Tegucigalpa.- Esta semana las organizaciones nacionales e internacionales que conforman la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Honduras sostendrán una serie de reuniones con diversas instancias de gobierno y Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar que el Estado hondureño avance en el cumplimiento de las medidas de reparación de carácter estructural que han sido ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en las sentencias dictadas en su contra.
En el marco de estas actividades, la Mesa de Seguimiento presentó un pliego petitorio dirigido al gobierno que atiende las medidas dictadas por la Corte IDH en materia de personas defensoras de derechos humanos, derechos de la población LGBTIQ+, personas privadas de libertad, y derechos económicos sociales, culturales y ambientales, en particular en el marco de actividades pesqueras en la Moskitia hondureña.
Las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Honduras presentaron una serie de medidas pendientes de cumplimiento por parte del Estado hondureño.
Entre otras medidas, la Mesa ve con urgencia la aprobación e implementación de un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en aras de evitar que los actos cometidos contra personas defensoras no queden impunes.
En materia LGBTIQ+, la Mesa reconoció como indispensable que el Estado hondureños avance hacia la adopción de un sistema de diagnóstico, recopilación de datos y elaboración de estadísticas para prevenir y erradicar la violencia por razón de género. Así, como el cumplimiento de todas las medidas dictadas en la sentencia de Vicky Hernández y otros vs Honduras, en particular la necesidad de asegurar educación para personas trans, y favorecer condiciones para la igualdad de oportunidades para grupos sociales históricamente excluidos.
Ante un contexto crítico de la población penitenciaria, la Mesa reiteró la obligación del Estado de Honduras de diseñar un plan urgente para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario.
Con respecto al caso de buzos miskitos, la Mesa recordó que el Estado se comprometió a realizar un diagnóstico integral para identificar las causas estructurales de la problemática de la pesca submarina en la Moskitia, así como todas las barreras legales y administrativas que impiden que la actividad se lleve a cabo de manera digna, segura y respetando los derechos de los buzos y del pueblo miskito. Sostuvieron además que el caso de los Buzos Miskitos vs Honduras es un referente en la región para hablar de la responsabilidad empresarial en el respeto a los derechos humanos, así como el rol del Estado en la regulación, supervisión y fiscalización del desarrollo de proyectos en su territorio.
Finalmente, la Mesa de Seguimiento reconoció que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha marcado la pauta para atender las faltas estructurales que mantienen vigentes las violaciones a derechos humanos reconocidas en múltiples sentencias de la Corte Interamericana y apuestan por el diálogo plural, crítico y constructivo como vía fundamental para alcanzar los objetivos comunes.
Las organizaciones que conforman la Mesa esperan que el diálogo con el nuevo gobierno permita atender las recomendaciones estructurales y acercarse a una consolidación de un Estado de Derecho que asegure que los hechos como los que motivaron las sentencias de la Corte no vuelvan a repetirse y que los derechos humanos de todas las personas en Honduras sean garantizados.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Su objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
