Tegucigalpa, Honduras.- Con discursos pre-elaborados y resultados en papel, el Estado de Honduras compareció de manera virtual en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este jueves 5 de noviembre.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en conferencia de prensa desarrollada el martes 3 de noviembre, expusieron sus preocupaciones frente a la situación de derechos humanos, previo a que el Estado se sometiera al EPU.
Entre la Comisión de alto nivel gubernamental, rindió informe Rolando Argueta, presidente del Poder Ejecutivo, expresando sobre acciones y leyes que han aprobado en los últimos cuatro años, sobre todo lo relacionado a la independencia judicial y acceso a la justicia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional diputado Marcos Velásquez, habló sobre leyes y aprobación de tratados como erradicación de uso de armas nucleares, ley de policía con enfoque comunitaria, ley para paternidad y maternidad responsable, Ley de Consulta Previa- Libre e Informada, ley contra violencia hacia la mujer, ley de auxilio al sector productivo en el marco de la pandemia por Covid-19, Ley de aceleración económica para la emergencia de Covid-19 y otras pandemias o desastres naturales, etc.
Estas declaraciones se hacen el día en que Honduras amaneció con las consecuencias por el Huracán Eta, sin ningún mecanismo de emergencia, mitigación o atención a medio millón de damnificados, porque el régimen de Juan Orlando Hernández estaba centrado en un periodo de vacaciones, pese a que la pandemia del COVID-19 no se ha controlado y cada día cobra más víctimas.
Continuó la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cuevas, ofreciendo cifras sobre asesoramiento, monitoreo y acompañamiento a víctimas de derechos humanos. Resaltó la creación de dicha Secretaría [que había sido degradada a subsecretaria]. Mencionó la aplicación de la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia. Prevención de discriminación contra la Comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), tratamiento a víctimas de contagio por COVID-19 en los centros penitenciaros, atención a migrantes retornados y búsqueda de migrantes desaparecidos, etc.
Las cifras mencionadas por Cuevas muestran los derechos humanos violentados, en el país donde siguen asesinando a ambientalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, periodistas, abogados y lideres políticos. Además, que el pueblo migra en masivos éxodos aun en medio de la pandemia por Coronavirus.
También compareció la ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Ana Aminta Madrid, mencionado que se ha fortalecido capacidades de policías y miliares en tema de género, la reducción de muertes violentas de mujeres y ataques sexuales.
Alejandra Hernández, sub secretaria de Estado en el despacho de prevención en la Secretaria de Seguridad, afirmó que, hay una reducción en la tasa de homicidios y la creación de una escuela policial de investigación, reducción y control de uso de armas. La participación de la policía militar ha colaborado a la reducción de índice de violencia, además la capacitación a empresas de seguridad privada, y 28 mil policías están capacitados en el uso excesivo de la fuerza.
Loany Alvarado, sub directora general de Fiscales, hizo énfasis en el trato a los empleados, y afirmó un mejoramiento en la lucha contra la impunidad y con el catálogo más amplio de delitos se da mejor atención a derechos humanos violentados como la desaparición forzada. Expuso la creación de la Fiscalía Especial de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la creación de la Unidad especial contra redes de corrupción (UFERCO) con sentencias condenatorias y absolutorias.
En su informe más estadístico, la representante del Ministerio Público se refirió a la cantidad de fiscales empleados, casos y denuncias atendidas, que en la mayoría no han sido investigadas, como la muerte de defensores de derechos humanos y periodistas.
Honduras ha adoptado una agenda de desarrollo 2030, declaró Carlos Madero, secretario de Estado y coordinador general de Gobierno, extendiendo acciones de desarrollo social y económico a futuro. Y afirmó que la se esfuerzan por reducir el índice de pobreza y pobreza extrema. Mientras miles de personas esperaban sobre los techos de sus casas ser recatadas por la inundación al paso de la tormenta tropical Eta, en la zona sur del país, haciendo contraste a lo que planteó el funcionario público.
Mencionó logros del programa gubernamental para generar empleos beneficiando a un millón y medio de personas y creación de proyecto de ley de Trabajo Doméstico. Sin embargo, la pandemia del Coronavirus que mantiene en confinamiento segmentando al país desde marzo pasado, dejó a medio millón de personas desempleadas, sin contra con los sub empleos.
En cuanto al sistema de salud, afirmó la dotación de equipo y el funcionamiento de 1652 unidades de salud a nivel nacional y la ampliación de tres hospitales, triajes y equipo de bioseguridad. Pero, con la pandemia, el régimen se agenció unos cien mil millones de lempiras, supuestamente para construcción de 96 hospitales, la compra de siete hospitales móviles, contratación de personal médico, mostrando pocos resultados, falta de medicamentos, confinamiento de pacientes y muerte de médicos por covid-19, según el Colegio Médico de Honduras (CMH) por falta de equipo de bioseguridad, la población se pregunta ¿Dónde está el dinero?
