Tegucigalpa.- A la edad de 13 años Margarita Pineda inicia su lucha por la defensa de los derechos humanos, cuando acompañaba a su madre a las reuniones que realizaba la Pastoral Social de la Iglesia a través de Carita.
En 1985 se organiza en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), cuando esta fue creada para lucha por la distribución justa de la tierra.
Desde entonces no ha parado en la lucha por la defensa de la tierra, territorio y derechos humanos.
Se casó y tuvo hijos, y el formar su familia no fue obstáculo para continuar en la lucha.
Nació Marcala departamento de La Paz y actualmente reside en el municipio de San José, siempre en ese departamento. Es miembra de la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL–Paz), que conformara el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en el departamento de La Paz.
Para Margarita “es una lucha que no ha sido fácil, he visto morir muchos compañeros, como Berta Cáceres, a quien acompañé desde 1993 cuando surge el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), yo fui una de las que estuve ahí. Caminé con Berta hasta el golpe de estado”.
Su lucha en La Paz comenzó en los años 80, como defensoras de derechos humanos, tierra y territorio, y como pueblo indígena está en la defensa del agua y bienes comunes.
Pero esta labor que realiza no es fácil, trae complicaciones y conflicto, e incluso hasta problemas familiares porque el peligro es latente.
“No es fácil por la intimidación y judicialización. En mi caso yo estoy amenazada a muerte por personas desconocidas que dicen que yo me opongo a los proyectos de desarrollo, que soy un obstáculo para ellos”, cuenta Margarita.
Dice que eso lo hacen para que ellas bajen la lucha, pero que esas intimidaciones no van con ella, porque ella sigue trabajando en las comunidades organizándolas y que siguen luchando con una organización más amplia a nivel departamental y a nivel nacional, como son las redes de defensoras y defensores.
Cuenta que los territorios indígenas están concesionados a tiempo indefinidos, unos para mineras, otros para eólicas, otras para hidroeléctricas, y que los proyectos en sí no sean malos, sino la forma como lo hacen, no consultan a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169, del que Honduras es ratificante.
“Se hacen las cosas de una manera ilegal y eso es lo que nos trae conflicto, porque entran a los territorios en una manera inconsulta, no hay un estudio de impacto, lo social que las empresas tienen el compromiso de hacer con las comunidades no hay”.
Es clara al señalar que con la pandemia los proyectos avanzaron y que la lucha se paró un poco por el miedo que metieron las autoridades al manifestar que la gente se moriría si se infectaba.
“Los proyectos en algún momento durante la pandemia avanzaron porque no podíamos hacer movimientos, no podíamos hacer manifestaciones, no podíamos reunirnos, se nos atemorizó de que nos íbamos a morir si nos infectábamos, entonces se aprovechó ese espacio de la pandemia para desmovilizarnos en algún momento, pero ya despertamos y seguimos aquí”.
Es consciente que la lucha se pone más fuerte, pero con la llegada de Xiomara Casto a la presidencia existe un poco de esperanza y espera que la presidenta cumpla su promesa que hizo sobre los pueblos afectados para la liberación de sus territorios.
“Ahorita en el departamento de La Paz estamos pidiendo que se derogue el decreto Legislativo que da en concesión Los Jilgueros, donde nueve municipios son los afectados y estamos haciendo la lucha y ya hemos traído la documentación, y tenemos el apoyo de algunos ministerios para ver si es factible”, sostiene Margarita Pineda.
Señala que en la lucha el mismo sistema los tiene un poco dividido, donde unas halan apara un lado y otras para otro lado, “pero la gente que estamos por principios y valores, estamos ahí”.
El riesgo es latente
En reiteradas ocasiones Margarita ha denunciado una serie de amenazas en su contra por el trabajo que realiza en la defensa del territorio y los bienes comunes en el departamento de La Paz.
“Yo he estado siendo víctima de amenazas, puse la denuncia en la DPI (Dirección Policial de Investigaciones). El riesgo es latente. Se han metido a mi casa, se han llevado mis plantas, me rompieron la llave del agua potable, han hecho disparos aquí cerca de mi casa, por personas desconocidas que andan por ahí”, manifestó muy preocupada.
“Solo nombraron a un policía que tiene que darme protección, pero no he tenido ninguna respuesta por parte de la DPI que fue donde puse la denuncia, no he tenido ninguna respuesta hasta ahora, nada. Ahí estamos a la voluntad de Dios y soy de las personas que dice nada sucede si Dios no lo permite”.
En el corredor de su vivienda dejaron un papel manuscrito que decía: “nosotros los empresarios emos tomando un acuerdo que si seguis destu destruyendo los acuerdo empresarios te mandaremos a quitar del camino por tanto daño que los has echo los as denunciado en varios proyecto ya sabemos que caminas solo y que estas en esa organización de milpa ya sabes lo que pasa en el jicaro oteva de los otros sapos”.
“La lucha no va a parar, hasta que muera. Estoy convencida que si nosotros no hacemos la lucha, quien la va hacer. Y ahí estamos organizando y organizando. En mi municipio tenemos alrededor de 35 grupos campesinos. Cada día sobrevivimos, ahí estamos, es un compromiso, y como defensora de derechos humanos es un reto, porque es imposible realizar nuestro sueño, como un día apuntamos ser libre, usar nuestro espacio, nuestro territorio, pero la lucha sigue”.
Sostiene que “la muerte de Berta (Cáceres) fue algo que nos afectó, nos paralizó en algún momento, y mucha gente se nos retiró de la organización. Y la muerte de Víctor Vásquez nos vino afectar más, donde dijimos no vale la pena luchar. Hay muchas experiencias muy dolorosas, pero ni modo. Ya sabemos que aquí en esta lucha es vencer o morir, pero la cosa es no desistir”.
Siguen el ejemplo
A pesar que le aconsejan que se retire de la lucha porque cada día es más peligrosa para defender los derechos humanos, los hijos de Margarita siguen su ejemplo, también ellos son defensores de la tierra, el territorio y la vida, nos cuenta.
“Mis hijos e hijas se preocupan. Me dicen, principalmente ahorita que de febrero para acá he tenido amenazas a muerte, salite de ahí, no estés ahí, son ellos en que algún momento me apoyan”.
El trabajo de defensoría es un voluntariado, nos confiesa, que requiere recurso para movilizarse a las comunidades, para estar en organización, y yo no trabajo, pero mis hijos e hijas me apoyan en eso.
Nos dice que los hijos le expresan que “ya es tiempo que no salgas, mirá lo peligroso que se ha vuelto, pero yo siento que el compromiso que tengo con mi pueblo, yo voy a seguir. Pero sí, ellos me apoyan”.
