Tegucigalpa.- El maderero Nery Roberto Murillo Montalván, amparado en conexiones políticas y con la desidia mostrada por las autoridades del actual régimen, ha procedido a ampliar arbitrariamente sus tierras, amparado en un título supletorio y ha colocado un punto de control con hombres fuertemente armados que cierran el paso de servidumbre a los habitantes de las comunidades de Cuaca y San Antonio, en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho.
Los abusos cometidos por este explotador de los bosques de Gualaco han colmado la paciencia de los habitantes de la comunidad de Cuaca, quienes por más de 200 años han utilizado el “paso de servidumbre” sin tener que rendir cuentas a nadie.
En una circular emitida por Forestal M.T. S de RL de C.V y por Resinas Naturales y Exportaciones (RESINEX), empresas propiedad del maderero Nery Roberto Murillo Montalván, se comunicó a los vecinos que habitan en las comunidades de la zona, así como a transeúntes y propietarios de tierras colindantes, que deben solicitar un “permiso de tránsito”.
“A partir del 1 de febrero de 2021 para poder hacer uso y transitar por la carretera de nuestras propiedades, deberán solicitar la respectiva ´servidumbre de tránsito´ (permiso de paso) ante las oficinas de la Sociedad Forestal MT ubicadas en el municipio de San Francisco de La Paz, Olancho”.
La circular advierte que: “Toda persona que no cuente con el debido permiso autorizado, no podrá transitar por dicha carretera”.
Hombres armados de la empresa Forestal M.T. S de RL de C.V bloquean la carretera con una cadena y piden los nombres y razones por las cuales, las personas transitan por dicha zona. Un video enviado a www.defensoresenlinea.com muestra la acción arbitraria que se comete sin que las autoridades edilicias o la Policía Nacional, intervengan con dicha acción abusiva y perjudicial para la comunidades de Cuaca y San Antonio.
Los vecinos también han reportado que los guardias de seguridad de dicha compañía, patrullan y merodean en vehículos todo-terreno el caserío de Cuaca, creando temor y zozobra entre los habitantes.
Consultado al respecto, el profesor Rafael Ulloa, defensor de los derechos humanos y ex alcalde del municipio de Gualaco, a quien el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), le ha brindado acompañamiento durante todos estos años, dijo que tras el retén que el maderero ha instalado arbitrariamente en el paso de servidumbre, hay unas 12 comunidades que se ven afectadas.
“Todo el que pase por ahí tiene que tener un carnet, tiene que firmar una nota, y uno no sabe para qué está firmando esa nota porque él (Nery Roberto Murillo Montalván) se supone que está ampliando el título”.
El profesor Ulloa se refiere a un título supletorio con el que, el maderero, estaría modificando y ampliando la posesión de sus propiedades, pese a que las tierras habitadas por las comunidad de Cuaca son de carácter nacional, y han estado bajo su posesión desde hace siglos, tiempo a través del cual han utilizado la carretera o “paso de servidumbre” para dirigirse sin problemas hacia sus casas.
Ese paso de servidumbre “era un camino antiguo de más de 300 años y a finales de los años 90’s la comunidad obtuvo un permiso para construir la carretera con fondos de las comunidades y de la municipalidad”.
El profesor Rafael Ulloa habla con propiedad y con conocimiento de causa, ya que fue alcalde del municipio de Gualaco, en el período 1998-2002.
“Entonces esa calle no la hizo él (el maderero), sino que se hizo con fondos de la comunidad y fondos de la municipalidad. Nosotros tenemos la evidencia y la persona que anduvo chequeando las obras, está vivo, y él dice que puede atestiguar que él no hizo la carretera”, afirmó el ex alcalde Ulloa.
La comunidad de Cuaca pertenece a la aldea San Antonio que está conformada por unos 15 caseríos. De hecho es una de las aldeas más grandes del municipio de Gualaco, en el departamento de Olancho.
Cuaca se encuentra al norte de Gualaco y colinda con áreas de los departamentos de Yoro y Colón y además forma parte de la reserva de la montaña Botaderos, rebautizada con el nombre de “Parque Nacional Carlos Escaleras”, una reserva biológica amenazada por el aumento de las concesiones mineras impulsadas por los regímenes nacionalistas; que se hicieron con el control de Honduras, después del golpe de estado de 2009.