Zoyla Cruz, ministra de Protección Social, afirmó que los programas que dirige han beneficiado a la asistencia de salud de la población menor de cinco años, y más acceso a la educación para niñez escolar, apoyándose con el programa gubernamental “Bono vida mejor”.
Concluidas las comparecencias, los representantes de los Estados del mundo «felicitaron» al Estado de Honduras por las recomendaciones adoptadas de las 151 anteriores, como la creación de Secretaría de DDHH (misma que Juan Hernández había degradado en su gobierno anterior), apoyo a Mujeres, adoptación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, combatir la explotación sexual y otras que mencionaron en sus discursos ya escritos los empleados del régimen de Juan Orlando Hernández. pero, hicieron recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para la redacción del informe entre el 9 y 10 de noviembre, y su presentación final el 20 de este mes.
Alemania lamentó tener que repetir algunas recomendaciones que ya se hicieron en 2015, como los relacionados al combate contra la corrupción, protección a defensores de derechos humanos y periodistas, acceso a la salud y derechos de los privados de libertad.
Entre las recomendaciones están las siguientes:
- Llevar a cabo investigaciones por violaciones a Derechos Humanos, ejecutados por las fuerzas de seguridad pública, incluidos actos de tortura y, que exista reparación para las víctimas.
- Intensificar acciones que den respuesta a casos desapariciones forzadas de defensores de ddhh.
- Adoptar medidas concretas para la protección de defensores de ddhh y periodistas, que se aplique la debida justicia a los responsables.
- Que se respete el derecho a los periodistas y su labor informativa, fortalecer la libertad de expresión y reunión.
- Financiar programas para poner fin a la intimidación contra defensores de ddhh, periodistas, indígenas y campesinos.
- Velar por la protección de las manifestaciones pacíficas.
- Reforzar capacidades para evitar que niños y jóvenes sean víctimas de narcotráfico.
- Que se fortalezcan leyes en favor de la comunidad LGTBI.
- Se levante la prohibición de los anticonceptivos de emergencia.
- Que se despenalice el aborto, incluso por violación sexual.
- Que se mejore la educación sexual y acceso a anticonceptivos.
- Adoptar medidas que favorezca la igualdad de género.
- Que exista más espacios para velar por los derechos de las mujeres.
- Que refuercen acciones para prevenir la violencia doméstica.
- Que acabe la violencia contra las mujeres y niñas.
- Que rindan cuenta los responsables de la violencia de género.
- Ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW.
- Fortalecer la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres.
- Que cese el estereotipo y estigma contra la población indígena y afrodescendiente.
- Que exista mejor respuesta en seguridad alimentaria y nutrición infantil, que sea inclusivo.
- Que continúen acciones en favor de la niñez.
- Fortalecer educación para niños con discapacidad.
- Inclusión en el sistema educativo a personas de pueblos originarios, afrohondureños y con discapacidad.
- Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento de niños/as y protegerlos de grupos organizados, delictivos y armados.
- Disponibilidad de atención médica gratuita para toda la población.
- Mayor presupuesto para pago de docentes y que la mayoría de niños y niñas tengan acceso a la educación pública y educación multicultural.
- Fomentar la educación intercultural bilingüe.
- Combatir el trabajo forzado y explotación sexual.
- Adoptar protocolo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio C189-OIT sobre trabajadores domésticos.
- Aprobar programas para niños y hombres jóvenes referentes a nuevas masculinidades.
- Aprobar leyes que regulen las compañías de seguridad privada.
- Promover diálogo entre Estado y Sociedad Civil para temas de derechos humanos.
- Revisión de formulaciones ambiguas en el «Nuevo» Código Penal.
- Continúen poniendo en práctica programas de rendición de cuentas de forma transparente.
- Realizar un plan nacional para combatir la pobreza, especialmente de la población rural.
- Continuar esfuerzos para la independencia del Poder Judicial.
- Fortalecer programas de desarrollo humano (emprendeduría), pequeña y micro empresa para grupos vulnerables.
- Tomar medidas contra la corrupción.
- Aprobar políticas de respeto a las creencias religiosas, especialmente con grupos minoritarios.
- Aplicación de políticas públicas para combatir el racismo y explotación sexual.
- Seguir con el registro de nacimiento en todo el país.
- Mayor oportunidad para la juventud.
- Respuesta al impacto inmediato sobre la pandemia por Covid-19.
- Firma del acuerdo de Escazú, con respecto a los defensores del ambiente.
- Justicia para las víctimas del Golpe de Estado de 2009, que castigue a los responsables.
- Justicia para la defensora Berta Cáceres, asesinada en 2016.
- Continúen acciones para el respeto a los derechos de los migrantes retornados.
- Garantizar acceso a agua potable a toda la población.
Finalmente, la designada presidencial María Antonia Rivera, con un discurso leído afirmó que tendrán en cuenta y prestaran atención a las recomendaciones emitidas este 5 de noviembre. Refirió que es necesaria la participación intersectorial, empresa privada, sociedad civil y quienes ejercen la labor de defensa de derechos humanos.
