Tegucigalpa.- El 6 de febrero de 2021, Keyla Martínez, estudiante de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue detenida junto al doctor Edgar Velázquez, por violentar el toque de queda impuesto para evitar la propagación del Covid-19 en el país, según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021.
En horas de la mañana del domingo 7 de febrero, la joven de 26 años fue encontrada sin vida dentro de su celda, en la Unidad Departamental de Policía número 10 de La Esperanza, Intibucá.
Por este hecho, fue detenido y acusado el agente de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los 13 policías mencionados en el caso.
El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque encontró culpable al agente Jarol Perdomo por haber incurrido en un homicidio imprudente, porque por su posición de garante, tuvo que estar alerta. El Tribunal condenó a Perdomo a solo cinco años de reclusión.
Ante esta resolución, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), constituido como acusador privado, presentó un recurso de casación.
La semana pasada se desarrolló una audiencia de nulidades que fue planteada por la defensa del agente de policía Jarol Perdomo, luego que fueran notificados para ser emplazados por el término de cinco días para personarse a la Secretaría de la Corte Suprema, esto es en relación al seguimiento de los recursos de casación que ambas partes interpusieron.
En la audiencia, la defensa argumentó de que ellos fueron notificados a través de un mensaje de WhatsApp y que el abogado que es parte de la defensa no descargó los auto resolutivos ni tampoco la notificación y que por eso ellos no se daban por notificados.
La abogada del área Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas, solicitó al tribunal que declare sin lugar las nulidades, que se prosiga con el proceso penal y que la defensa, reconozca, que fue un error de ellos o dejaron de hacer lo que correspondía y no se apersonaron en tiempo y forma, y dejaron que prescribiera el término.
“Esperamos que la Sala de lo Penal resuelva apegada a derecho, que, en este caso, declare que la defensa dejó prescribir el término y no se apersonó en legal y debida forma”, sostuvo la abogada Cárdenas.
La abogada Dora Oliva del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh, luego de ver el apoyo que le mostró el fiscal del Ministerio Público en dicha audiencia a la defensa, después de dejar vencer el termino y querer presentar nulidades ante el tribunal, denunció el contubernio que hay entre algunos espacios del del gobierno y del estado, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.
“En este caso, la abogada que presentó la nulidad es empleada de la Secretaría de Seguridad. No valoran, no miden el daño o todo lo que están ocasionando en el tema de justicia al país”, sostuvo la abogada Oliva.
Añadió que es lamentable y a la vez muy preocupante el comportamiento de jueces y de fiscales, cuando no valoran y no buscan una ruta, ni respetan la ley en el tema de derechos humanos.
En estos casos, una es una mujer joven que perdió la vida, que no tenía por qué estar en esa celda, desde ahí nos demuestra la deshumanización, la falta de profesionalismo, diría yo, con todo el respeto, porque son supuestamente abogados y abogadas, que deben de manejar los estándares mínimos, porque la vida del ser humano es el valor supremo de la sociedad y de un pueblo, finalizó diciendo.