Los habitantes de la comunidad de Cuaca se dedican a la agricultura, con la siembra de maíz y frijoles, al cultivo de café y en los últimos años, otras familias viven de la crianza de ganado.
“Así que este señor Nery Murillo, es un maderero que arruinó junto con el señor Noriega y destruyó todos los bosques de Gualaco, y arrasó con los bosques de pino que existían y además hoy, es un gran ganadero”, afirmó Ulloa.
Ulloa indicó que Nery Murillo, oriundo de San Francisco de La Paz (Olancho) desde los años 90, ha extendido sus tentáculos y que ahora controla grandes extensiones de tierra, con haciendas en San Esteban, Olancho, en el departamento de Colón y hasta en la zona de la Mosquitia.
“Este señor supuestamente compró un derecho de tierra ahí que era de un señor Santiago Ulloa, pariente de nosotros que por cierto cuando yo estuve en la alcaldía de Gualaco, no pudo sacar ni un palo, porque ese título sabía que era un título falso, entonces se enemistó conmigo porque no le dimos una nota catastral y por eso no pudo cortar ni un tan solo árbol”, comentó.
Ulloa dijo que ahora Nery Murillo, está despojando a la gente, “porque éste señor está ampliando su título, ahorita va a llegar hasta el río Guaca y el río Aguacatal. De igual manera el río San Antonio, que es el que abastece a la aldea; y ahorita está amenazando a la población, poniendo una cadena y cerrando el paso a los habitantes.”
“Tratan de tener el control con las tarjetas de identidad para después hacer y deshacer en contra de la comunidad”, denunció el profesor Rafael Ulloa.
Habitantes de la zona afirmaron que a pesar de que la compañía Forestal M.T. S de RL de C.V estaría realizando trabajos de resinería en la actualidad, lo que existe en el fondo, es la intención de extraer minerales a medida que se acercan a la Montaña Botaderos (Parque Nacional Carlos Escaleras), lo que generaría un conflicto más, como el que experimenta la comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, donde 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, permanecen privados de libertad por oponerse a un proyecto minero que dejaría sin agua a sus habitantes.
“Ellos empezaron sacando la madera, ahorita lo que están haciendo es sacando resina de los últimos palos que habían quedado, pero el objetivo principal es la minería, porque toda esa zona del Parque Nacional Carlos Escaleras, desde El Naranjal hasta Los Encuentros de Río de Oro, tiene minas tanto de oro como de hierro. Y eso es lo que está buscando”, advirtió el defensor de derechos humanos.
Por su parte el agricultor y líder comunitario Elvin Munguía dijo a www.defensoresenlinea.com que sus ancestros han vivido durante décadas en Cuaca, “así que es toda una descendencia de más de 150 años la que tenemos en San Antonio de la cual forma parte Cuaca”.
Munguía indicó que el maderero Nery Murillo cuenta con un título supletorio desde el gobierno del ex presidente Rafael Leonardo Callejas y que en la actualidad “él está impidiendo el paso por un camino que conducía de todo este sector abajo desde San Francisco, Gualaco, San Esteban y todo este sector de estos valles hacia Colón, por donde transportaban ganado y mercancías.
“Es un camino antiguo que existe desde hace 250 años, entonces ahí están siendo afectadas parte de las comunidades que no estaban dentro del título que él tenía, porque cada vez lo ha ampliado, lo va ampliando más, y nosotros lo que tememos es que él vaya buscando los minerales después de que ya se robó todo el bosque de pino”, comentó el líder comunitario.
Munguía aseguró que el maderero luego de colocar una cadena que impide el paso vehicular, se ha dado a la tarea de intimidar a las personas a través de sus guardias armados.
“Así como está el país, las leyes le dan prioridad al mejor postor. Hace 3 meses él ha intimidado gente, ha mandado a amenazar gente, diciéndoles que les iba a tumbar las casas a los que no se salieran de su propiedad, a alguna gente le cobraba, a otros les pedía firmas, pero la gente dejó pasar un tiempo para no firmarle. Así que hasta el momento no ha habido nada que lamentar. Pero, sí esta gente que el mantiene como guardias, al principio sí estuvieron amenazando gente”, denunció.
Todas las denuncias que el caserío de Guaca ha interpuesto ante la Fiscalía y ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Gualaco, por daños provocados a los humedales que brindan agua a Cuaca, por los cortes excesivos de madera, no han encontrado respuestas satisfactorias para la comunidad de San Antonio.
