieron diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos”.
Agregó en seguida que aunque no les llamo como tal, a los crímenes cometidos en la época de los años ochenta hasta la fecha, pido perdón por los mismos.
“Reconocemos los errores del pasado pedimos perdón y disculpas públicas con el propósito de reivindicar la dignidad de todas las personas que fueron víctimas del mal proceder de múltiples dichos errores”.
Así mismo reconoció que el propósito de instalar y develar esta placa en esta estación policial es para mantener viva la memoria de las víctimas y dar transparencia a los hechos que violentaron los derechos humanos.
“Esta acción visible de reconocer actuaciones indebidas denota una gran diferencia de los actores de las fuerzas del orden contra estos hechos de los ochentas y el periodo post golpe de estado”.
Añadió, además, que esas conductas no se repetirán bajo las nuevas reglas del gobierno democráticas de la presidenta iris Xiomara Castro Sarmiento, quien ha tenido bien la creación de instituciones, direcciones, espacios para la memoria histórica y la promoción, protección y garantías de los derechos humanos.
“Nos comprometemos ante el altar de la patria a capacitar y sensibilizar en cada momento para que se realicen las operaciones policiales de cualquier índole, con estricto respeto a los derechos humanos para que nunca más ningún miembro de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, pretenda justificar violaciones a los derechos humanos de la misma forma”.
Cabe señalar que en la placa que se instaló en la UMEP-1 se puede leer lo siguiente: “Este sitio ha sido identificado por las victimas y diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales como un espacio donde se perpetuaron graves violaciones a derechos humanos”.
En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, aplicada durante la década de 1980, y en el periodo del golpe de estado de 2009 hasta el año 2021, numerosas personas hondureñas y extranjeras sufrieron persecuciones amenazas, torturas y asesinatos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad del estado.
