Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de la lideresa indígena lenca, Bertha Cáceres, asesinadael 2 de marzo de 2016, dijo a www.defensoresenlinea.com que la justicia real por este crimen, pasa por la cancelación definitiva de las operaciones de DESA, la captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales y el desmontaje de una red de corrupción involucrada en el proyecto extractivo.
El portavoz de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor en conferencia de prensa brindada el jueves 13 de marzo en esta capital, anunció que luego de un análisis de hechos y sobre los aspectos jurídicos aplicables, asumirá en conjunto con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la investigación de los aspectos de corrupción vinculados a los contratos y concesiones del proyecto energético Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) , que fueron denunciados oportunamente por la ambientalista y lídereresa indígena Berta Cáceres.
Los indicios existentes de posibles hechos de corrupción vinculados al crimen de Berta Cáceres justifican que la MACCIH participe integrando un equipo especial con el Ministerio Público de Honduras, informó el vocero de la MACCIH.
“Esta denuncia que nosotros interpusimos ante la MACCIH fue interpuesta también ante el Ministerio Público de manera formal hace un par de meses, creemos que la MACCIH tiene el deber de hacer las investigaciones debidas y tenemos que mencionar que el embajador Jiménez Mayor se ha mostrado anuente a escuchar a las víctimas en este caso”, comentó Olivia Marcela.
En dicha denuncia se incluyó el informe “Hechos y Circunstancias alrededor del asesinato de Bertha Cáceres. En busca de los autores intelectuales”.
Jiménez Mayor señaló que existen una serie de hechos que investigar acerca de la forma en que se otorgó un contrato para la concesión de una obra millonaria a una empresa (Desarrollos Energéticos SA – DESA), constituida originalmente con poco más de mil dólares. El diplomático agregó, que la investigación, además, deberá examinar minuciosamente si estos contratos se otorgaron contando con las licencias ambientales o estudio respecto de la titulación de las tierras.
Jiménez Mayor argumentó que es necesario investigar los procedimientos administrativos que llevaron al otorgamiento de las licencias correspondientes y verificar los posibles ilícitos penales que los funcionarios públicos y los representantes de la empresa DESA podrían haber cometido.
“Fíjense ustedes como esta empresa ha venido en el tiempo incrementando su capital social, desde que fue creada en 2009 hasta febrero de 2014, pasó de 25 mil lempiras a 381 millones de lempiras”, comentó Jiménez Mayor.
Y añadió que “nosotros estamos considerando la importancia de analizar la legitimidad de estos aportes, la legitimidad de estos fondos de aumento de capital de la empresa para ver si hay un tema ilegal vinculado por cierto, al lavado de activos, no estamos prejuzgando simplemente estamos en una hipótesis de trabajo porque nos sorprende muchísimo el crecimiento de una empresa en estos términos”.
Jiménez Mayor explicó que todos estos contratos se realizaron sin que exista la licencia ambiental, que es un requisito para que pueda existir. La hipótesis de la investigación es cómo se puede otorgar una concesión sin que se haya hecho un estudio sobre el impacto ambiental de ese proyecto.
Trascendió que los delitos que la MACCIH estaría investigando sobre el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, figuran el abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, en los que estarían vinculados altos funcionarios.
“Aparte de estos delitos mencionados, por supuesto el asesinato de mi mami Bertha Cáceres va a seguir siendo investigado de parte del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero también hay que mencionar que acompañará la investigación, a petición de la familia, la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural, porque esta fiscalía había sido sacada de la investigación a los 2 días de la muerte de mi madre”, detalló Olivia Marcela.
A la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural no se le ha dado el papel que nosotros exigíamos que tuviera, por tratarse de un crimen de odio, de un crimen político, por una lucha de nuestros pueblos y además porque nosotras nos hemos auxiliado de ese ente del estado para recibir acompañamiento como pueblos indígenas, explicó la también lideresa de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) y candidata a diputada por el departamento de Intibucá por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) que conforma la Alianza de Oposición.
“Nos parece que la abogada Yani del Cid es una fiscal muy capaz que ha tenido toda la intención y toda la voluntad de apoyar a las víctimas, sin embargo no se le ha permitido, entonces a la MACCIH le hicimos esa solicitud y nosotras esperamos como se nos ha prometido; iniciar este proceso investigativo”, apuntó la entrevistada
Por el crimen de Bertha Cáceres guardan prisión Oscar Aroldo Torres, Henry Javier Hernández, Elvin Heriberto Rápalo, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.
Tras ser divulgadas las declaraciones del vocero de la MACCIH, la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) y la Hidroeléctrica Agua Zarca emitieron un comunicado para señalar que ha cumplido con las leyes hondureñas y rechazó en forma categórica cualquier presunción o señalamiento que diga lo contrario.
