Por Riccy Ponce.
Trujillo, Colón.- Aún no había salido el sol, pero los campesinos salieron con sus machetes, sus cumbos de agua, rumbo a la finca El Tumbador, ubicaba en Trujillo, departamento de Colón, tierras que ya habían recuperado, por lo que nadie se imaginaba que guardias y militares les tenían una emboscada.
Sin mediar palabras los guardias y militares enviados por Miguel Facussé dispararon a mansalva a los campesinos, muriendo cinco de ellos y muchos resultaron heridos; también varias mujeres agredidas y amenazadas.
La masacre de El Tumbador como es nacional e internacionalmente conocida no solo dejó luto, dolor y llanto, también dejó hijos sin padre, incluso algunos de esos niños no los conocieron porque estaban recién nacidos.
Nueve años han trascurrido y las personas afectadas directa o indirectamente no han tenido justicia, no hay culpables juzgados por ese terrible ataque.
Ese 15 de noviembre de 2010 aún no amanecía, pero los campesinos recuerdan que el ataque duró aproximadamente una hora, a consecuencia de esto quedaron cinco viudas y sus hijos sin el sustento de sus hogares, por lo que las viudas tuvieron que trabajar en lo que encontraran para poder mantener a sus familias.
Algunos de los familiares aún conservan esas heridas y los recuerdos latentes de aquella fatídica mañana, cuando aún no salía el sol, y fue el día que los cinco campesinos ejecutados no lo volvieron a ver.
Sus familias guardan el recuerdo de sus seres queridos, y sobre todo la impunidad del caso que le recuerda que, para obtener justicia, hay que luchar por ella.
Para María Concepción Membreño, esposa de Teodoro Acosta, una de las personas asesinadas, la situación durante estos nueve años ha sido dura para ella, porque tuvo que arreglárselas para darles de comer a sus hijos, entre ellos un niño de 10 días de nacido en aquel entonces, ahora ya tiene 8 años.
“A él lo mataron en la finca El Tumbador los guardias de Miguel Facussé. Yo me siento mal con decirle que no quisiera ni recordar estas cosas, porque uno se pone mal. Para mi ha sido duro estos nueve años, yo quedé mal porque a raíz del embarazo, cuando el niño nació, yo tuve que hacer dietas y estar en reposo. Cuando el niño tenía 10 días de nacido mataron a mi esposo y me tuve que hacer cargo y ver la manera de mantener a toda mi familia, estando yo enferma”.
Membreño dijo a defensoresenlínea.com que “yo busco justica porque esta cosa no puede ser que queden así, yo estoy dispuesta hasta ir al final, hasta mirar resultado, hasta que se le haya hecho justicia”.
Teodoro Acosta dejó cuatro hijos, entre ellos un bebé de diez días de nacido, y a su esposa María Concepción, quien sostiene que desde que murió su compañero de hogar “yo me siento con un vacío que ya no es lo mismo”.
“Cuando él murió quedaron pequeños los cipotes y con ayuda logré sacarlos adelante, ahora ya trabajan, por la situación ninguno de mis hijos estudia, solo la niña es que estoy haciendo el intento, no es que le estoy dando una buena educación, pero algo es algo”.
“Ya los otros así se me quedaron porque ya no pude, tuvieron que trabajar porque no había de otra. El mayor quedó de 15 años, ahora ya tiene 26, el segundo tiene 20 y con lo que trabajan podemos medio vivir”.
Otras de las viudas de esa mañana de crueldad donde se derramó sangre campesina es Yuni Yudit Ordóñez Acosta, esposa de José Luis Salcedo, con quien había procreado un niño de tres años, al que ha podido sacar adelante con mucho esfuerzo y sacrificio.
“Yo exijo justicia, que esta muerte no se quede impune, estamos dispuestas a llegar a donde se pueda, porque aquí en Honduras han sido casos olvidados, como si fueran perros los que han muerto”.
Por su parte Guadalupe Gallardo esposa de Raúl Castillo asegura que en Honduras no hay justicia, ha acudido a la Fiscalía de Tocoa para conocer cómo va el caso, si ha avanzado algo, pero no ha tenido ninguna respuesta.
Ante esa negativa, señala Ordóñez, es que hemos acudido a pedir apoyo al COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras ), y desde entonces yo he mirado como se han estado movilizando para que el caso no quede impune, “es un gran apoyo que nos estén llevando ese caso”.
En la emboscada donde se atacó con brutalidad a los campesinos hubo también personas lesionadas, con graves secuelas, pero sobrevivieron para contarlo.
Francisco Ramírez es uno de esos sobrevivientes, recibió un impacto de bala en el rostro, en la parte derecha, saliéndole por el lado izquierdo, destruyendo toda la encía con la dentadura, por lo que tiene dificultad para comer bien.
Francisco coincide con las viudas al sostener que en Honduras no hay justicia y pide al Gobierno que tome en cuenta lo que sucedió el 15 de noviembre del 2010 en El Tumbador, donde cinco campesinos fueron asesinados y varios resultaron heridos, luego que militares, policías y guardias de seguridad les emboscaran.
El campesino recuerda que ese día ellos iban con la intención de dialogar con los guardias, cuando antes de llegar al portón, a unos diez metros antes de llegar a la entrada los guardias los esperaban, recibiendo al grupo de campesinos a tiros, dejando el sorpresivo ataque un saldo de cinco muertos y varios heridos.
Ante la impunidad que ha existido durante estos nueve años, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa el 31 de noviembre del año 2018.
Cabe señalar que el COFADEH acude periódicamente a la comunidad de Guadalupe Carney para analizar y coordinar actividades en torno al caso, y cada vez que se va a la zona se puede notar el color verde olivo, donde los militares cuidan, pero solo lo intereses de los ricos e intimidan a los campesinos.
“Cuándo se toma la decisión de los familiares de colocar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se busca aquí la posibilidad de castigar de enjuiciar y que debería también de asumir la parte de la reparación”, señaló la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva.
Asimismo indicó que cuando el Estado ha promovido a través de sus fuerzas policiales y militares reprimir, deja esas cantidades de familias en la terrible soledad, en la orfandad.
“Debe de ser un Estado reparador de sus hechos cometidos, so no lo hemos obtenido aquí, y no lo vamos a obtener, entonces tomamos la decisión de enviarlo ante el Sistema Internacional”, añadió.
El caso fue presentado ante la CIDH hace más de seis meses y se está a la espera que se le asigne número de admisión, pero se sigue trabajando en la recolección de información y testimonios para estar informando a la Comisión Interamericana cuando esta lo requiera.
“Este viaje que se realizó es parte de recolectar información, en qué condiciones están los familiares, si están todos, si viven aquí, si otros se han ido del país porque todo eso se genera en casos tan masivos como es El Tumbador, no siempre están en el mismo lugar, y eso hay que estarlo monitoreando y documentando para tenerlo listo cuando la Comisión empiece a requerir más información”, agregó.
Finalmente señaló que uno tiene que estar en esa relación permanente, no solo para motivarla si no para también darse cuenta del estado de deterioro en el que están, la disponibilidad y el coraje y la unificación del grupo.
Nueve años han pasado y las viudas y sobrevivientes de la finca El Tumbador no han encontrado justicia para sus familiares por el daño que les han hecho, y es por eso que con COFADEH buscan justicia para las víctimas a nivel internacional, ya que en el país no la han encontrado, porque el Estado se las ha negado.
