Tegucigalpa.
Una comisión internacional contra la corrupción en Honduras condenó este miércoles un reciente cambio legislativo que bloquea todas las investigaciones por corrupción política de una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La misión en Honduras dice que el cambio obstaculizaría varias las investigaciones en curso y que, posiblemente, permitirá que funcionarios públicos encarcelados impugnen sus condenas.
En un comunicado aseguraron que las reformas del 18 de enero requieren que todo el gasto público de los últimos tres años sea evaluado por el Tribunal de Cuentas del país. En consecuencia, no se puede tomar ninguna acción judicial, civil o penal por los gastos efectuados en ese tiempo, lo que congelaría el caso presentado por los fiscales hondureños en diciembre. En él argumentan que, presuntamente, se transfirió dinero público a las cuentas bancarias de cinco legisladores.
«Lo que sucedió es muy grave», dijo Juan Jiménez, ex primer ministro peruano que encabeza la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que pidió que se deje trabajar a los investigadores. En su declaración a los medios, catalogó a la nueva ley como un «pacto de impunidad».
Jiménez exigió que el Congreso derogara esta ley y pidió que el gobierno explicara «cómo es posible que emitan una norma que busca impunidad para personas que saben que están siendo investigadas».
Reveló que la misión obtuvo los documentos para sustentar su denuncia tras una operación judicial el 29 de noviembre a las cuentas financieras de 60 ex miembros del Congreso que recibieron fondos públicos. Entre los investigados está la primera dama, Ana García de Hernández, y el presidente del Congreso.
La nueva ley viola el acuerdo internacional que estableció la misión de la OEA tras un escándalo masivo relacionado con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, dijo Jiménez, agregando que no se puede confiar en que el Tribunal de Cuentas maneje los casos al carecer de independencia política.
«Vinimos aquí para hacer un trabajo serio (…) pero eso no es posible si no hay reglas claras para investigar», dijo visiblemente molesto.
Continuó describiendo el presunto mal uso de los fondos por parte del Congreso a través de cuentas diseñadas para proyectos sociales. «Esta ha sido una manera de drenar el dinero público (…) un sistema operativo para desviar fondos estatales que terminan en los bolsillos de los miembros del Congreso para que los usen, no para proyectos, sino para sus propios bolsillos», dijo. «Que bueno sería que fondos del Estado estuvieran destinados a programas sociales en un país con 60% de pobreza como Honduras. Pero no, desafortunadamente, la clase política se llevó los fondos de manera particular».
La noticia generó reacciones. Entre ellas la de la embajada de Estados Unidos en Honduras: «Esta acción es un retroceso monumental en la lucha contra la corrupción», dijo Chrgé Heide Fulton, encargada de la sede diplomática.