DESA informó que la empresa fue constituida con un capital inicial que cumple con el mínimo establecido en el Código de Comercio de Honduras y que dicho capital fue incrementándose de acuerdo a los requerimientos de dicha empresa a través de mecanismos totalmente legales y éticos.
DESA aseguró que ha seguido con todos los procedimientos establecidos en la ley para obtener la licencia ambiental y que sí realizó consultas al pueblo lenca amparándose en la Ley de Municipalidades sobre el proyecto hidroeléctrico que ejecuta.
En torno a la consulta previa, libre e informada que establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), DESA sostiene que no existe en Honduras un reglamento en Honduras para su aplicación, y que por tal motivo el mecanismo de consulta que se utilizó fue en base a la figura de cabildo abierto que establece la Ley de Municipalidades.
“DESA y Agua Zarca niegan categóricamente cualquier vinculación con cualquier acto de violencia en contra de cualquier persona. Como ya se ha mencionado DESA y Agua Zarca son iniciativas que respetan ante todo la vida de las personas y trabajan plenamente apegados a lo que establece la ley hondureña, lo cual aplica a todos sus procesos operativos”, señala el comunicado.
Olivia Marcela Zúniga Cáceres: “…La justicia real pasa por cancelar de manera definitiva e inmediata la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca…”
Y refiriéndose a lo expresado por Juan Jiménez Mayor, portavoz de la MACCIH, el comunicado establece que “estas presunciones representan un serio daño a la honorabilidad y reputación de los socios de DESA y Agua Zarca, para lo cual solicitamos una disculpa pública que contribuya en parte a solventar el daño ya efectuado…”
En torno al comunicado emitido por la empresa DESA, Olivia Marcela expresó que “DESA ha iniciado un nuevo ataque contra nosotras, es una nueva fase, ha incrementado la agresividad, ha incrementado el riesgo, que para nosotras significa ganar pequeñas batallas que son victorias después de una lucha de tanto dolor, tan larga y además estando conscientes de que las vidas no se reponen, son irreparables”.
“Es cierto que los proyectos extractivistas de estas empresas con financiamiento internacional o nacional pueden reparar los daños al nivel que los causan, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, donde las empresas tienen la obligación de hacer reparación de daños, pero en este caso creemos que las vidas que se han perdido son irreparables, porque no solo es la vida de Bertha Cáceres, son las vidas de muchas personas del pueblo lenca que han defendido la Madre Tierra, que han sido defensores y defensoras de la vida”, detalló Olivia Marcela Zúniga Cáceres.
Nunca más vamos a volver a ver a nuestra madre, nunca más vamos a poder estar con ella, abrazarla, sin embargo eso significa ganar una victoria porque la lucha ha sido ardua y sostenida de manera permanente y podríamos decir que la medida de DESA de suspender operaciones, es un arma de doble filo.
Porque el hecho de que se suspenda o que se cancele temporalmente el proyecto y que la banca internacional anuncie de manera pública y oficial el retiro definitivo de su financiamiento, también implica un mayor riesgo para las víctimas directas, en este caso nosotras que estamos denunciando este asesinato.
“Porque DESA sacó un comunicado prácticamente incentivando a la confrontación entre hermanos lencas, es decir que a ellos no les interesa ni la vida de las personas a las que supuestamente apoyan este proyecto y peor la vida de nosotros, porque al final los grandes beneficios económicos son para los accionistas de esta empresa,” aseguró Olivia Marcela.
Nosotras vamos a continuar la lucha, esa lucha apenas está iniciando, vamos por el castigo por todos los autores intelectuales con todo el peso de la ley, pero aclarando que como no somos asesinos, no somos igual que ellos y no tenemos las manos llenas de sangre, no pedimos venganza; lo que queremos es justicia, enfatizó la lideresa de la CINPH.
“La justicia real pasa por cancelar de manera definitiva e inmediata la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que sigue activo y que sigue operando en nuestro país y que amenaza con volverse a reactivar. Nosotras reafirmamos nuestra voluntad plena de luchar inclaudicablemente y de manera firme hasta la muerte; en contra de este proyecto. No vamos a permitir que este proyecto se imponga en nuestro pueblo”, advirtió Olivia Marcela.
La hija mayor de Bertha Cáceres sostuvo que el anuncio de DESA de que desarrolla proyectos de beneficio social a más de mil indígenas lencas es una falacia, porque lo que ha traído el proyecto ha sido la división entre hermanos y el choque entre familias.
“Es el momento para dar la batalla ante el Congreso Nacional, porque es ahí donde debe apuntar nuestra próxima batalla, para luchar para la cancelación de esa concesión, que es un proyecto de muerte, un proyecto de terror y también en la búsqueda de la justicia que debe pasar por el castigo a los autores intelectuales, porque no hay líneas de investigación contra la Junta Directiva de DESA y mencionar que aquí no solo están funcionarios públicos del Estado vinculados al asesinato, sino toda una red de corrupción que nosotras hemos denunciado.