La Fiscalía se ha dedicado a trasladar las denuncias de una oficia a otra hasta llegar a la Fiscalía de las Etnias, en Tegucigalpa, quien conoció sobre las amenazas de desalojo vertidas por el maderero, pero tampoco ha habido respuesta.
Munguía señaló que tanto las fiscalías locales del ambiente de Gualaco y Catacamas, así como la Fiscalía de las Etnias, han actuado con mucha lentitud y hasta tolerantes frente a los abusos, porque han transcurrido 3 meses sin llamar la atención a Nery Murillo, “quien dice que esta resinando pero en un bosque totalmente joven, no apto para resinar, eso cualquier forestal lo sabe”.
“Lo que él quiere es que la gente reaccione frente a las amenazas y las intimidaciones de sus guardias, para enjuiciar a las personas que nos movemos para recuperar las tierras. Entonces veo muy lento el actuar de las fiscalías”, sostuvo Munguía.
Los habitantes de Cuaca afirmaron que el maderero Nery Murillo ha contado con la protección de influyentes políticos del partido Nacional, entre ellos, Reynaldo Sánchez y el propio jefe del actual régimen, Juan Orlando Hernández.
En febrero de 2020, Murillo Montalván promovió en los tribunales, una querella por los delitos de injuria y calumnia en contra de los ambientalistas Iván Juárez y Meregildo Guillén.
Iván Juárez y Meregildo Guillén se habían presentado ante el Ministerio Público (MP) para solicitar que se investigara un corte de madera que se estaba practicando en Cuaca.
La Fiscalía, en lugar de dar curso a la denuncia, comunicó la acción interpuesta al maderero, quien procedió judicialmente en contra de los denunciantes.
El maderero, sintiéndose afectado por la denuncia, acusó a los dos ambientalistas de los delitos de injurias y calumnias, quienes habían ejercido su legítimo derecho de pedir al Ministerio Público una investigación por el corte de madera que perjudicaría directamente a la comunidad, ya que el mismo se estaba realizando en cercanías a una fuente de agua.
El área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), asumió la defensa de los ambientalistas, a través de la abogada Karol Cárdenas.
Fue así como a mediados de febrero de 2020, el Tribunal de Sentencias de Juticalpa, Olancho, en audiencia de excepciones y nulidades dictó sobreseimiento definitivo a los ambientalistas de la comunidad de Cuaca, ubicada en el municipio de Gualaco, quienes habían sido querellados por Nery Roberto Murillo Montalván por los delitos de injuria y calumnias en su contra.
Consultada por el periódico digital www.defensoresenlinea.com, la abogada Karol Cárdenas expresó en aquel momento que “el Tribunal decretó con lugar las excepciones y nulidades planteadas por esta defensa, las que consistían en excepciones, por falta de acción, ya que no se tuvo que promover ni perseguir”.
Cárdenas indicó que frente a la querella, el COFADEH argumentó que en ningún momento Iván Juárez y Meregildo Guillén, “cometieron ese delito, en virtud de que ellos solo ejercieron su derecho Constitucional, que es el derecho a la petición, mismo que realizaron a través de una denuncia que interpusieron en el Ministerio Público, quien es el ente investigador, tal como lo establece el Código Procesal Penal, y fue lo que hicieron nuestros representados”.
La profesional del derecho expresó que los ambientalistas acudieron a esa instancia nacional solicitando que realizara una investigación sobre la comisión de delitos que en este caso, es la tala ilegal de los bosques, ya que ellos como comunidad de Cuaca son los afectados directamente.
Finalmente Cárdenas dijo que los ambientalistas no incurrieron en injurias o calumnias pues no hicieron uso de medios de comunicación para señalar al maderero, sino que, por el contrario, utilizaron su derecho constitucional como ciudadanos, para interponer una denuncia ante un ente investigador, como es el Ministerio Público (MP).
En las redes sociales, las comunidades indígenas de Cuaca, el Aguacatal, Lagunitas y zonas aledañas de la aldea San Antonio, difundieron un comunicado en el que expresaron que: “Nery Roberto Murillo Montalván ha venido a alterar la paz de la zona, tratando de interrumpir la carretera que da a las comunidades, poniendo personas fuertemente armadas en operativos, para obligar a las personas a solicitar un permiso de paso; alegando que la carretera es privada”.
