Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
En este mes se juntan las deudas pendientes de parte del Estado para las víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos. Madres e hijos, a lo largo del tiempo, esperan justicia por los delitos que se han acobijado en la impunidad de los que han dirigido el Estado de Honduras.
El 11 de mayo de 2012 fueron asesinadas cuatro personas y siete resultaron heridas por fuego de ametralladoras M60, las balas mortales fueron disparadas supuestamente desde uno de los cuatro helicópteros de la Administración de Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos, que sobrevolaban el Río Patuca, en la Mosquitia hondureña, departamento de Gracias a Dios.
En horas de la noche, los pobladores abordaron un pipante (lancha), medio de transporte de la región, porque la vía de tránsito es el rio, y por las altas temperaturas no se puede viajar en el día. Allí perdieron la vida Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), Hasked Brooks Wood (14) y Emerson Martínez (22), sólo a este último las autoridades competentes reconocen como víctima de la masacre.
Cinco años después, el caso continúa en la impunidad, las víctimas y sus familiares mantienen las secuelas físicas y emocionales, interrogatoritos ilegales, la imposibilidad de trabajar como lo hacían antes y la desintegración familiar.
Ayer se recordó el 19 aniversario del asesinato del ambientalista Carlos Luna, quien exhortaba a todo el pueblo para que exigiera a los gobiernos una policía que controle el medio ambiente para que en existan casetas en las carreteras que impidan el tráfico ilegal de madera.
El 18 de mayo de 1998, en el momento en que el ambientalista Carlos Luna López salía de una sesión de la Corporación Municipal de Catacamas, Olancho, en compañía de la secretaria de la corporación y de un regidor municipal, se le aproximaron dos jóvenes y le dispararon. La bala que le produjo la muerte, impactó en su espalda, sin orificio de salida. En la investigación preliminar, se determinó como presunto autor material de los hechos a Oscar Aurelio Rodríguez Molina.
El 10 de octubre del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), declaró que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la violación del deber de la garantía del derecho a la vida del ambientalista. En el 2014, pidió perdón a sus familiares, pero no cumple con los procesos de investigación y castigo para los responsables.
Para la ocasión su hijo César Luna, señaló que “para nosotros es difícil recordar ese momento, por eso exigimos al Estado de Honduras que cumpla con la sentencia y proceda contra los responsables que siguen libres, porque nosotros seguimos sufriendo por la pérdida de nuestro padre y mientras haya impunidad seguirá este dolor”.
Ante la preocupación por el irrespeto a dichas disposiciones, el en julio del 2015 se conformó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Co-IDH, integrada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
El 24 de mayo de 1980, se registra una de las primeras víctimas de desaparición forzada, Estanislao Maradiaga Linares, documentado en el COFADEH como un soldado valiente y honesto dentro de las fuerzas Armadas de Honduras.
Originario de Choluteca, desempeñó importantes misiones en las fronteras marítimas y terrestres de Honduras, en defensa de la soberanía e integridad territorial. Después trabajó en el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), del cual fue miembro directivo de su Sindicato de Trabajadores, en la zona sur del país. Fue secuestrado por cinco hombres fuertemente armados, casi enfrente de su casa.
La próxima semana se cumplirá 37 años de su desaparición y su valiente familia, continua a la espera de saber ¿dónde está? Leonel Maradiaga, su sobrino, cada primer viernes del mes, está allí, sosteniendo la manta con el rostro de su tío, viene acompañado de un nietecito, ambos saben que la exigencia de justicia debe continuar, y traen consigo la fuerza de doña Dolores Maradiaga (foto de portada), una señora de avanzada edad que se movilizaba desde la comunidad de Yusguare, Choluteca, junto a su hija Josefina, madre de Leonel.
Desde la madrugada del 27 de mayo del 2012, se opacó la ilusión de la familia Cáceres Yánez, cuando desde una patrulla militar, tres miembros de las Fuerzas Armadas, asesinaron por la espalda al pequeño Ebed Jassiel, quien había salido de su casa a bordo de la motocicleta de su papá, e iba de regreso a casa en la colonia Villa Vieja, salida al oriente de Tegucigalpa.
Solo el sargento Eleazar Abimael Rodríguez fue acusado del crimen, por lo que guarda prisión, pese a que la Sala V de juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), determinó que fueron co-homicidas el sub teniente de la Fuerzas Especiales y jefe de la patrulla, Josué Antonio Sierra; y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez, en enero del año 2015. A estos últimos el Ministerio Publico sólo los acusó de los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, encubrimiento y falta a los deberes de los funcionarios. de estos delitos también se absolvió a Eleazar Abimael.
El padre de Ebed, Wilfredo Yánez, quien falleció el pasado 01 de septiembre, fue un incansable luchador para que se hiciera justicia, recabó evidencias, documentó el caso, identificó a los militares que estaban en el retén de la “Operación Relámpago”, con los solicitó audiencias al con altos mandos de los Operadores de Justicia y Gobierno, el día que solo sentenciaron a uno de los tres cohomicidas, expresó sentir como que habían vuelto a matar a su hijo.
Madres que se fueron esperando justicia
«No es el mÍo, pero mañana podrá ser mi hijo y otras personas los recogerán», es la frase con que se recuerda a la vice presidenta del COFADEH, Fidelina Borjas, quien hace ocho años, en medio de una depresión trascendió de esta vida.
La mañana del 06 de mayo del 2009, Fidelina Borjas, fue traída a Tegucigalpa desde Choluteca, con su deteriorado estado de salud, tras enfrentar una fuerte campaña de desprestigio contra la institución de la cual era cofundadora. Estuvo en cama varios meses, pero toda una vida de pie, luchando, exigiendo en las calles saber por el paradero de su hijo Samuel Pérez Borjas, detenido desaparecido en 1982, cuando ingresaba a Honduras.
La casa de doña Fide, tenía espacio para albergar a las madres que con sus pañuelos blancos llegaban a Tegucigalpa para buscar respuesta sobre el paradero de sus hijos, víctimas de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Entre ellas doña Lolita, madre de Estanislao Maradiaga, relató Nohemy Pérez, hermana de Samuel.
Y el 26 de mayo del 2015 Albertina Rodríguez, madre de Luisa Socorro, detenida desaparecida en 1984, también se despidió de esta lucha, en la cual cada año celebraba la vida de su hija. Pero su legado ha quedado en sus hijas, nietas y bisnietas, que cada primer viernes del mes están presentes en los plantones en la plaza de “Los Desaparecidos”, donde el mensaje no cambia, porque el Estado de Honduras no ha respondido a las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición.
